Misión Corte Suprema: entre el decreto y la sorpresa extraordinaria

-Estamos expectantes.

Lo afirma un funcionario del Gobierno que se sienta en la mesa chica del oficialismo para dirimir temas vinculados al Poder Judicial. La frase hace referencia a lo que vaya a ocurrir con la designación de jueces para la Corte Suprema de Justicia. Luego explica que el presidente Javier Milei ya tiene en sus manos las herramientas para proceder de acuerdo a la opción que elija: nombrar a dos ministros para el máximo tribunal en Comisión o someter sus pliegos a debate de la Cámara de Senadores. Para la segunda opción primero necesita alcanzar dictamen de mayoría para cada uno de los candidatos. Y hay uno que todavía no lo tiene.

Los estrategas del Gobierno no se resignan. Aún con dificultades y con las negociaciones empantanadas, el tratamiento de los pliegos de los candidatos a integrar el máximo tribunal en el Senado sigue siendo una posibilidad. La manejan con discreción algunos senadores que no integran el bloque de la Libertad Avanza y unos pocos funcionarios encumbrados. A pesar de que el tema no figura en el primer anuncio de convocatoria a sesiones extraordinarias -hasta ahora no fue más que eso, un anuncio-, el Poder Ejecutivo puede ampliar el temario o incluirlo en una segunda convocatoria para otro momento del período de receso estival del Congreso, si es que la hubiera.

“Aún no tenemos definiciones absolutas. Estamos cerrando el año con todas las opciones posibles”, afirma, evitando las precisiones, uno de los funcionarios de la Casa Rosada que interviene en las conversaciones, bajo radar, que enfocan el tema. Sabe, de todas formas, que los tiempos podrían acelerarse brutalmente después del 29 de diciembre, cuando el juez Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años y deje su lugar en la Corte.

La otra opción que analiza el gobierno es designar a los jueces en Comisión, a través de una particular interpretación del inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional que dice que el Ejecutivo “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Los detractores de esta posibilidad, entre los que aparecen jueces, fiscales, diputados, senadores y constitucionalistas, remarcan que los jueces no entran en la categoría de “empleados” porque integran otro poder del Estado y que ese artículo puede aplicarse, por ejemplo, a la designación de diplomáticos.

Por las dudas, los senadores de Unión por la Patria ya avisaron que si el Gobierno da ese paso rechazarán en la Cámara Alta los pliegos del juez Ariel Lijo y el catedrático Manuel García Mansilla con lo que harán caer sus postulaciones. El artículo 99 de la Constitución establece que la designación de los jueces en Comisión duraría hasta la “próxima legislatura” y sin ningún voto kirchnerista no pasarían el filtro del Senado, por lo que ocuparían una silla en el máximo tribunal, como máximo, por un año. ¿Estarían dispuestos?

Pero el Ejecutivo tiene un problema más: uno de los candidatos para ocupar un lugar en la Corte ya le hizo saber que no le sería nada cómodo tener que asumir por un decreto que lo designe en Comisión. Eso obligó a los estrategas de Milei, entre los que se encuentran su asesor Santiago Caputo y el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, a seguir explorando alternativas.

Las negociaciones

“Uno y uno”, insisten desde la oposición peronista de Unión por la Patria y explican: uno será el candidato de quienes quieren destruir el Estado desde adentro y otro de quienes queremos un Estado que se ocupe de generar derechos allí donde hay necesidades.

Entre los negociadores del oficialismo hubo uno que, con mucha audacia, intentó resignificar ese “uno y uno”, y respondió: “¡Estamos de acuerdo! Lijo es el candidato de ustedes y García Mansilla es el nuestro”. Pero no le salió. “Que tengamos más voluntad de votar a Lijo que a García Mansilla no quiere decir que su postulación haya sido nuestra idea, fue de ustedes y se las acercó (Ricardo) Lorenzetti”, fue la respuesta.

El intento tenía una base lógica: Lijo ya tiene, según aseguran oficialistas y opositores, los nueve votos que le garantizan el dictamen de Comisión y conseguiría la mayoría agravada que necesita para llegar a la Corte. García Mansilla todavía no. Entre las firmas que respaldaron la candidatura de Lijo está la de la catamarqueña Lucía Corpacci, cercana a Cristina Fernández de Kirchner. Pero no sería la única de un integrante del bloque de Unión por la Patria. Detalle: quien tiene las hojas en las que se juntan las firmas -cuentan desde la Cámara Alta- no es un legislador libertario sino un senador que por estos días mira como uno de sus laderos cayó en desgracia.

Una de las grandes diferencias entre ambos candidatos propuestos por el presidente Javier Milei pasa por su agilidad política: mientras Lijo se gestionó sus propios votos, García Mansilla dejó esta misión en manos de la Casa Rosada. ¿Cómo los ve el kirchnerismo? “Garcia Mansilla es predecible porque tiene un fuerte sesgo ideológico, votará siempre en modo libertario. Lijo -por su parte- es un juez que dialoga con el sistema y eso le juega a favor, estamos dispuestos a aportar votos”, resume una fuente calificada del peronismo.

“La firma de Corpacci no estuvo acordada con la Libertad Avanza, al contrario. Fue una forma de presionar. La senadora quería hacerlo desde antes. Fue el momento oportuno. La firma los arrincona porque expone que no tienen voluntad de negociar. Las conversaciones por este tema están frenadas hace dos meses”, asegura un dirigente peronista que tiene canales de diálogo con la Casa Rosada.

Para destrabar el tema, en algún momento los negociadores del Gobierno intentaron un camino alternativo y propusieron desempolvar el proyecto kirchnerista para ampliar la Corte, que tiene media sanción del Senado. Prometieron mandar a sus diputados y los aliados a votarlo. Pero la dinámica de la propuesta fue lo que no gustó en la contraparte. El Gobierno pretendía que el peronismo le diera los votos para Lijo y García Mansilla y que, una vez completada la Corte de 5 miembros, se tratara el proyecto para ampliar la Corte. La respuesta desde el Instituto Patria, a través de emisarios, fue tajante: “Se hace todo junto. Aprobamos la ampliación y ahí entran esos dos candidatos juntos con otros”. No hubo acuerdo. No hay confianza.