Muchos trabajadores actúan de buena fe y terminan, desafortunadamente, involucrados en organizaciones delictivas. Son víctimas de malas interpretaciones de conversaciones telefónicas obtenidas durante investigaciones. Fleteros, remiseros, operarios y mecánicos, entre otros, ofrecen asistencia a organizaciones sin conocer sus verdaderos fines. Clientes, familiares y amigos de los autores también se ven afectados, atrapados en una red que no comprenden.
Con años de experiencia defendiendo a clientes en este tipo de casos, fui testigo de cómo el Estado adopta un enfoque distinto en las investigaciones del narcotráfico en relación a otros delitos.
En los delitos comunes, del fuero ordinario la investigación suele comenzar cuando el hecho ya fue consumado, limitándose exclusivamente a los eventos ocurridos. Si no existen pruebas suficientes —ya sea por falta de evidencia de campo o de testigos— el caso no avanza. Sin embargo, en el narcotráfico, el proceso es inverso.
¿Cómo suele funcionar la investigación en los casos de narcotráfico?
Primero, se identifica a un potencial infractor, y luego se construye la investigación en torno a esa persona. Una vez señalada, los investigadores buscan pruebas para sustentar una acusación formal, incluyendo a posibles colaboradores o coautores incidentales en la maniobra.
Es común que se implementen métodos estructurados para facilitar la pesquisa y lograr resoluciones que de otra manera no se alcanzarían, utilizando agentes encubiertos, informantes o "arrepentidos" en busca de beneficios.
La investigación en el narcotráfico comienza en ocasiones antes de que el delito se haya consumado, o mientras ocurre, brindando al Estado más tiempo y recursos para concluir con éxito. Esto permite la aplicación de tácticas de inteligencia que penetran en el fuero íntimo de las personas, como agentes encubiertos, escuchas telefónicas y otras estrategias de vigilancia.
Lamentablemente, este enfoque lleva frecuentemente a que se acuse y detenga a personas sin relación directa con los hechos o que, habiendo participado de forma accesoria, desconocían las verdaderas intenciones de los autores del delito.
El problema central: el margen de error
La estrategia de cooptación de individuos con vínculos accidentales —o que ignoran los fines delictivos— presenta un margen de error significativo. Interpretaciones erróneas de escuchas telefónicas o participaciones accidentales pueden llevar a que personas inocentes se vean involucradas en investigaciones por narcotráfico, enfrentándose a una maquinaria judicial que los señala por actos en los que participaron sin consciencia de su ilegalidad.
Fleteros, remiseros, operarios, mecánicos y otros trabajadores de distintos rubros, que prestan algún tipo de asistencia sin saber la verdadera finalidad de quienes los contactan, se convierten en víctimas de estas interpretaciones. A través de escuchas o pruebas obtenidas mediante inteligencia, sus vidas quedan atrapadas en investigaciones que los posicionan injustamente como participantes de organizaciones delictivas.
Clientes, familiares y amigos de los verdaderos autores también entran en esta categoría, enfrentándose a un sistema que, con frecuencia, no logra diferenciar entre la inocencia y la culpabilidad en un delito tan complejo y profundo como el narcotráfico.
Nadie cuestiona que son delitos complejos, cometidos en su mayoría por grupos organizados, lo que torna inevitable explotar al máximo todas los mecanismos disponibles para la obtención de prueba, única forma de lograr efectividad en la investigación.
Dicho esto, es crucial no meter a todos los actores de la pesquisa en la misma bolsa, siendo más conscientes de las consecuencias que acarrea la privación de la libertad durante el proceso en personas que aún no han perdido su estado de inocencia. Sujetos que suelen además tener hijos a cargo, que muchas veces son el único sustento económico de sus familias; con lo cual el encierro no solo los afecta a ellos sino que tiene graves daños colaterales en su entorno.
Por ello, es indispensable tener un criterio objetivo al momento de resolver la situación procesal de los presuntos intervinientes, diferenciando así a los autores y partícipes de quienes han tenido una participación intrascendente o desconociendo el verdadero objeto de su accionar.
Castigar a laburantes que se vieron envueltos en una cuestión de este tipo de manera accidental o desconociendo el verdadero objetivo de sus empleadores, es tan dañino e inutil como perseguir penalmente el consumo personal. No solo no sirve para erradicar este tipo de delitos sino que deja en evidencia que el sistema solo es efectivo captando a los más débiles y vulnerables.
Es indispensable que el Estado comience a respetar a rajatabla los derechos y garantías procesales (la inocencia y el debido proceso no deben ser negociables). La prisión preventiva es un instituto de excepción que sólo debe utilizarse cuando se evidencien fundadamente riesgos procesales, analizados particularmente en cada caso concreto.
Nicolás Mendive es abogado penalista.
