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El Ejecutivo implementó cambios en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y estableció que "la imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal" de los menores.