Según un informe de IDESA, tan sólo una de cada cinco jubilaciones son otorgadas por las reglas generales, es decir, con 30 años de aportes y a la edad determinada (65 hombres, 60 mujeres). Una estructura con más de 200 regímenes especiales, un universo previsional que supera el 60% sin aportes necesarios y un panorama demográfico argentino desalentador son los graves problemas de un régimen deficitario de los peores de la región y sin solución aparente.
El sistema previsional argentino es uno de los peores de la región en términos de sustentabilidad, monto y cobertura.
El régimen general nacional de jubilaciones estipula, por ahora, que para jubilarse en Argentina hay que tener 60 años, si sos mujer y 65 años, para el varón, 30 de años de aportes como mínimo y la prestación se calcula sobre los últimos 10 años de salario y luego se ajustan con la fórmula de movilidad general que, la gestión libertaria, fijó a través de la inflación pasada. Sin embargo, esto ha pasado a ser una excepción.
Según el informe de la consultora IDESA, que considera la existencia de alrededor de 10 millones de jubilaciones y pensiones otorgadas por edad o por incapacidad, ya sea por la administración nacional (regímenes gestionados por la Anses), o por otras jurisdicciones o instituciones: el 20% fueron otorgadas con las reglas del régimen general; un 18% fueron otorgadas con algún régimen especial o diferencial y el 62% son pensiones no contributivas, Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o fueron otorgadas usando las moratorias sin aportes completos.
Estos datos muestran que apenas 1 de cada 5 jubilaciones y pensiones corresponden al régimen general. Las otras 4 están reguladas por regímenes especiales, diferenciales o fueron otorgadas con el régimen general pero con la excepción de no cumplir con todos los aportes. Es decir, en el sistema previsional argentino la excepción es la regla. Con relación a las pensiones, se estima que 1 de cada 5 beneficiarios cobran más de un beneficio, es decir, a su jubilación le suman una pensión derivada por la muerte de su pareja.
El régimen previsional general tiene un defecto de raíz y es que es muy rígido en la exigencia de aportes para jubilarse. Exige 30 años de aportes, como mínimo. La realidad es que muy poca gente logra juntar tantos aportes. Mujeres y varones con empleo, la mitad está en la informalidad y dentro de la otra mitad (formales) el 50% tiene intermitencia de aportes (no llega a los 30 años).
Además, en un sistema de reparto, como el actualmente vigente en Argentina, los individuos que trabajan hoy (activos), financian a aquellos que lo hicieron en el pasado (pasivos). De esta manera, si crece la cantidad de gente que percibe una jubilación (pasivos), pero no es acompañada por más personas activas, el sistema comienza a desfinanciarse gradualmente. La mayor longevidad de la población (mayor de 60 años representa en 2022 el 16%), la caída en la tasa de natalidad (13,7%) y fecundidad (1,41 hijos por mujer) constante en cada uno de los censos; y la cantidad de jubilados y pensionados que ingresaron al sistema con alguna de las cuatro moratorias (incluida una prórroga) que hubo desde 2004 hacen del sistema provisional argentino estructuralmente deficitario y sin solución aparente.
No es casualidad que en el 16° Índice Global de Pensiones 2024 que elaboran Mercer y el CFA Institut, los especialistas ubican al régimen jubilatorio argentino como el peor de la región. “La posición de Argentina en el Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute (47 de 48) destaca tanto avances como desafíos persistentes”, explicó Dolores Liendo, Wealth Country Business Leader de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay. “La dependencia de las jubilaciones a través de moratorias, que constituyen el 67% de los beneficios actuales, resalta la fragilidad del sistema. Por ejemplo, un trabajador en relación de dependencia con 30 años de aportes y un salario de $1.000.000 al momento del retiro percibiría un haber jubilatorio de aproximadamente $528.514, lo que representa solo el 53% de su último salario, lo que dificulta su capacidad para mantener un nivel de vida digno”, señaló.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció el fin del Plan de Pago de Deuda Previsional, de la ley 27.705, una moratoria que ha permitido a muchas personas acceder a su jubilación sin cumplir con los 30 años de aportes necesarios. Este beneficio vencerá el próximo 23 de marzo y no será prorrogado.
A pesar de que la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados pidió incluir, en las sesiones extraordinarias que comienzan esta semana, el tratamiento de la postergación de la moratoria previsional para garantizar las jubilaciones a todos los trabajadores aunque no hayan concretado los años reglamentarios de aporte, el Gobierno está evaluando llevar a cabo una reforma previsional que busca abordar la insostenibilidad del sistema jubilatorio argentino. Esto podría impactar significativamente en los planes de pensión y estrategias de beneficios para empleados.
En entrevistas a la prensa, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Mariano de los Heros se refirió a la posibilidad de una reforma previsional integral, que podría incluir un cambio en la edad jubilatoria. “El sistema previsional argentino está virtualmente quebrado y hay que repensarlo. La crisis del sistema no es exclusiva de nuestro país, sino que también afecta a otras naciones”, había afirmado el funcionario. Además, subrayó que un ajuste aislado de la edad de jubilación no resolvería los problemas estructurales del sistema. “Considero que el cambio de la edad puede ser uno de los puntos de una futura reforma previsional, pero en forma aislada no es conducente”, sostuvo.
Las tan criticadas moratorias previsionales fueron políticas públicas para garantizar el acceso a la jubilación de las personas que no tienen 30 años de aportes previsionales requeridos. Su objetivo fue reparar situaciones de desigualdad frente a trayectorias laborales informales en un país en el que más del 47% del mercado laboral se realiza sin aportes ni registro. Poner el foco en la persona que se jubiló sin aportes, es tendencioso al menos cuando el Estado no controló el trabajo informal ni al empleador que no pagó los aportes.
En particular, fueron beneficiados sectores vulnerables como el rubro del empleo doméstico, el trabajo rural y de la construcción, segmentos con una informalidad que supera el 80%. Las moratorias permitieron que una persona que no ha recibido de su empleador o no ha podido hacer aportes a lo largo de su vida acceda a una jubilación mientras realiza un pago mensual para cancelar la deuda previsional.
Las altas con moratoria fueron en 2022 y en 2023 el 65% y el 81% de las nuevas jubilaciones, respectivamente. Y, al menos desde 2010, cada año más de la mitad de las altas tuvo planes de pago por aportes no hechos en su momento. El récord se registró en 2015 (año electoral), con un índice de 87%.
Entre 2004 y 2018, el porcentaje de la población mayor de 65 años con ingresos provenientes de jubilaciones y pensiones pasó del 71,3% al 93,5%, en gran medida por las moratorias previsionales iniciadas a partir de 2005. Del total de 5,9 millones de personas beneficiarias de una jubilación, el 62.7% (3.677.533) accedieron a través de algún tipo de moratoria. De los 2 millones de varones que cobran una jubilación, el 46% accedió con alguna moratoria. Entre las 3,5 millones de mujeres que perciben un haber, el 79% accedió vía moratoria.
En la Argentina, conviven alrededor de 200 sistemas jubilatorios, cada uno de ellos con sus reglas particulares, generalmente más beneficiosas que las del régimen general, y convierte al país en el lugar con más sistemas jubilatorios del mundo, secundado por Francia, con alrededor de 40 cajas especiales.
Actualmente existen 252.766 beneficiarios de este régimen (dato actualizado al tercer trimestre de 2024), administrados por la ANSES, que tienen diferencias con el régimen general en los requisitos de: edad; años de servicios; cálculo del haber inicial; movilidad de las prestaciones, tasa de aportes personales o contribución patronal.
Los esquemas diferenciales tienen reglas particulares, como edades más tempranas de retiro, por las características de la actividad y por haberse entendido, en el momento de su aprobación, que las tareas llevan a un envejecimiento prematuro. Los ejes de debate entre los especialistas en la materia se subordina a problemas de financiamiento, subsidios cruzados y falta de equidad.
En este grupo se consideran los beneficios de: docentes no universitarios a nivel nacional; docentes, docentes universitarios; investigadores científicos y tecnológicos; trabajadores de Luz y Fuerza; Poder Judicial Nacional ($4,4 millones promedio de haber), servicios penitenciarios provinciales cuyas cajas fueron transferidas a la Nación ($2,5 millones promedio de haber) y Personal del Servicio Exterior ($4,2 millones promedio de haber), Trabajadores de los Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) de Río Turbio y Personal de Policía.
El 18% de las jubilaciones del universo previsional, según IDESA, fueron otorgadas con algún régimen especial o diferencial. El sistema nacional tiene 7 regímenes especiales, 13 cajas provinciales, lo mismo que las 29 cajas municipales existentes, las 82 cajas profesionales, otras tantas de algunos bancos estatales y los 30 regímenes diferenciales por tareas penosas; se suman también las fuerzas militares y policiales que tiene regímenes de retiro que jubilan a muy temprana edad.
Por otro lado, también aparecen las pensiones derivadas. Esto es el derecho que tiene una persona, que demuestra haber estado conviviendo con un jubilado que fallece, a recibir de por vida una pensión. Esta modalidad se contempló cuando la participación laboral femenina era muy baja y no estaba contemplado el acceso a una jubilación sin aportes. En la actualidad, es más frecuente que las mujeres tengan su empleo y todas, llegadas a la edad, acceden a su propia jubilación. Bajo este nuevo escenario las pensiones llevan a la masificación de la doble cobertura.
Las decenas de sistemas de excepción, que cuentan con mejores condiciones que el resto, para acceder a una jubilación o a una pensión, es un grave problema en la cuestión previsional. El desafío es abordar un ordenamiento integral de todos los regímenes, ir a un sistema único y más justo, que debería tender gradualmente a eliminar todos los tratamientos especiales. Bajo la misma lógica, la pensión derivada debería ser una cobertura voluntaria, es decir, que el titular en vida debería designar a la persona que recibirá la pensión ante la eventualidad de su muerte y hacer los aportes adicionales que cubran su costo. De esta manera se simplifica la gestión previsional, se evitan las controversias y la discrecionalidad y se aporta a la sustentabilidad del sistema.
El fortalecimiento del sistema previsional en Argentina es un tema de agenda en este 2025, que demanda una reforma integral no sólo jubilatoria sino también laboral. Ningún país que tenga un sistema previsional sustentable tiene más del 10% o 15% de informalidad laboral y económica: en nuestro país es más del 40%. Eso significa menos recaudación de impuestos que nutre en alguna proporción a la Anses, que no sólo se alimenta de aportes y contribuciones de los trabajadores.
De esta manera, la sustentabilidad del sistema, es decir la posibilidad de sostener a futuro el pago de las prestaciones es cada vez más difícil. Hoy en nuestro país, 9 de cada 10 mujeres no logran completar sus aportes jubilatorios en tiempo y forma y 7 de cada 10 hombres tienen los mismos problemas. Es decir, ya no se financia con aportes el régimen jubilatorio que se deteriora día a día, sino con impuestos.
Según Jorge Colina, presidente de la consultora IDESA, debe existir un ordenamiento estructural del sistema previsional que tiene que asumir tres premisas: no tocar ninguna jubilación; todos los argentinos tienen que jubilarse con la misma regla general (no debe haber más regímenes especiales ni regalos de aportes con moratorias) y no deben acumularse los beneficios previsionales (ej. cuando una persona enviudó debe optar entre la pensión derivada del fallecido o su propia jubilación). “Argentina está envejeciendo, los niños ya dejaron de crecer en términos poblacionales, con lo cual el sistema previsional debe ser ordenado para que sea más justo y sustentado”, aseguró en el informe.
Para colmo, Argentina no tiene un crecimiento económico desde hace diez años y la idea de un futuro promisorio se desvanece cuando el asalariado no cubre las necesidades de una canasta básica y casi la mitad de la economía está en negro. Así, es mucho más difícil pedirle a una generación que “vive el aquí y el ahora” y predica “la vida es una sola” que piense en el largo plazo y arme una cartera de inversión con un propio plan de retiro. Con el dato de que, al menos, los jubilados de hoy tuvieron oportunidades y posibilidades de crecimiento: arriba del 90% son propietarios. ¿Ésa será la realidad de las próximas generaciones?
Los aportantes al Sistema de Seguridad Social alcanzan los 13.413.456 de personas, mientras que las prestaciones previsionales benefician a 7.836.722, resultando en una relación de 1.71 aportantes por beneficiario. Para asegurar la viabilidad del sistema, esta cifra debería elevarse a al menos 3 cotizantes por beneficiario. La solución es compleja y requiere un debate a la altura en el Congreso.
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