Discapacidad en emergencia: avance institucional y compromiso desde la Provincia de Buenos Aires

La convocatoria fue impulsada por organizaciones referentes del ámbito de la discapacidad, entre ellas RPDA, el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), APRESDI (Asociación de prestadores), Igualar Argentina, TPcD, y FAPAD. Estas entidades vienen denunciando el deterioro sostenido del sistema de prestaciones, la demora en pagos, y la falta de respuestas concretas que garanticen derechos básicos para miles de personas en todo el país.

El encuentro fue encabezado por el Dr. Jonathan Konfino, Subsecretario de Políticas de Cuidado en Salud, y la Lic. Lourdes Farías, Directora Provincial de Acceso e Inclusión en Salud. Ambos funcionarios manifestaron una clara predisposición al diálogo, y confirmaron una de las noticias más esperadas: la Provincia de Buenos Aires cuenta con media sanción para adherir a la Ley Nacional 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación para personas con discapacidad. Además, se adelantó que se trabajará para implementar también la Ley 26.816, que impulsa el Régimen de Empleo Protegido para personas con discapacidad.

El contexto nacional suma incertidumbre. Aunque el avance legislativo es una buena noticia, crece la preocupación por la posibilidad de que el Gobierno nacional vete la ley. Algunas señales del Ejecutivo y discursos recientes sembraron dudas sobre su compromiso con el financiamiento de este sistema, lo que generó alerta entre asociaciones, familias y prestadores.

“Una ley sin presupuesto ni voluntad política es solo un papel. Necesitamos garantías de cumplimiento efectivo”, alertaron desde RPDA (Red de Prestadores).

Un sector golpeado que exige políticas sostenidas

En Argentina, se estima que más del 10% de la población vive con algún tipo de discapacidad, según datos del INDEC. Sin embargo, los mecanismos de inclusión laboral, accesibilidad, cobertura de tratamientos y asistencia integral siguen siendo fragmentarios, insuficientes o directamente ausentes. Durante los últimos años, el sector ha sufrido recortes, burocracia y una creciente precarización que afecta tanto a personas con discapacidad como a prestadores y familias.

Desde las organizaciones presentes, celebraron la predisposición del Gobierno bonaerense a trabajar de forma articulada, destacando el compromiso de abrir una mesa intersectorial y promover soluciones que sanen el sistema de manera estructural. En ese sentido, también se subrayó que desde IOMA —la obra social de los empleados públicos de la provincia— se está avanzando en mecanismos de mejora y fortalecimiento del sector.

“Es un paso importante, pero no suficiente. Necesitamos transformaciones reales, sostenidas y con presupuesto”, remarcaron desde RPDA, una de las entidades convocantes.

El objetivo central del encuentro del 4 de Julio, fue articular una mesa de trabajo estable que permita abordar la emergencia actual con propuestas concretas, garantizando sostenibilidad en el acceso a prestaciones, rehabilitación y empleo digno. En ese marco, las organizaciones participantes trabajan en un proyecto integral que busca modernizar los sistemas de gestión, mejorar las condiciones laborales de prestadores y asegurar el financiamiento adecuado del sector.

La visión a futuro compartida durante la reunión plantea una Provincia comprometida en saldar la deuda histórica con la discapacidad, y se destacó la colaboración activa de IOMA, que también está desarrollando herramientas para acompañar al sector y brindar respuestas efectivas.

Las entidades celebraron el espacio de diálogo y el reconocimiento institucional del problema, pero advirtieron que el seguimiento y la voluntad política sostenida serán fundamentales para transformar las palabras en políticas públicas reales. Mientras tanto, las familias, trabajadores y prestadores siguen reclamando respuestas urgentes en un sistema que aún hoy opera en condiciones críticas.

Por Candela Perez.