Marcha de jubilados: la ONU mostró su preocupación por denuncia de Patricia Bullrich contra un juez

La relatora especial del organismo, Margaret Satterthwaite, cuestionó la presentación judicial realizada por la Ministra de Seguridad contra Roberto Andrés Gallardo, luego de que el magistrado emitiera una cautelar sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires para organizar el operativo de seguridad de la última movilización en el Congreso.

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, cuestionó este jueves la denuncia que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó en la Justicia contra el juez Roberto Andrés Gallardo, luego de que el magistrado emitiera una medida cautelar sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires para organizar el operativo de seguridad de la última marcha de jubilados en el Congreso de la Nación.

“Noticias preocupantes: el Ministerio de Seguridad ha anunciado que iniciará un proceso disciplinario contra un juez en respuesta a fallos que no se alinean con sus preferencias”, señaló Satterthwaite en su cuenta de X, donde a su vez recordó que “según el derecho internacional, en particular, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura (1985), a los que Argentina adhiere, los jueces solo pueden ser suspendidos o destituidos por incapacidad comprobada o por conductas que los hagan impropios para el ejercicio de sus funciones”.

Para Satterthwaite, "el desacuerdo con una decisión judicial debe canalizarse mediante los mecanismos legales establecidos, como los recursos de apelación, y no mediante acciones punitivas o de carácter retaliatorio”. En el mismo sentido, indicó que “el respeto por la independencia judicial es fundamental para el Estado de Derecho y la gobernanza democrática”.

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La advertencia de la relatora especial de la ONU, se suma a las manifestaciones ya expresadas de distintos sectores y entidades locales e internacionales contra el accionar de la titular de Seguridad, alertando sobre un avasallamiento a la división de poderes y la independencia judicial, y a darle su respaldo al juez Gallardo, titular del Juzgado de 1º Instancia Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de CABA.

A través de una nota dirigida a la presidenta del Consejo de la Magistratura de CABA, Karina Leguizamón, las juezas y jueces advirtieron que “el accionar de la mentada autoridad ministerial se ha convertido en una práctica del Poder Ejecutivo Nacional, tendiente a aleccionar y condicionar la labor de la magistratura a propósito del contenido de sus sentencias"

En ese sentido, aseguraron que esta conducta se traduce en un claro menosprecio "de la independencia judicial y de la autonomía porteña consagradas constitucionalmente”. "No puede soslayarse que el acierto o desacierto de una decisión judicial solo debe ser ponderado en una instancia revisora a través de los mecanismos procesales disponibles en el marco del trámite judicial correspondiente", agregaron.

Por esta razón, solicitaron que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad rechace la aludida denuncia “de modo urgente". El pedido se suma a los presentados ante Leguizamón por la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) y el Capitulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), entidad consustanciada con las ideas del Papa Francisco y que reúne a magistrados de todo el país.

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