En el avance del juicio por la expropiación de YPF en la justicia de Nueva York, Argentina efectuó dos nuevas presentaciones formales ante la jueza Loretta Preska, reclamando una reconsideración y aclaración de las órdenes dictadas durante la audiencia de discovery del pasado 29 de julio.
La primera presentación busca una audiencia para presentar una moción de reconsideración de aquella orden que requiere que la República Argentina recopile y presente comunicaciones, como mensajes de email, WhatsApp y Signal, almacenadas en los dispositivos personales de varios funcionarios y exfuncionarios.
Según el Estado argentino, el tribunal pasó por alto un principio fundamental del derecho estadounidense: solo pueden ser objeto de discovery los documentos en “posesión, custodia o control” del requerido. Argentina insistió en que no tiene control legal sobre dispositivos privados, que son propiedad inviolable conforme al derecho nacional.
“El gobierno no tiene capacidad legal para acceder a esos dispositivos”, sostiene el escrito. Por esto, se solicitó que se reconsidere la orden, alegando que no se demostró el requisito de control exigido por la normativa federal.
La segunda presentación pidió una audiencia preliminar para una moción de aclaración o reconsideración respecto de otra parte de la orden: la que impide al Estado argentino oponerse a peticiones de discovery posteriores al fallo final, incluso si esas peticiones no guardan relación con activos ejecutables.
La República remarca que el tribunal no aplicó el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso NMLCapital, que estableció que solo los activos que puedan ser ejecutados deben estar sujetos al discovery. Permitir solicitudes irrestrictas sería contrario a ese criterio y podría derivar en abusos.
Argentina solicitó una aclaración urgente para encauzar el proceso y evitar un discovery desmedido, que podría obstaculizar las negociaciones y exceder los límites legales establecidos. En caso contrario, pidió formalmente que se reconsidere la orden completa.
Estas presentaciones se suman a los reclamos que Argentina ya había formulado respecto a la orden que requiere la entrega del 51% accionario de YPF, dictada por Preska el 30 de junio pasado como parte del pago de una condena por USD16100 millones impuesta en septiembre de 2023.
Con estas nuevas mociones, la República busca proteger su soberanía de datos y patrimonio estatal, al tiempo que busca acotar los alcances del discovery en el proceso en curso.