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El Ejecutivo redefinió los alcances de los pedidos de parte de la ciudadanía y estableció que "deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público".
El expresidente había intentado que la denuncia de Fabiola Yañez se mude a los juzgados de San Isidro, requerimiento que fue denegado por la Cámara Federal. Así, el caso seguirá a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González.
