Diputados: presentaron un proyecto para proteger a quienes compran viviendas "en pozo"

El diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño presentó este lunes un proyecto de ley que busca establecer un régimen específico de protección para quienes adquieren inmuebles en desarrollo, una modalidad de compra inmobiliaria denominada "en pozo" que supone riesgos ante la falta de reglas claras.

La normativa propuesta por el legislador es complementaria de la Ley de Defensa del Consumidor y está inspirada en las experiencias de países como España, México y Estados Unidos.

El objetivo de esta iniciativa es la protección de los compradores al garantizar un "marco de transparencia, el uso adecuado de los fondos, y responsabilidad en la ejecución y entrega de las obras, con sanciones efectivas para los desarrolladores inmobiliarios ante incumplimientos en sus obligaciones contractuales".

Entre otros puntos, el proyecto establece que los fondos aportados por los compradores solo podrán destinarse a la obra comprometida y no a otras finalidades.

A su vez, obliga a los desarrolladores inmobiliarios a publicar balances anuales auditados por profesionales matriculados, y los obliga a entregar trimestralmente a los compradores un informe sobre el estado de avance de obra, que detalle los plazos de entrega y eventuales demoras en la ejecución.

En tanto, se establece la obligación para los desarrolladores de constituir un Fondo de Garantía, es decir, un seguro de caución equivalente al monto total de los anticipos recibidos, que estará destinado a la devolución de dinero a los compradores en caso de incumplimientos en la entrega de las unidades.

Otro punto importante de la iniciativa es la creación de un Registro Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios, que será de inscripción obligatoria para todas las personas humanas o jurídicas que quieran desarrollar proyectos de inversión inmobiliaria.

En cuanto a las sanciones económicas, el proyecto dispone una penalidad por demoras injustificadas respecto a los plazos pautados para la entrega de las unidades.

Esta sanción económica se combina con sanciones penales más severas por estafas, lo cual viene de la mano de una propuesta de modificación del Código Penal. De este modo, se prevé una pena de 2 a 8 años de prisión por perjuicio económico mediante engaño o abuso de confianza.

Para Agost Carreño, "la falta de regulación específica ha permitido que desarrolladores inescrupulosos operen sin controles adecuados, poniendo en riesgo los ahorros y el bienestar de miles de familias".