Juezas y jueces de COPAJU pidieron abordar la situación de las personas que viven en la calle: "Ningún ser humano es descartable"

En una declaración titulada “La calle no es un lugar para vivir” y recordando que “ningún ser humano es descartable”, el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) se manifestó ante las recientes declaraciones de funcionarios sobre las personas en situación de vulnerabilidad habitacional.

Advirtieron acerca de “una creencia más profunda que no solo es jurídicamente incorrecta sino inmoral, como es que los derechos son solo para la población que pueda pagarlos”, de lo que “obviamente se sigue que no todos los seres humanos somos iguales, puesto que no seríamos destinatarios de los mismos derechos”.

El documento del Capítulo Argentina de COPAJU, que reúne a magistradas y magistrados de todo el país consustanciados con las ideas del Papa Francisco, plantea que si bien “la población comparte que la calle no es un lugar para vivir, ni para pernoctar, ni alimentarse, ni criar a los hijos”, y que también hay coincidencia en la preocupación por el creciente número de personas en esta condición en las grandes ciudades, existen por el contrario “diferencias en los ‘métodos’ para solucionar el problema como parecería surgir a raíz de las declaraciones de diversos funcionarios locales con responsabilidad en la materia”.

Frente a esto, las juezas y jueces afirmaron que “quienes promueven como solución ‘barrer’ a estas personas a fin de que no ‘molesten’ en la vía pública se desentienden de su destino final”. Explicaron que, “si bien se alega que existe asistencia móvil en las calles y refugios, lo cierto es que muchas veces estos dispositivos son insuficientes o inadecuados al punto que las personas en situación de calle prefieren la degradante condición de permanecer en las calles antes que utilizarlos”. A la vez, frente a una respuesta institucional que repite “es lo que hay’”, subrayaron que “es necesario pensar mejor cómo asistirlos en la inmediatez y cómo abordar su situación en forma integral para revertirla”.

Refiriéndose a las trayectorias de quienes se ven forzados a vivir en la calle, y haciendo referencia a los dichos de funcionarios “particularmente de las ciudades de Mar del Plata y de Buenos Aires”, el Capítulo Argentina de COPAJU afirmó que “seguramente sus historias están mucho más cerca de la población económicamente solvente de lo que se cree”. ¿Qué es lo que ocurrió, entonces? “La respuesta es sencilla: mientras tuvieron trabajo no les han hecho los aportes necesarios para poder contar con algún tipo de ayuda estatal o jubilación, tampoco tuvieron acceso a un plan de vivienda acorde a sus ingresos ni a la educación formal suficiente ni a la capacitación profesional necesaria para continuar activos en el mercado de trabajo”. Se suma a esto “la falta de atención a su salud” en los casos de personas con padecimientos mentales o con consumos problemáticos, “afecciones que no reconocen diferencias de clase social”.

En definitiva, se trata de “incumplimientos de normas de jerarquía nacional e internacional”. Por eso, las magistradas y magistrados exhortaron a los funcionarios responsables “a que presenten propuestas realistas, conducentes, de calidad y que respeten las normas vigentes, fundamentalmente los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional”.

Preocupación de las pastorales de la Iglesia

Desde Cáritas, los centros del Hogar de Cristo y la Pastoral de las Adicciones del Obispado de Mar del Plata alertaron que "acompañamos a las personas en situación de calle y a los sectores vulnerables observamos con profundo dolor y preocupación la grave situación que atraviesan estos hermanos y hermanas en nuestra ciudad. Cada día nos encontramos con nombres, rostros e historias que nos interpelan: hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños que enfrentan una dura realidad de exclusión social, negación de derechos básicos y una vida marcada por el abandono y la indiferencia".

"Desde nuestras comunidades, trabajamos incansablemente para acompañar a quienes sufren esta dolorosa realidad. Nuestro compromiso no se limita solamente a ofrecer asistencia inmediata, como un plato de comida o un lugar de refugio, sino que busca abordar las causas estructurales que perpetúan estas desigualdades: el desempleo, la precarización laboral, la ausencia de políticas habitacionales efectivas , la falta de una atención integral a la salud y el aumento del consumo de drogas sin políticas eficaces de control, prevención y asistencia", agregaron

"Nos preocupa profundamente que las respuestas sean insuficientes y muchas veces adopten un enfoque que prioriza la represión y el desalojo por encima de la escucha, el cuidado y la dignidad. Esta mirada excluyente y violenta debe ser transformada para avanzar hacia políticas públicas que verdaderamente promuevan la inclusión y reconozcan a cada persona como sujeto de derechos", concluyeron.

Las pastorales explicaron que "desde el Evangelio de Jesús, reafirmamos que las personas en situación de calle no son un 'problema' que deba resolverse, sino hermanos y hermanas que merecen respeto, reconocimiento en su dignidad y acompañamiento. Como Iglesia, renovamos nuestro compromiso de trabajar por la paz social en unidad con todos los sectores, convocando a un diálogo abierto y solidario que promueva la construcción del bien común".

"Tal como nos ha recordado el Papa Francisco en Fratelli Tutti, nadie puede salvarse solo. En este momento crítico, Mar del Plata necesita un pacto social que coloque a los más vulnerables en el centro de las prioridades, desplazando la indiferencia y rechazando la violencia institucional como respuesta a la pobreza. Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a nuestros representantes y funcionarios del Estado para que redoblemos esfuerzos y asumamos un compromiso real con quienes más sufren, porque todos los marplatenses nos merecemos una sociedad fraterna, solidaria y en paz", finalizó el escrito.