Personas con discapacidad, familiares y trabajadores de la salud se movilizaron en todo el país para reclamar la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad,
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a manifestaciones en varios puntos exigiendo la sanción de la norma que finalmente se aprobó este jueves en el Senado.
Personas con discapacidad, familiares y trabajadores de la salud se movilizaron en todo el país para reclamar la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad,
El proyecto convertido este jueves en norma por unanimidad del Senado, era impulsado por organizaciones sociales y apunta a garantizar derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad, en un contexto de recortes y demoras en los pagos.
Bajo la consigna “¡Todos unidos por la Emergencia en Discapacidad!”, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a movilizarse y suspender actividades a partir de las 11, frente al Congreso de la Nación y en diferentes puntos del país.
"La Ley de Emergencia es una herramienta urgente para garantizar la continuidad de las prestaciones, actualizar aranceles, frenar la quita arbitraria de pensiones y declarar la emergencia del sistema, en un contexto donde más de 250.000 personas con discapacidad y 150.000 trabajadores y trabajadoras se ven afectados por la desfinanciación y el incumplimiento del Estado", destacó la organización a través de un comunicado.
En la Plaza Congreso, un desmedido operativo policial, con vallados y fuerte presencia de efectivos, comprimió el espacio de los manifestantes. Uno de ellos, un padre de dos chicos con autismo de Lomas de Zamora, contó al cronista de C5N Bernardo Magnago que "los recortes afectan mucho, corre en riesgo el tratamiento de la discapacidad, con salarios bajos, retardo en los pagos, hay gente que hace seis meses que no cobra".
"Mi hijo tiene síndrome de Asperger y soy docente de la Escuela Redondel", contó una mujer. "El recorte nos afecta como familia y como docentes, por los pagos, las obras sociales. Se recortan terapias que las familias y los chicos necesitan. Las obras sociales no están pagando las psicólogas. Él va a una escuela convencional, si la obra social no paga el acompañante, yo no puedo pagarlo de mi bolsillo. Es muy difícil poder costear. No cobro pensión", relató.
Mar del Plata también fue escenario de una manifestación. Jimena Paternoster habló con Clara, madre de un niño de 12 años con parálisis cerebral. "Es triste lo que nos está pasando, simplemente queremos mantener su calidad de vida con terapias, el centro donde él asiste, el transporte porque se maneja con silla. Los transportistas están cobrando hasta ocho meses tarde, no cubren ni el combustible. No se puede comprar ni un kilo de carne con lo que cobra un acompañante terapéutico. Trabajan sin saber si a fin de mes van a cobrar el sueldo", describió.
"Si se van sus acompañantes me quedo sola, a lucharla. La salud pública para discapacidad no da abasto. Fonoaudióloga, terapista ocupacional, kinesiología. Recurrimos a los centros a los que el Estado debe garantizar el pago. Es un derecho adquirido, algo que debe ser garantizado", agregó.
"Este movimiento es por los prestadores pero la gente por ahí no sabe que ellos, que podrían seguir trabajando en forma privada, ayudan a un montón de gente. Sin ellos, muchas vidas se complicarían. Hace cinco años no podía caminar ni hablar y gracias a la kinesióloga, la terapista, pude hablar y moverme por mis propios medios. Vi nenes chiquitos que se arrastraban y ahora pueden caminar", expresó Fran, un hombre con discapacidad.
En Bariloche, en tanto, la marcha se convocó frente al Hospital Zonal. Luciana Avilés habló con Fabián, quien contó: "Soy pensionado no contributivo, tengo diabetes, estoy quedando ciego, me operaron del corazón y no puedo trabajar. Los médicos de cabecera no nos quieren dar los certificados y no podemos recibir los medicamentos. Esto está hecho para que perdamos la pensión y todos los derechos que teníamos hasta ahora. Queremos que esto se acabe, es una decisión política".
Declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 en un escenario en el que el colectivo se ha visto duramente afectado por medidas del Gobierno.
La propuesta contempla: