EEUU respalda a la Argentina en el caso YPF: el Departamento de Justicia apoyó suspender la entrega de acciones

El Gobierno argentino recibió un nuevo y significativo respaldo en el litigio por la expropiación de YPF: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoyó su solicitud de suspensión de la orden que obliga al país a entregar acciones de la petrolera estatal, dictada el pasado 30 de junio por la jueza neoyorquina Loretta Preska.

Este pronunciamiento se suma al respaldo que el mismo organismo había expresado en noviembre de 2024, cuando presentó una declaración ante la magistrada defendiendo la posición argentina, contraria a la ejecución inmediata de la sentencia.

La continuidad de ese respaldo, ahora renovado en la etapa crítica de cumplimiento de la orden, refuerza los argumentos del Estado argentino y busca evitar un perjuicio mayor mientras se resuelven recursos pendientes.

La postura favorable de Washington no debe ser subestimada. En 2019, bajo los gobiernos de Mauricio Macri y Donald Trump, el mismo Departamento de Justicia se había pronunciado en contra de Argentina cuando la Corte Suprema le solicitó opinión sobre la inmunidad de jurisdicción. En ese entonces, la administración estadounidense se presentó como amicus curiae y recomendó desestimar los argumentos de Buenos Aires.

La causa por la expropiación de YPF continúa en tribunales estadounidenses, pero el respaldo del Departamento de Justicia representa un elemento de peso en la defensa argentina y podría influir en el desenlace del caso.

La jueza Preska había fallado a favor de los fondos buitre en contra de la Argentina

La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido del Estado argentino para suspender la orden que lo obliga a transferir el 51% de las acciones de YPF.

La magistrada comunicó su decisión catorce días después de emitir la orden original. En un duro escrito de cuatro páginas, argumentó que la Argentina no cumplió con las condiciones que ella misma impuso para conceder una suspensión previa.

“La República continúa la demora y la elusión de sus obligaciones en virtud de la sentencia no suspendida”, afirmó Preska. La jueza recordó que el tribunal otorgó una suspensión anterior sin la necesidad de una fianza, pero bajo dos condiciones: que el país solicitara una revisión acelerada en la apelación y que presentara una garantía mínima.

En su fallo, la magistrada añadió: “La República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por satisfacer las condiciones requeridas por el Tribunal”. Concluyó que cualquier perjuicio que el país alegue surge directamente de sus propias acciones para retrasar el proceso.