Plata para unos, bronca para otros: los escándalos que incomodan al Gobierno libertario

La foto es incómoda para el gobierno libertario. Mientras los miembros de las fuerzas de seguridad lucen cada día más molestos por sus bajos salarios, algunos armadores y propagadores del relato oficialista quedan involucrados en causas judiciales en las que se les descubren fortunas en dólares que no tenían antes de llegar al poder. Había plata, pero solo para algunos.

El último caso conocido es el de Fernando Cerimedo, uno de los principales divulgadores de la violenta campaña digital en la que se apalancó Javier Milei para llegar al poder. Fue detenido en Bolivia acusado de haber mandado a matar a quien era su pareja en ese país, Nadia Beller. Tras asesorar al presidente argentino Milei y a otros gobiernos de derecha, Cerimedo se convirtió en asesor estrella del mandatario boliviano Rodrigo Paz.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz de la Sierra es la que encabeza la investigación que tiene a Cerimedo como autor intelectual de tentativa de feminicidio. El equipo de fiscales pidió que quede detenido por 180 días en una cárcel de alta seguridad: aseguran que tenía previsto darse a la fuga tras orquestar el crimen de su pareja. Fundaron la hipótesis en mensajes extraídos de su teléfono celular y señalaron que lo capturaron en el aeropuerto de Viru Viru cuando estaba a bordo de un avión para irse hacia otra ciudad.

A las pocas horas, la Fiscalía General de La Paz abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y, a última hora del viernes, había secuestrado casi un millón de dólares en 5 allanamientos, además de altas cifras de dinero en euros y moneda boliviana. Los investigadores detectaron también una supuesta financiera con la que operaba Cerimedo y empezaron a trabajar en el origen y el destino de su dinero. Beller dijo que parte del mismo lo “lavaba en Argentina”.

No es el primer propagador del relato libertario al que acusan de “lavar en Argentina” dinero proveniente de delitos cometidos en otras partes del mundo. El caso más conocido es el de José Luis Espert, que está investigado por presunto lavado de dinero de Federico Andrés “Fred” Machado, el hombre que confesó ante la justicia de Estados Unidos que lavaba dinero para evitar que lo juzguen también por narcotráfico.

Espert rechazó en los últimos días la acusación. Entre otras cosas, dijo que si hubiese querido lavar dinero, no habría firmado un contrato con una empresa de Machado. Una estrategia de defensa un tanto extraña si se tiene en cuenta que justamente se lo acusa de dar apariencia de legalidad a dinero mal habido. Ocurre además que el acuerdo entre Machado y Espert implicaba un supuesto asesoramiento para reestructurar la deuda de la firma Minas del Pueblo, de Guatemala. Espert iba a recibir un millón de dólares en cuotas por ese trabajo. La justicia detectó una cuota de 200 mil dólares. Se supone que al final el contrato se discontinuó por la pandemia. Espert no entregó ningún trabajo ni devolvió los 200 mil dólares.

Los dólares se multiplicaron también entre las manos del exjefe de Gabinete Manuel Adorni cuando llegó a la función pública. Por estos días, el exfuncionario debe redondear la respuesta que le dará al fiscal Gerardo Pollicita, quien le dio 15 días para justificar los saltos patrimoniales que dio durante el tiempo que integró el gobierno nacional. El cálculo de la fiscalía es que, durante ese período, el también exvocero presidencial llegó a desembolsar, en efectivo, unos 400 mil dólares que no tenía declarados y a los que accedió sin deshacerse de ninguno de los bienes que había en su patrimonio cuando asumió la función pública. Hasta ahora, Adorni no pudo explicar ni ante la opinión pública ni ante la justicia de dónde sacó los 245 mil dólares que le dio a Matías Tabar para remodelar la casa del club Golf Indo Cuá, en Exaltación de la Cruz, que también compró durante su paso por la Casa Rosada. El número se lo contó a la justicia el propio contratista Tabar.

Otros dos casos que expusieron que en la Argentina hay plata, pero solo para algunos, fueron los de Edgardo Kueider y Diego Spagnuolo.

El exsenador Kueider, detenido en Paraguay, fue apresado cuando intentaba entrar a ese país con más de 200 mil dólares que no tenía previsto declarar ante las autoridades migratorias locales. Fue condenado en ese país por contrabando en grado de tentativa y ahora lo investigan por presunto lavado de dinero. Se trata de un dirigente que accedió a la senaduría desde las filas del peronismo y luego se convirtió en aliado clave de La Libertad Avanza. La pregunta a responder es si ese salto fue gratis.

Spagnuolo, en tanto, es un abogado que solía acceder al círculo más cercano al presidente Milei y fue colocado al frente de la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS). Salió eyectado cuando trascendieron periodísticamente audios en los que confesaba que en la agencia se cobraban coimas a las empresas proveedoras y que estas llegaban a altas esferas del gobierno. Por estos días, el caso volvió a la agenda pública porque por la ANDIS también pasó Natalia Basil, madre de los hijos de Cerimedo.

Spagnuolo solía hacerse resolver problemas domésticos por Miguel Ángel Calvete, un lobista que quedó entrampado en la causa. En un allanamiento en la casa de su hija Ornella Calvete, que además detentaba un cargo en el Ministerio de Economía, se encontraron 700 mil dólares en efectivo.

Por si faltaran casos, al exfuncionario Facundo Leal, que pasó por Arsat y por el organismo que regula los aeropuertos (Orsna), también lo allanaron en una causa por corrupción y le encontraron más de dos millones de dólares en efectivo. Hay plata.

Así como las encuestas de opinión volvieron a colocar el concepto “corrupción” entre los principales temas que preocupan a los argentinos —después del temor a perder el trabajo y de los bajos salarios—, los hallazgos de dinero en efectivo impactan doblemente en aquellos cuyas cuentas están cada día más complicadas.

Entre ellos se encuentran los agentes de las fuerzas de seguridad que hace tiempo mastican bronca porque dicen no llegar a fin de mes y vivir endeudados. Además, son los custodios del relato. O al menos aquellos a los que mandan a custodiar el relato a palazos, gases lacrimógenos y balas de goma.

La bronca llegó en esta semana a su punto máximo cuando la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, relativizó el aumento del índice de suicidios de miembros de las fuerzas federales de Seguridad. “Hay más suicidios en las fuerzas, sí. Pero también se incrementaron los suicidios en el país”, dijo la ministra en un reportaje televisivo.

Las declaraciones corrieron como reguero de pólvora en grupos de WhatsApp de integrantes de las fuerzas federales, que ya pensaban en protagonizar algún tipo de reclamo. Silenciosamente, miembros de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval tienen previsto realizar en los próximos días una marcha silenciosa al edificio Centinela, de la Gendarmería Nacional, en Retiro.

“Vivimos endeudados, se nos van los médicos, cada vez más policías piden la baja y ahora la ministra dice que los suicidios de nuestros compañeros son parte de los suicidios que hay en la sociedad”, resumió un agente entre la bronca y el desconsuelo.

Hay un elemento más que desata la bronca de los integrantes de las fuerzas de seguridad pero que intentan mantener separado de los reclamos: es la suerte judicial de quienes reprimen las manifestaciones sociales. Siempre pagan los que ejecutan las órdenes —ilegales, por cierto— y nunca las autoridades.

Conocido es el caso del gendarme Héctor Guerrero, quien irá a juicio oral por haber disparado gas lacrimógeno contra la humanidad del fotoperiodista Pablo Grillo. La misma suerte correrá el policía federal Cristian Rivaldi, quien en una manifestación gaseó a la niña Fabrizia, de 9 años, que se encontraba con su madre en actitud pacífica.

En la última semana se sumó un prefecto a la lista. Su nombre es Sebastián Emanuel Martínez y deberá sentarse en el banquillo por haberle quitado la vista de un ojo a Jonathan Navarro en la marcha del 12 de marzo de 2025, cuando le disparó con su pistola de gas pimienta.

Por ahora, esas tres causas llevaron a juicio a los ejecutores de la represión. Por ahora. Las querellas buscarán avanzar hacia quienes dieron las órdenes.