Emergencia en discapacidad: "Cada institución que se pierde, es un derecho que se desvanece"

“No somos idiotas, no somos imbéciles, somos personas con derechos”, decía un cartel frente al Congreso en una de las movilizaciones más numerosas que el colectivo de discapacidad haya tenido en los últimos años. La protesta no fue aislada: fue el grito de un sistema en alerta. Prestadores desfinanciados, terapias interrumpidas, hogares cerrando y familias desesperadas forman hoy un escenario crítico que se intenta visibilizar con fuerza en todo el país.

El conflicto se agudizó tras la Resolución 187/2025 emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad, que reintrodujo terminología médica arcaica y ofensiva —como “idiota” o “débiles mentales”— para definir el acceso a pensiones. La medida fue finalmente derogada por el repudio social y político, pero dejó al descubierto una política pública que para muchos está siendo desmantelada.

En ese contexto, la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya cuenta con media sanción en Diputados, busca restituir derechos y garantizar la continuidad de las prestaciones. Laura Lavega, referente de la Red de Prestadores de la provincia de Buenos Aires, destaca la importancia de esta norma y su impacto directo: “Es un proyecto que pone en valor los derechos de las Personas con Discapacidad, respeta la Convención Internacional, cuida el rol del prestador y solicita una recomposición arancelaria que le permita seguir trabajando”.

La ley, además, contempla que las pensiones no contributivas puedan ser compatibles con el trabajo formal y propone mecanismos de actualización por inflación, algo esencial en un contexto de crisis inflacionaria. Según Lavega, la aplicación efectiva de esta norma significaría que personas con discapacidad no pierdan sus tratamientos ni sus sistemas de apoyo, mientras que las instituciones podrían seguir funcionando.

Hoy, la realidad que describe es grave: “Hay baja en la calidad alimentaria, recorte en traslados, reducción de horas profesionales, actividades canceladas y, finalmente, el cierre. Antes de eso, ya acumulan deudas imposibles con cargas sociales y sindicatos”.

Pero no todo es retroceso. Desde la Provincia de Buenos Aires, se gestan avances que podrían aliviar parte de la presión. La clave, según Lavega, está en la adhesión provincial a la Ley Nacional 24.901, que garantizaría que IOMA —la obra social de los trabajadores bonaerenses— pague a valor nomenclador, algo que hoy no sucede.

“Estamos trabajando con la Provincia para que se apruebe esa adhesión. IOMA ya expresó su disposición a hacer el esfuerzo económico. Eso implicaría un verdadero desahogo para cientos de instituciones”, asegura. Lavega destaca que hay una mesa de diálogo activa con el gobierno bonaerense, y que el enfoque es distinto al nacional:

“Para la Provincia, la discapacidad es un derecho; para Nación, somos un gasto a eliminar en nombre del equilibrio fiscal”, sentencia.

“Institución que cierra, no vuelve a abrir. Muchos hogares tienen una planta laboral que duplica la cantidad de residentes. Sin financiamiento, no solo peligra el tratamiento: también el empleo de miles de personas”, explica.

En un escenario ideal, propone no solo adecuar aranceles, sino también ofrecer líneas de crédito o subsidios para que las instituciones puedan categorizarse y entrar al Registro Único de Prestadores. “Eso permitiría federalizar las prestaciones y que todos tengamos las mismas oportunidades”, concluye.

Para seguir de cerca las novedades sobre el trabajo territorial de los prestadores pueden hacerlo a través del perfil de la Red de Prestadores de Discapacidad Agrupados de la provincia de Buenos Aires en Instagram @rpda.buenosaires, o el perfil personal de Laura Lavega, @lauralavega, donde comparte información clave, convocatorias y avances del sector.

*Por Candela Pérez