El Gobierno oficializó un nuevo paso en la desregulación del Estado al fijar los criterios que los organismos deben seguir para considerar alguna legislación como obsoleta, redundante o que "impide la libre iniciativa privada".
A través de un decreto, el Ejecutivo fijó los criterios que los organismos deben seguir para considerar alguna legislación como obsoleta, redundante o que "impide la libre iniciativa privada".
El Gobierno oficializó un nuevo paso en la desregulación del Estado al fijar los criterios que los organismos deben seguir para considerar alguna legislación como obsoleta, redundante o que "impide la libre iniciativa privada".
La medida, que había sido anunciada la semana pasada bajo el nombre de "Burocracia Cero", se formalizó a través del Decreto 90/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Dentro de los 30 días, todas las jurisdicciones y entidades del sector público deberán realizar un relevamiento de leyes y normas que "obstaculicen la libre competencia" para derogarlas.
El proceso estará a cargo de la cartera que conduce Sturzenegger y establece los criterios para la derogación o modificación de las normas: aquellas "cuyo objeto se encuentre cumplido o su plazo haya vencido", las que resulten "obsoletas o redundantes", las que regulen "trámites o registros innecesarios", que generan "un sobrecosto en el sector productivo o escasez de bienes y servicios sin justificación en un interés público suficiente" y que impliquen "la constitución de un monopolio artificial o barreras de entrada en actividades en las que es posible la libre competencia".
También serán objeto de análisis aquella normativa que establezca "restricciones a la oferta de bienes y servicios, distorsiona los precios de mercado, impide la libre iniciativa privada o entorpece la interacción espontánea de la oferta y de la demanda".
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado señaló en su cuenta de X que el decreto "nos da un plazo de 30 días para revisar leyes y decretos con el fin de impulsar los cambios necesarios a fin de acelerar la desregulación y aprovechar la ventana de delegación legislativa otorgada por el Congreso en la Ley Bases".
"¿Cómo será el proceso? Por un lado, los ministerios van a revisar las leyes de su área, un trabajo abarcable y rápido. Por otro lado les presentaremos los 4.200 decretos 'vivos' (del stock de 70.000) depurados. La idea en todo el ejercicio es seguir el lema de Elon Musk: 'the best part is no part' (la mejor pieza es que no haya pieza). Por eso el análisis de la normativa no es necesariamente para 'simplificar lo que está' sino para preguntarse '¿para qué está esta norma? ¿La necesitamos? Y si la necesitamos ¿podemos escribirla focalizando solo en lo que se busca?'", continuó.
Además, "en paralelo estamos trabajando con la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo y la Secretaría Legal y Técnica para ver cómo abordar un tema más interesante todavía: el armado de los digestos normativos de cada área, para que las normas estatales estén claras y sean fácilmente accesibles". "Grant Gillmore decía: 'cuanta más leyes menos justicia, en el infierno solo hay leyes'", concluyó.