El discurso de Javier Milei, junto con las acciones deliberadas que lleva adelante su Gobierno, pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes. "Sin presupuesto volvemos al aborto clandestino", señalaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Los desafíos sobre el aborto legal a futuro.
TélamA cuatro años de la legalización del aborto en Argentina, los derechos conquistados por la marea verde están en riesgo. Desde que asumió Javier Milei, desde la Nación comenzaron a desentenderse en materia de acceso a la salud sexual y reproductiva, lo que pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes. Sumado a la amenaza de una diputada libertaria que presentó un proyecto para derogar la ley vigente.
En el 2024, el Ministerio de Salud no distribuyó ningún tratamiento para la IVE ILE de los 100.400 planificados, sumado a la paralización en la distribución de anticonceptivos y preservativos, como así los medicamentos esenciales para poder acceder a un aborto.
Así lo explicó en diálogo con C5N, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina: "El Gobierno nacional ha paralizado la compra de misoprostol y mifepristona", esto generó que en las provincias ya reporten faltante de stock.
Lo que representa "un retroceso en materia de acceso a la salud sexual y reproductiva, en tanto en el año 2023 se distribuyeron 88.578 tratamientos de Misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de Misoprostol y Mifepristona".
"En lo que va del 2025 tampoco hubo distribución de estos insumos", añadió Patricia Sotile, abogada, integrante del área jurídica de ELA. La letrada remarcó que esta situación presenta graves retrocesos en términos de accesibilidad, acompañado por "fuertes discursos contra la agenda de los derechos de las mujeres y feminismos".
Según datos de Amnistía Internacional Argentina, desde la promulgación de la ley hasta diciembre de 2023, se practicaron un total de 245.015 abortos a través del sistema público de salud, lo que supuso una reducción del 53% de la mortalidad materna por aborto.
Sin embargo, actualmente "asistimos a un preocupante retroceso en las políticas de salud sexual y reproductiva", coincidió Belski al igual que la abogada. También alertó sobre el aumento de barreras para poder acceder a un aborto, como por ejemplo: "demoras en los turnos, falta de equipos, falta de insumos esenciales para acceder en las provincias, barreras en el sector privado de obras sociales, prepagas e incluso desconocimiento de la ley vigente".
Esto no es todo, sino que también se suman otros factores como el recorte de métodos anticonceptivos: "lo que pone en riesgo el aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y vulnera el derecho de mujeres y adolescentes a decidir si quieren o no ser madres y cuándo", señaló la directora ejecutiva.
Vale aclarar que, según datos del Proyecto Mirar, la tendencia la cantidad de IVE ILE realizadas en el primer semestre de 2024, es similar al 2023, meses durante los cuales las provincias aún contaban con insumos distribuidos por el Ministerio de Salud nacional a fines de 2023.
Este desmantelamiento agrava las desigualdades entre provincias, principalmente "condicionando el acceso al aborto y a la planificación familiar al lugar de nacimiento, lo que refuerza las brechas sociales", añadieron desde Amnistía.
Si una persona no pudo obtener gratuitamente, un anticonceptivo, como por ley está garantizado en Argentina y tampoco no lo pudo comprar de su bolsillo, por el aumento de los precios en los medicamentos, "entonces el efecto de eso es en cascada, o sea, la falta de acceso a la anticoncepción puede producir un embarazo no intencional, el embarazo no intencional puede producir una maternidad forzada con todas las implicancias que eso tiene para la vida de la persona", detalló Silvina Ramos, Investigadora titular, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).
Varias veces el presidente Milei nombró el tema del aborto en sus discursos, donde menosprecia a las políticas de género y salud reproductiva, donde calificó a la IVE como parte de una "agenda sangrienta del aborto" y, lo llegó a definir como un "asesinato agravado por el vínculo".
Estos ataques "pueden generar un clima de intimidación y temor tanto en las mujeres y personas con capacidad de gestar, que ven amenazado su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, como en los profesionales de la salud que, en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de sus obligaciones legales, garantizan este derecho fundamental", aclaró Belski.
Un Estado Nacional que parece menospreciado las políticas de género y de salud reproductiva, últimamente evidenciado por el voto de Argentina en la ONU contra una resolución para eliminar la violencia de género.
Si bien no se registró un cambio sustancial en materia de números en el aborto durante este año, Gío Eiriz, integrante de la regional CABA de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, especificó que este discurso del Gobierno es una barrera a la hora de acceder a esta ley: "El miedo y la desinformación. En los territorios que se proclaman pro vida, se sienten avalados como para dar peor información".
"Sin presupuesto volvemos al aborto clandestino. Eso es un peligro, porque si en las grandes ciudades cuesta ver donde te atienden, imaginate en los lugares que son hostilesy que están avalados por el discurso del Gobierno nacional", subrayó Eiriz.
También contó a C5N que, por ejemplo en la provincia de Tucumán, les advirtieron sus compañeras lo difícil que es acceder a la IVE: "El Ministerio manda medicación, te lo puedo recetar pero anda a comprarlo a la farmacia". Quienes llegan a esa instancias son quienes viven en condiciones de vulnerabilidad y falta de derechos básicos, lo que hace más dificil poder trasladarse para poder conseguir las pastillas y transitar el aborto.
"Muchas van abortar igual, van a recurrir a la clandestinidad, puede ser de pagar un montón de plata y que sea inseguro", sentenció.
"Nuestros derechos no se negocian, lo que conquistamos se tiene que defender. El movimiento tiene que ser independiente de todo Gobierno y partido político. Las que nos tenemos que gobernar así mismas somos nosotras, somos las únicas dejando la vida luchando", reflexionó Eiriz.
El Plan Enia comenzó a regir en el año 2017 y era una política pública con el objetivo de promover el acceso de adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos. Durante el tiempo que estuvo en ejercicio logró disminuir la tasa de fecundidad adolescente un 50%.
"Esto significa que más niñas y adolescentes pueden completar sus trayectorias educativas, lo que impacta directamente en sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral", informaron desde el Proyecto Mirar.
Según detalló la abogada, "en los primeros meses de la gestión, el gobierno nacional suspendió los fondos destinados a sostener las oficinas en las que funcionaba el Plan Enia en cinco provincias, despidió a 619 personas de los equipos operativos que se desempeñaban en 12 jurisdicciones y desfinanció las partidas presupuestarias destinadas a la compra de insumos".
Para obtener más información sobre el estado actual del Plan Enia, se puede leer el informe elaborado por ELA, ACIJ CEDES y REDAAS, actualizado en septiembre de 2024.
En el informe del Proyecto Mirar analizaron cómo las provincias abordan el acceso al aborto legal y describieron una situación preocupante.
La compra y distribución de insumos ha estado en cabeza del Estado Nacional desde la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2002, y por mandato constitucional el Ministerio de Salud de la Nación tiene la rectoría de la política pública para fijar un piso mínimo de derechos en todo el territorio nacional, señalaron desde Amnistía.
"Las provincias han trabajado para sostener la agenda de salud sexual y reproductiva. Muchas de ellas mostraron voluntad de comprar insumos y realizaron compras durante el año", no solo eso en insumos se ven las consecuencias sino también en el retiro de la gestión nacional de su rol como capacitador de equipos y como actor para dar asistencia técnica de diverso tipo también afectó negativamente la situación.
La cantidad distribuida durante 2024 fue mucho menor a la del año anterior lo que significó el traslado de la responsabilidad de la noche a la mañana "esto implicó que las provincias tuvieran que dar alguna respuesta y las dificultades de las provincias fueron muy importantes porque el gobierno nacional no solo retiró su apoyo para la distribución de insumos, sino que también lo retiró en muchas otras áreas", afirmó Silvina Ramos.
Esto se traslada a la capacidad de cada una de las jurisdicciones de comprar insumos, dependiendo de la disponibilidad de recursos de las provincias. "Las pobres tienen menos recursos, las provincias más ricas tienen más recursos. Eso trae aparejado una consolidación de la inequidad en todo el país. Algunas podrán sostener mejor el acceso a los insumos y otras podrán sostener peor, o no sostener el acceso a los insumos", cerró Ramos.
"El acceso a derechos no puede quedar sujeto al lugar en el que una niña o mujer le tocó nacer. El Estado Nacional debe garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva en condiciones de igualdad y no discriminación en todo el territorio nacional", apuntó Mariela Belski.
Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicaron un informe sobre el "8M en perspectiva económica", donde detallaron la situación en los programas que contribuyen a reducir la brecha en la salud, durante el primer año de gobierno de Javier Milei.
Relacionado con la distribución de medicamentos, la representante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito advirtió: "Es un tema alarmante, esto ya lo empezamos a sentir desde mitad de año 2024 para adelante. Compañeras nos estaban diciendo que se estaban quedando sin medicación, que las provincias no estaban comprando".
La abogada Sotile, añadió a esta información presentada anteriormente que, en 2023 el programa de Desarrollo de la Salud Sexual y procreación responsable representó un 1.29% del gasto ejecutado por el Ministerio de Salud. En el 2024, fue un 0,19% y en "2025 se proyecta que sea un 0,8%, esto da cuenta de la des jerarquización del programa". El ajuste en términos reales de lo que el programa ejecutó entre 2023 y 2024 fue de un 83%.
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