Crónica del desembarco del primer juez de Milei en la Corte Suprema

Cuando le llegó el mensaje que estaba esperando, el secretario de Justicia Sebastián Amerio salió disparado para el Palacio de Justicia ubicado en la calle Talcahuano. Acababa de terminar la reunión de acuerdo de los jueces de la Corte Suprema y reclamaban su presencia. Fue directo al cuarto piso.

La recepción fue rápida, sin demasiado protocolo, y se dirigió hacía el Salón Bermejo donde a las 12:20 se produjo, con cuidado hermetismo, la jura del abogado Manuel José García Mansilla como juez -en comisión- de la Corte Suprema de Justicia. Desde que se había publicado el decreto con su nombre, poco más de 24 horas antes, García Mansilla había llamado a todas las vocalías. Amerio, en tanto, tiene dialogo fluido con distintos interlocutores cercanos a los jueces del máximo tribunal.

A las 12:24, un comunicado llegó por WhatsApp a los celulares de los periodistas especializados en noticias judiciales. “En el Acuerdo de Ministros del día de hoy, conforme al decreto del PEN 137/2025 del pasado 25 de febrero, y encontrándose cumplidas todas las formalidades correspondientes, se decidió tomarle juramento como ministro de la CSJN al Dr. Manuel José García Mansilla”, decía.

Cuatro minutos después, cuando la noticia ya rebotaba en redes sociales y en los portales de noticias, los voceros del máximo tribunal ampliaron la información. “Están todos los secretario de la Corte y Sebastián Amerio”, agregaron. No estaba el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, ni la familia de García Mansilla que prefirió ir solo. Tampoco la prensa fue invitada a cubrir el acto.

Junto con la ampliación, llegó la primera foto. De izquierda a derecha podía verse a Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Manuel García Mansilla. No es objeto de esta columna analizar la gestualidad de los ministros, pero es algo que puede hacer el lector en ésta misma página.

Las comunicaciones de la Corte, a través de sus voceros, aclaraban además que en el próximo acuerdo -fechado para el 6 de marzo- se tratará la solicitud de licencia extraordinaria del juez federal Ariel Lijo, quien también fue designado por Milei para ingresar, en comisión a la Corte Suprema de Justicia.

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Con ese primero movimiento la Corte jugó una carta: avaló la designación de jueces en comisión en el máximo tribunal, un mecanismo cuestionado por abogados, organizaciones de juristas y dirigentes políticos. Nadie discutió nunca judicialmente su constitucionalidad, decían en esas horas los que defendían el actuar de la Corte. Además, remarcaban, no se habían dictado medidas cautelares que impidieran avanzar. Y que la vacante a cubrir, la de Juan Carlos Maqueda, se produjo durante el receso del Congreso. La política dejó hacer, decían, y el Gobierno avanzó. Apuntaban al Senado.

La avanzada del Poder Ejecutivo para hacer por decreto aquello para lo que no obtuvo consenso había comenzado el martes 25 a través de un comunicado difundido a través de la red social X. "La Oficina del Presidente recuerda que una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en su designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos. Sin embargo, durante meses ha evadido respetar la decisión de este Gobierno”. Traducción: le echó la culpa a la oposición por no haber votado en el Senado a sus candidatos. En su forma del entender las reglas del juego, Milei y su entorno interpretaron que no hay negociación posible a la hora de elegir a los candidatos a integrar la Corte Suprema, más allá de en la Constitución se le exija al candidato obtener una mayoría compleja en la Cámara Alta. “Los jueces serán los anunciados. Por acuerdo o por decreto”, habían avisado hasta el cansancio, off the récord, los estrategas del gobierno.

Ya a la medianoche fue publicado en el Boletín Oficial el decreto por el cual Milei nombraba a Lijo y a García Mansilla en comisión en la Corte Suprema de Justicia. Y comenzaron a moverse los engranajes.

El miércoles empezó con sorpresas en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, donde el juez Ariel Lijo todavía tiene su chapa colocada en el tercer piso, en la puerta del juzgado federal 4. Los caminantes habituales de esos pasillos se sorprendieron al notar que todos los ocupantes de las oficinas del segundo piso estaban en sus puestos. No faltaba ni uno solo de los jueces de la Cámara Federal porteña.

Desde la tarde anterior, todos los jueces del tribunal que está por encima de los magistrados de primera instancia sabían que si salía la nominación de Lijo por decreto debían asistir al día siguiente a Comodoro Py. La consigna no era una obviedad: no todos asisten todos los días durante toda la mañana. Estaban advertidos de que el titular del juzgado federal 4 presentaría un pedido de licencia extraordinaria para ir en comisión a la Corte.

Ariel Lijo

Cuando ingresó el pedido, el juez Mariano Llorens, presidente del tribunal de apelaciones, convocó a sus pares y juntos emitieron la acordada número 1 del 2025 con la que decidieron “hacer lugar” a la petición de Lijo, comunicar su decisión al Consejo de la Magistratura y luego remitirla a la Corte. El texto llevó la firma de Llorens, Eduardo Farah, Roberto Boico, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun.

En la noche del miércoles desde el Palacio de Tribunales se dejó trascender un plan de acción, una hoja de ruta: la Corte trataría “toda la temática” en la reunión de acuerdo del día siguiente y una semana después, el 6 de marzo, se “definiría todo”, hacían circular. Ponían en duda la posibilidad de que Milei lograra sentar a sus dos cortesanos en el acto de apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, más allá de que el gobierno ya los había invitado.

En la propia Corte, de todas formas, no había una opinión única. “Los letrados deben analizar cada caso”, decían desde una vocalía. “La Corte debe definir sobre la licencia extraordinaria de Lijo”, agregaban a la vez que aseguraban que al menos uno de los jueces estaba convencido de que el magistrado debía renunciar a su cargo para desembarcar en la Corte. “Eso no es así, la licencia ya está otorgada y hay que tomarle juramento”, respondían desde otra vocalía.

El juez Lijo había fundado su pedido de licencia en el hecho de que una designación en comisión “carece de estabilidad”.

Desde el gobierno, sin embargo, no bajaban los brazos. Insistían con la presión para que se le tomara juramento a los dos jueces comisionados. La evaluación de las “formalidades” permitió a la Corte cumplir parte del deseo de la Casa Rosada. Amerio debió haber respirado con cierto aire triunfalista cuando lo convocaron el jueves al palacio de Tribunales. El gobierno podía arrojar a las redes sociales una noticia positiva, el desembarco del juez “liberal” en el máximo tribunal, según definieron los primeros tuits celebratorios del ecosistema mielista. Por un rato, tan solo por un rato, los tuiteros mileistas sintieron que recuperaban la agenda.