Nuevo revés para el oficialismo: dictamen opositor por universidades y salarios docentes

La oposición volvió a firmar un dictamen conjunto en el plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para llevar al recinto el proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y recomposición del salario docente. Tal como ocurrió más temprano con la emergencia pediátrica y el Hospital Garrahan, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el bloque de Innovación alcanzaron un despacho de mayoría con 49 firmas.

Durante el debate estuvieron presentes rectores nucleados en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), en una nueva escena de presión institucional al oficialismo. Aunque aún no hay una convocatoria formal para tratar los proyectos emplazados la semana pasada —tras la maniobra de La Libertad Avanza de no convocar a Presupuesto, presidida por José Luis Espert—, fuentes parlamentarias señalan que se pediría una sesión para la última semana de julio o la primera de agosto.

El proyecto consensuado por la oposición contempla una recomposición presupuestaria ajustada por IPC que repare la pérdida de 2024 y garantice una actualización bimestral en 2025. También incluye la convocatoria a una paritaria nacional con aumentos remunerativos y bonificables.

Además, se propone actualizar automáticamente por inflación las becas estudiantiles (como Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras), y se refuerza el rol de la Auditoría General de la Nación para realizar un control externo de las universidades de gestión estatal. Según el texto, la AGN deberá remitir de forma inmediata al Congreso los informes con las observaciones y un plan de seguimiento.

Por fuera del dictamen de mayoría, también se firmaron despachos propios: uno del radicalismo liderado por Rodrigo de Loredo, otro de la izquierda, y uno de Martín Arjol (Liga del Interior), quien había sido clave para blindar el veto presidencial en el tratamiento anterior, pero que en la última sesión acompañó el emplazamiento junto a Mariano Campero. La Libertad Avanza, por su parte, presentó un dictamen de rechazo.

Aún no hay una estimación oficial del costo fiscal del proyecto por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso, aunque ese punto sigue siendo el principal argumento del gobierno nacional para anticipar un veto.

La sesión para tratar el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica se haría, en principio, la semana del 30 de julio. Aunque la intención opositora es avanzar “lo antes posible”, el paro de aeronáuticos de la semana próxima y el receso invernal en varias provincias dificultan la convocatoria. Esa fecha aparece como una opción viable ya que, para entonces, solo estará en receso la Ciudad de Buenos Aires.