La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) rechazó el proyecto de Ley para declarar la emergencia nacional en discapacidad, que este miércoles logró un dictamen de mayoría y tres de minoría en la Cámara de Diputados, y aseguró que se trata de una iniciativa "regresiva" y "asistencialista".
La Ley es una demanda de organizaciones, agrupaciones y familiares que esta mañana se movilizaron al Congreso para exigir una "respuesta a la grave crisis estructural que atraviesan las personas con discapacidad y quienes garantizan su atención", la cual "se ha visto profundizada por el ajuste implementado por el actual Gobierno".
ANDIS emitió un comunicado donde manifestó su "enérgico rechazo" al proyecto que impulsa la oposición. "Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión", afirmó.
"Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social. El proyecto va en la dirección contraria", argumentó el organismo.
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También cuestionó que el proyecto "multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían". "Ampliar masivamente el alcance de pensiones o el valor de las prestaciones, sin indicar de dónde saldrán los recursos, es irresponsable", sostuvo.
"Este gobierno comenzó a ordenar el sistema y a auditar pensiones mal otorgadas. Es justamente ese trabajo el que permitirá recuperar recursos genuinos y destinarlos a quienes realmente los necesitan. Frenar esta tarea con un proyecto inconsistente no resolvería los problemas: los agravaría", advirtió.
"Es fundamental avanzar hacia un modelo que priorice la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad, asegurando que sus derechos sean respetados y protegidos en todos los ámbitos de la sociedad", concluyó.
El proyecto de Ley 7.861 declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Sus principales puntos incluyen fortalecer a los prestadores de servicios para personas con discapacidad, regularizar deudas tributarias y de la seguridad social, financiar la actualización arancelaria y compensaciones, y establecer mecanismos de diálogo con organizaciones y prestadores, entre otros.