El Poder Ejecutivo remitió este jueves al Congreso el proyecto de la llamada "Ley Hojarasca". La iniciativa propone la derogación de 70 normas consideradas "obsoletas", superfluas o incompatibles con los principios constitucionales actuales. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lidera esta medida para depurar el sistema legal argentino.
El Gobierno envió al Congreso la "Ley Hojarasca" para derogar 70 normas que considera obsoletas
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, busca eliminar regulaciones que constituyen "una barrera para el desarrollo de la actividad económica". Será tratado primero por la Cámara de Diputados.
El texto oficial busca "reducir la sobreabundancia normativa que caracteriza al ordenamiento jurídico argentino". Según los fundamentos, la acumulación de leyes a través de las décadas produjo un sistema complejo y de difícil aplicación. El Gobierno sostiene que esta situación afecta la seguridad jurídica y el desarrollo económico del país.
La propuesta ya tuvo un paso previo por el Poder Legislativo en 2024, pero perdió estado parlamentario al finalizar aquel ciclo. En esta nueva oportunidad, el Ejecutivo insiste en que el exceso de regulación "constituye una barrera para el desarrollo de la actividad económica". El fin principal es establecer un marco normativo más claro, accesible y eficiente.
Entre las leyes a eliminar figuran disposiciones como la obligación de tramitar un carnet de mochilero y la autorización para la televisión a color. También incluye normativas que imponen penas de azotes, prohibidas desde 1853, y regulaciones sobre el sorteo de premios en cines. El proyecto afirma que estos reglamentos restringen libertades de manera innecesaria.
El Ejecutivo define los criterios para la depuración legal
El análisis abarca la normativa vigente desde 1864 hasta la actualidad bajo criterios de racionalidad. La iniciativa agrupa las leyes en seis categorías que justifican su baja, tales como el desfasaje tecnológico o la creación de organismos inoperantes. El Gobierno asegura que la medida permite "optimizar el funcionamiento de las instituciones".
El proyecto pone especial énfasis en aquellas leyes que vulneran principios constitucionales o limitan libertades individuales. Un ejemplo es la norma que autoriza la supervisión estatal sobre reuniones privadas, calificada de abiertamente inconstitucional por las autoridades actuales. El texto señala que "la dispersión y superposición de normas dificulta la gestión pública" y genera ineficiencias operativas.
Finalmente, la reforma alcanza a entidades que cuentan con financiamiento del Estado nacional, las cuales deberán subsistir con recursos propios. La depuración propuesta apunta a "sentar las bases de un ordenamiento jurídico más racional y dinámico" para evitar futuras acumulaciones desordenadas. El objetivo final es un sistema que garantice la transparencia y el pleno ejercicio de los derechos.
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