Nuevas denuncias sacuden al PAMI, el organismo que brinda servicios de salud a jubilados y pensionados, y colocan en el centro del escándalo a figuras cercanas al oficialismo libertario. Exfuncionarios de alto rango revelaron prácticas sistemáticas de corrupción que incluyen compras con sobreprecios de hasta un 700%, cobros indebidos a prestadores, exigencias de aportes económicos para financiar a La Libertad Avanza (LLA), y gravísimas condiciones en geriátricos que derivaron en muertes de afiliados.
Las presentaciones judiciales y mediáticas involucran directamente a Sebastián Pareja, operador político clave en la estructura de LLA en la provincia de Buenos Aires. Pareja, muy cercano a Karina Milei. Lo señalan como quien articulaba designaciones, presiones internas y esquemas de financiamiento partidario con fondos y sueldos del organismo previsional.
Uno de los testimonios más contundentes es el de Raúl Carlos Simonetto, ex titular de la Unidad de Gestión Local (UGL) VII de PAMI, quien junto a Viviana Aguirre —ex Coordinadora Contable del PAMI en La Plata— denunció una serie de maniobras fraudulentas. En la presentación, se menciona la sustracción de información sensible de oficinas del PAMI por parte de personas sin designación oficial, que se identificaban como enviados del PAMI central.
Simonetto relató que recibía instrucciones directas del coordinador político de LLA en La Plata para nombrar a personas sin experiencia en cargos claves. Según su declaración, las designaciones respondían a intereses políticos y no técnicos. También detalla presiones financieras, como el requerimiento a Aguirre de entregar mensualmente $500.000 de su salario y exigir al Director Ejecutivo Local un millón de pesos más, todo supuestamente destinado al sostenimiento del partido libertario.
Las reuniones donde se exigían estos aportes se realizaban, según los denunciantes, en la cafetería de la Plaza Islas Malvinas, en La Plata. En ese contexto, Simonetto describió amenazas directas por parte del propio senador Pareja, quien le advirtió que Aguirre debía cesar sus acciones de denuncia o sería apartada del espacio político.
Uno de los aspectos más delicados de la denuncia refiere al estado de los geriátricos bajo convenio con PAMI. Según Simonetto, hubo muertes evitables y condiciones edilicias precarias. Se menciona que personas con enfermedades mentales graves compartían espacios con otros adultos mayores sin supervisión adecuada, que existía escasez de alimentos, y que se detectaron maltratos físicos entre residentes. Todo esto ocurría sin intervención efectiva del organismo, pese a que las irregularidades fueron informadas.
Por otro lado, se cuestiona el uso de mecanismos como compras directas alegando urgencias médicas, lo cual permitía eludir procesos de licitación. También se identificaron instituciones prestadoras —como el Instituto Médico Platense, Instituto del Diagnóstico y Óptica Meroni— donde se habrían efectuado cobros indebidos por servicios.
Los denunciantes afirman que las comunicaciones internas se realizaban exclusivamente por Telegram, bajo la modalidad de autodestrucción de mensajes, para evitar filtraciones o auditorías posteriores. “Nos dijeron que no usáramos SMS ni llamadas normales porque podían ser escuchadas”, detalló Simonetto.
En el centro del escándalo también figuran los nombres de Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, titular y segundo del organismo respectivamente. Según las denuncias, fueron piezas clave en la operatoria de desmanejos que, además de financieros, incluyó la asignación de cargos sin idoneidad a militantes libertarios en Santa Fe y CABA.
Viviana Aguirre, por su parte, señaló que “lo único que teníamos que hacer era firmar”, ya que todas las decisiones importantes se tomaban en la sede central del PAMI. Según su relato, al comenzar a auditar internamente detectaron irregularidades en todas las áreas clave.
La gravedad de los hechos pone en alerta no solo a la justicia, sino también a sectores del oficialismo y la oposición. Las denuncias están en curso, y la presión para que se esclarezcan las responsabilidades políticas y penales aumenta.
