Las redadas de inmigración impulsadas por la administración de Donald Trump en California —en el marco de la llamada Operación Safeguard— vaciaron negocios como restaurantes y tiendas, y sembraron temor entre familias inmigrantes, que evitan salir y cancelar eventos por temor a detenciones
En Los Ángeles, el restaurante Hector’s Mariscos opera a menos del 30% de su aforo habitual: “No lo había visto así desde la época de la Covid”, observa su gerente, Lorena Marín, mientras insta a sus clientes vía mensajes a volver, según revela un artículo de El País en conjunto con Puente News Collaborative.
Las redadas también alcanzaron a personas con estatus legal e incluso a ciudadanos naturalizados, generando una gran incertidumbre laboral en sectores como la agricultura, la construcción y la industria textil, altamente dependientes de trabajadores inmigrantes.
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Las protestas se multiplicaron desde el 6 de junio en Los Ángeles y más de 20 ciudades del país, con reclamos bajo lemas como “¡ICE, pa’ fuera!”, actos que incluyeron disturbios, el uso de gases lacrimógenos y balas de goma, y la imposición de toque de queda por la alcaldesa Karen Bass.
A su vez, el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa Bass calificaron las redadas como “caóticas y crueles”, y presentaron demandas judiciales que recientemente frenaron el despliegue militar federal en la zona urbana.
Más de 330 detenciones se registraron en condado de Los Ángeles, alrededor de un tercio con antecedentes penales; sin embargo, muchos detenidos no tenían antecedentes y se integraban plenamente en la economía local, advierten expertos.
El impacto económico y social motivó una respuesta creciente de rechazo nacional. Organizaciones civiles y migrantes denuncian el efecto devastador en quienes aportan al tejido productivo y emocional de EEUU.