Tensión en Perú por otra jornada de protestas contra la presidenta Dina Boluarte

Ciudadanos y organizaciones sociales se hicieron presentes en la ciudad de Lima para sumarse a otra jornada de protesta en reclamo de la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y de los integrantes del Congreso.

También piden el llamado a nuevas elecciones y exigen condenas para los responsables de las muertes durante las manifestaciones que siguieron a la destitución del expresidente Pedro Castillo.

En la capital de Perú, la jornada fue presentada por los organizadores como la "toma de Lima", en alusión a dos anteriores ocurridas en enero y febrero de este año bajo el mismo nombre. En regiones como Puno y Arequipa, en el sur del país, las actividades se desarrollaban sin incidencias, y la capital estaba en calma.

Desde la madrugada, se observó poca presencia policial en las calles y avenidas, con patrulleros ubicados en habituales puntos de encuentro para las manifestaciones.

En las plazas Dos de Mayo y San Martín, así como en el Paseo de los Héroes Navales, solo se verificó la presencia de vehículos policiales, mientras que la Plaza Bolognesi continuaba rodeada por vallas de la Municipalidad limeña, donde se realizaban trabajos de reparación y mantenimiento desde hace varios días.

Más tarde, un contingente policial con efectivos motorizados ya rodeaba la Plaza San Martín, habitual centro neurálgico de concentraciones de las protestas en Lima. Las autoridades indicaron que movilizarán al menos 24.000 policías para monitorear las marchas.

boluarte

Siete rutas en Perú estaban bloqueadas por las protestas, informó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). De acuerdo al ente, las rutas bloqueadas se encuentran en los departamentos de Lima, en el centro del país; Loreto y La Libertad, en el norte; y en las sureñas Ayacucho y Huancavelica.

En un mensaje difundido desde el Palacio de Gobierno, Boluarte instó a la población a manifestarse pacíficamente, "sin generar violencia, caos, crisis, ni querer liderar el anarquismo en el país".

Durante las anteriores protestas, en marzo, al menos 60 personas murieron en violentos enfrentamientos que paralizaron partes del país. Los grupos de derechos humanos acusaron a las fuerzas de seguridad de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales.

Fueron 49 los ciudadanos muertos directamente en las protestas, casi todos a manos de las fuerzas de seguridad, en operativos represivos por los que el Gobierno fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

Además, también fallecieron otras dos decenas de personas por motivos relacionados con las protestas, según datos de la Defensoría del Pueblo. Varias organizaciones sociales interpusieron una demanda constitucional contra Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por la presunta vulneración del derecho a la protesta en el marco de la tercera "toma de Lima".

También exigieron el cese de las detenciones en las manifestaciones y una investigación en esta materia contra los agentes militares y policiales.

El descontento hacia la labor de la presidenta y el Legislativo es alto, con niveles de desaprobación ciudadana del 80 y 90 por ciento respectivamente, según sondeos.