Patricia Bullrich anunció el restablecimiento del uso de armas de fuego para fuerzas federales

En tal sentido, advirtió sobre las situaciones que atraviesan quienes se desempeñan en esa fuerza de seguridad: "Todos los días vemos noticias y hechos violentos que enfrenta la Prefectura Naval Argentina. Estamos dando pautas muy claras que lleven tranquilidad a los que eligieron ser parte de la Prefectura para proteger a los ciudadanos y sus familias".

En tanto, la ministra de Seguridad marcó los riesgos del personal de Prefectura Naval durante su labro. "Siempre que hablamos del uso de armas lo hablamos en el marco de un uso correcto. En el último tiempo los agentes arriesgaron la vida llegando al límite, fueron amenazados por delincuentes que los superaron en capacidad de fuego, recibieron piedrazos o les tiraron cuchillos", expresó.

También expuso el objetivo del anuncio: "Planteamos un marco adecuado y trabajamos este protocolo para que la Prefectura Naval Argentina, desde el día de hoy, pueda proteger su gente y las fronteras y estar en mejor o igual condiciones que las están los criminales y los delincuentes".

Junto a Bullrich, en la conferencia de prensa también estuvieron el subprefecto nacional naval, el general Alejandro Annichini; el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Carlos Manfroni; y el secretario de Seguridad, Vicente Mario Ventura Barreiro.

Dictan una medida cautelar contra el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich

El juzgado Criminal y Correccional Federal 7 confirmó la recepción de un informe del ministerio de Seguridad sobre el protocolo antipiquete y en consecuencia pidió a esta cartera que "adecúe la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos" por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

Según informó Télam, el juez federal Sebastián Casanello confirmó la recepción de un informe solicitado recientemente a la cartera dirigida por Patricia Bullrich para que detalle los "fundamentos jurídicos" del protocolo y "si fueron consultadas" la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.

El juez lo había pedido en respuesta a la acción de "inconstitucionalidad" presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro el 18 de diciembre pasado, cuando aseguró que la iniciativa que prohíbe que sean cortadas calles y rutas durante protestas "amenaza derechos políticos".

"El Ministerio de Seguridad explicó cómo arribó al dictado de la resolución impugnada, sus fundamentos, y la normativa en la cual se encuadraba la competencia del Ministerio de Seguridad de la Nación. De su respuesta surge que no fueron consultados otros organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil ni organismos internacionales", indicó Casanello.

Y sobre la adecuación del Protocolo a las normas internacionales de derechos humanos, "se hizo una genérica invocación de instrumentos y documentos", agregó.

"Frente a este escenario, están dadas las condiciones para dictar una medida de naturaleza cautelar -y tutelar- que actúe como paraguas de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales", aseveró Casanello, aunque advirtió que "la decisión no tendrá, al menos de momento, el alcance pretendido en la demanda" de declaración de inconstitucionalidad.

Asimismo, destacó que "la libre circulación convive con el ejercicio de otras libertades y derechos civiles y políticos, como la libre expresión, asociación y reunión, y el derecho de peticionar -y, particularmente, criticar- a las autoridades".

"Estos últimos derechos tienen un valor especial dentro del sistema democrático. Al estar más cerca del nervio democrático de la Constitución merecen especial protección", subrayó el juez.

Por las razones expuestas, Casanello pidió al ministerio de Seguridad que "adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho" y que se "instruya a las fuerzas policiales y de seguridad federales a que, en el marco de su actividad preventora, anoticien y eleven consulta, de modo inmediato, a las autoridades judiciales, de conformidad a lo establecido por las leyes procesales".