Los diputados nacionales de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, Miguel Ángel Pichetto y otros miembros del bloque, presentaron un pedido de informes que exige al Gobierno que aclaré los hechos vinculados a la promoción y posterior desplome del activo digital “$Libra”, difundido por el presidente Javier Milei en sus redes sociales.
La iniciativa busca determinar qué funcionarios o asesores participaron en la estrategia de difusión, si existieron contactos previos entre los promotores del token y el entorno del Gobierno, y si allegados al oficialismo obtuvieron beneficios económicos.
“El propio Presidente, en uso de su investidura y de su llegada masiva al público, promovió un activo financiero sin regulación ni respaldo, lo que pudo haber inducido a error a pequeños inversores”, señala el documento en el que se advierte que la caída del token habría provocado pérdidas de al menos 87 millones de dólares, perjudicando a numerosos ahorristas que confiaron en su recomendación.
Los legisladores solicitaron información al Banco Central y la Comisión Nacional de Valores para determinar si detectaron irregularidades en la difusión de este activo y si se prevé la renuncia o el despido de funcionarios involucrados. También subrayan que este episodio no solo impacta en la confianza de los inversores, sino que también compromete la credibilidad de las instituciones nacionales y afecta la imagen del país en el exterior.
El pedido de informes cuestiona la relación de Milei con Mauricio Novelli, Hayden Davies y Julian Peh, principales figuras detrás del activo digital, y consulta si estos empresarios accedieron a información privilegiada o si influyeron en la decisión del mandatario de promocionar la criptomoneda.
También se exige información sobre quiénes fueron los beneficiarios y damnificados de la operatoria, incluyendo un listado detallado de personas y empresas involucradas en las transacciones. “Si el Presidente fue inducido al engaño, como sugiere el Gobierno, se deben tomar medidas inmediatas para recuperar la confianza antes de que abran los mercados”, sostienen los diputados.
Otro de los puntos sensibles del pedido es el motivo por el cual las reuniones con asesores y empresarios vinculados a las criptomonedas se llevaron a cabo en el Hotel Libertador de la Ciudad de Buenos Aires, y si su propietario, Eduardo Elsztain, conocía la naturaleza de estos encuentros. Además se consulta si el Ministerio de Justicia solicitará una investigación judicial para determinar responsabilidades, no solo de funcionarios, sino también de los operadores financieros que estuvieron detrás del colapso del activo.
El proyecto también busca esclarecer si el Gobierno prevé comunicarse con organismos internacionales como la GAFI o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para solicitar mayores investigaciones sobre lo ocurrido y determinar responsabilidades. Los diputados exigen conocer qué medidas adoptará el Ejecutivo para evitar que desde el Gobierno se vuelvan a promocionar activos financieros sin regulación ni respaldo. “Es imperioso y urgente que se investigue lo sucedido y que se tomen decisiones ejemplares para prevenir futuros escándalos que socaven la credibilidad de nuestras instituciones”, concluye la iniciativa.