La Cancillería brasileña se manifestó contra las declaraciones realizadas por la Casa Blanca, en el marco del proceso judicial contra el expresidente.
Los mandatarios continúan con su rispidez.
El Gobierno de Brasil, que lidera Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó las declaraciones que realizó la Casa Blanca de Estados Unidos sobre el proceso que lleva adelante la Corte Suprema contra el expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en enero de 2023.
El mandatario estadounidense, Donald Trump, había amenazado al país sudamericano con aplicar aranceles del 50% a todos los productos brasileños debido a que asegura que lleva adelante una "caza de brujas" contra el exjefe de Estado brasileño.
La Cancillería de Brasil expuso su malestar por las declaraciones del dirigente republicano, funcionarios de la Embajada norteamericana y del Departamento de Estado a través de la publicación de un documento: "Tales manifestaciones no coinciden con los 200 años de respeto y amistad entre los dos países".
"Brasil está negociando con las autoridades estadounidenses, desde marzo, cuestiones relativas a los aranceles", aclaró el Ministerio de Relaciones Exteriores, que expuso que se trata de un asunto "de interés mutuo" para alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas economías.
Por lo pronto, el propio mandatario brasileño había aclarado que si Trump tomaba la decisión de aumentar el porcentaje de impuestos, él haría lo mismo: "Si nos cobra el 50%, le cobraremos el 50%. A Brasil se lo respeta".
La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil le pidió a la Corte Suprema que condene al expresidente Jair Bolsonaro, a quien acusó de ser el "líder de la organización criminal" detrás del intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva que ocurrió el 8 de enero de 2023.
Según el fiscal general, Paulo Gonet, Bolsonaro encabezó un plan "deliberado" para "atacar las instituciones públicas" y evitar el traspaso de poder tras la derrota en las elecciones de 2022. En ese contexto, contó con el respaldo de funcionarios y representantes de las Fuerzas Armadas para "propagar narrativas falsas".
La PGR pidió que el exmandatario y otros siete colaboradores sean condenados por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, daños a la propiedad pública y deterioro del patrimonio.
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