Para abogados constitucionalistas, el DNU del acuerdo con el FMI es "inválido" y tiene "nulidad absoluta"

Abogados constitucionalistas advirtieron que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, que se publicó este martes en el Boletín Oficial y habilita al Gobierno a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es "inválido" y "nulo de nulidad absoluta".

El documento, que lleva la firma del presidente Javier Milei y de todo su Gabinete, establece que el acuerdo se enmarcará en un Programa de Facilidades Extendidas, con un plazo para el pago de intereses de hasta 10 años y un período de gracia de 4 años y 6 meses, pero no da detalles respecto al monto y las condiciones.

A partir de ahora, el Poder Ejecutivo tiene un plazo máximo de 10 días para enviarlo al Congreso. Los legisladores no pueden modificar el texto, que debe ser aprobado o rechazado en su totalidad. El DNU estará vigente durante su tratamiento y solo se caerá si ambas Cámaras lo rechazan.

"Lo que hace este DNU es ejercer una atribución del Congreso, que es la de aprobar las operaciones de crédito que concreta el Poder Ejecutivo. En este caso, aprueba el acuerdo con el Fondo, y esa aprobación la está haciendo directamente el Presidente", explicó a C5N el abogado constitucionalista Félix Lonigro.

"¿Esto es constitucionalmente válido? El dictado de DNU, sí; el ejercicio de facultades legislativas por parte del Presidente, sí", señaló. Sin embargo, aclaró que la Constitución habilita este recurso "con condiciones", y "una de ellas es que tiene que haber circunstancias excepcionales que le impidan al Presidente poder esperar al Congreso".

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El DNU no da detalles sobre el acuerdo con el organismo que encabeza Kristalina Georgieva.

"Yo creo que en este caso no se dan esas circunstancias excepcionales y, por lo tanto, este DNU es inválido", afirmó. Además, el especialista recordó que "todos los DNU deben ser aprobados por el Congreso, pero basta una sola Cámara para que los apruebe" y "el Congreso no tiene plazo" para esto.

"Quiere decir que el DNU empieza a regir a partir de hoy, el Fondo desembolsa el dinero, y si dentro de uno, dos, tres años se produce un rechazo por parte de ambas Cámaras de este DNU, habrá que devolver el dinero con intereses. Eso es lo que genera una responsabilidad política y hasta penal del Presidente de la Nación", advirtió.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez coincidió en que "el DNU 179/2025 es nulo de nulidad constitucional absoluta e insanable por no cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 99.3 de la Constitución", que es el que establece estas "circunstancias excepcionales".

"Es tal el desquicio constitucional que el Poder Ejecutivo Nacional, sustituyendo al Congreso, aprueba operaciones de crédito público con el FMI sin incorporar el texto o documento del acuerdo y se autoriza a sí mismo a suscribir los instrumentos para concretarlas", sostuvo en su cuenta de X.

"En un tema que compromete a las generaciones futuras y que está previsto como una facultad del Congreso de la Nación (artículo 75 inciso 7 de la Constitución argentina), el presidente Milei arrasa con la división de poderes, desconoce el sistema republicano y se encamina a la suma del poder público", afirmó.

Diputados de Unión por la Patria denunciaron a Javier Milei por el DNU del acuerdo con el FMI

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria denunció al presidente Javier Milei por los presuntos delitos de "violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad" por el DNU que autoriza un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y marcaron que se produjo una "usurpación de funciones que competen a otros poderes".

Los legisladores advirtieron que Milei violó la Constitución, ya que "estando en funcionamiento el Congreso y no habiéndose remitido ningún proyecto de ley, mal puede decirse que esté satisfecha la situación de excepción e imposibilidad de seguir el tratamiento de leyes, porque el Poder Legislativo está en pleno funcionamiento".

La denuncia fue firmada por los diputados Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Brenda Vargas Matyi, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.