Las leyes sancionadas el último jueves en el Senado —que establecen un aumento de jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad— todavía no fueron giradas al Ejecutivo desde el Congreso. Esto significa que aún no comenzó a correr el plazo de 10 días hábiles que tiene el presidente Javier Milei para vetarlas, tal como anunció en varias oportunidades.
Luego de ser sancionadas, las leyes deben atravesar un proceso administrativo: se revisan, reordenan, protocolarizan y, finalmente, deben ser firmadas por los presidentes de ambas cámaras. Solo entonces pueden ser enviadas al Ejecutivo. Este trámite, en general, demora entre 48 y 72 horas, aunque depende de la cantidad de normas, su extensión y del apuro —o la falta de él— por parte del oficialismo para avanzar.
La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, ya cumplió con su parte. La demora para el envío de los textos al Ejecutivo proviene ahora de la Cámara de Diputados. Su titular, Martín Menem, aún no emitió su firma. Por esa razón, el reloj para el eventual veto todavía no empezó a correr.
Desde el entorno del riojano explicaron a C5N que el proceso parlamentario está demorado debido a un chequeo “exhaustivo” que busca evitar errores en los textos. Además, aclararon que se trata de tres leyes distintas y no de una sola norma, lo que exige mayor revisión.
Sin embargo, el contexto político permite leer la jugada en clave estratégica. El oficialismo sufrió una dura derrota legislativa el jueves pasado, con la caída de seis votaciones consecutivas. En ese escenario de debilidad, la demora de Menem alimenta suspicacias: cuanto más se estire el envío de los textos, más se corre también el calendario de un eventual rechazo al veto.
Si se cumple el cronograma que manejan cerca de Menem —firma entre este viernes y el próximo lunes—, Milei tendría tiempo hasta el viernes 1 de agosto para publicar el veto en el Boletín Oficial. De ser así, la oposición recién podría pedir una sesión para insistir con las leyes (para lo cual necesita dos tercios de los votos) en la semana del 4 al 8 de agosto.
Guillermo Francos y Martín Menem
Todo indica que el presidente de la Cámara baja busca ganar tiempo. De esa manera, se asegura varios días más para intentar una negociación con aliados o exaliados antes de que llegue el momento de una nueva votación en el recinto. El antecedente inmediato está en los “87 héroes” que blindaron al Gobierno en 2024.
Además, esa demora podría hacer coincidir una eventual sesión con el calendario del cierre de listas a nivel nacional. Esa proximidad temporal le daría al oficialismo una carta de negociación adicional con aquellas provincias que aún evalúan una alianza con La Libertad Avanza de cara a octubre.
Mientras tanto, los proyectos impulsados por los gobernadores —que obtuvieron media sanción en la última sesión del Senado y que están vinculados al reparto de los ATN y al Impuesto a los Combustibles Líquidos— ya fueron recibidos por Diputados. En las próximas semanas serán girados a las comisiones para su tratamiento, en lo que aparece como otra señal del cambio de estrategia de La Libertad Avanza en el Congreso.
Según fuentes del oficialismo en la Cámara baja, José Luis Espert no mantendrá cerrada la Comisión de Presupuesto y Hacienda, como venía haciendo, sino que convocará para debatir los proyectos de los mandatarios provinciales. Lo mismo hará la libertaria Lorena Villaverde, que preside la Comisión de Energía y Combustibles.
Como el próximo 21 de julio comienza el receso invernal en el Congreso, lo más probable es que esas convocatorias tengan lugar tras su finalización, a comienzos de agosto.
Desde Unión por la Patria intentaron en los últimos días impulsar una sesión para la próxima semana con el objetivo de tratar los proyectos de los gobernadores y reunir los dos tercios necesarios, tal como se logró en el Senado. Sin embargo, esa posibilidad perdió fuerza con el correr de los días: los números no alcanzarían para abrir el recinto durante el receso. La intención del peronismo era, precisamente, apurar la sanción definitiva de esos proyectos para evitar que su tratamiento se superponga con el cierre de listas.
Pese a todo, en el oficialismo son optimistas. Confían en que, con más tiempo y con mucho trabajo, podrán negociar y conseguir los votos necesarios para blindar el veto presidencial.