Tras casi cien años de funcionamiento, la ex-Unidad Penal N.º 2 comenzó el traslado de sus 1.500 detenidos a Marcos Paz. El fin de un gigante de cemento que quedó atrapado en la trama urbana y dejó una huella imborrable en la memoria popular y política del país.
La Cárcel de Devoto, símbolo del barrio con pesar de los vecinos.
C5NLos gobiernos nacional y porteño comenzaron el pasado fin de semana con el traslado de 1.500 detenidos de la ex-Unidad Penal N.º 2 del barrio de Villa Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, lo que le da cierre a la casi centenaria historia de la última cárcel federal que quedaba dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Un edificio que iba a ser un hospital pero terminó siendo un presidio, que fue escenario de tragedias y que marcó la vida del vecindario.
El decreto que ordenó construir el penal en Devoto se firmó en abril de 1923, pero los problemas que lo originaron venían de mucho antes. A fines del siglo XIX y principios del XX, Buenos Aires crecía a ritmo acelerado por la llegada de inmigrantes europeos, y con la población aumentaron también los delitos menores, como la vagancia o el juego clandestino. Las alcaldías policiales quedaron desbordadas y las autoridades empezaron a buscar un predio para un gran edificio donde alojar a los "encausados", los detenidos que esperaban una resolución judicial.
La idea era levantar la cárcel en un terreno periférico, lejos de las zonas más urbanizadas, pero los intentos previos no prosperaron. Se evaluó construirla cerca del Cementerio del Sur, en Parque Patricios, y también cerca del de la Recoleta, aunque ninguno de los dos planes se concretó.
La propuesta más ambiciosa fue la Cárcel del Parque, un proyecto de 1911 que se levantaría junto al Hospital Tornú, en el parque de Agronomía, donde hoy están el Club Comunicaciones y el Barrio Rawson. Tenía mucho apoyo mediático y oficial, y su diseño estaba a cargo de los arquitectos Juan Antonio y Juan Carlos Buschiazzo, autores de edificios emblemáticos de la ciudad. Sin embargo, la Escuela de Agronomía se negó a ceder los terrenos, que eran de su propiedad, y el proyecto fracasó.
La salida apareció de un lugar inesperado: un terreno donado por la familia Visillac, tradicional del entonces Partido de San José de Flores, que en 1888 pasó a formar parte de la Ciudad. Eran unas cinco hectáreas en Devoto y su destino original era un hospital. Pero, según repasa el historiador Norberto Malaguti, vicepresidente de la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto, un decreto de abril de 1923 dispuso que esas hectáreas se usaran para una cárcel.
Cuando empezó la obra, Villa Devoto era una zona dominada por quintas de frutas y verduras y por hornos ladrilleros. La construcción avanzó rápido y el penal se inauguró oficialmente el 2 de mayo de 1927, con un único edificio, bajo la jurisdicción del Servicio de Alcaldías, que dependía de la Policía de la Capital. El proyecto incluía ocho pabellones paralelos, ubicados a ambos lados de una galería central y orientados de modo que el sol alcanzara sus fachadas.
Durante sus primeros años funcionó como cárcel de encausados. En 1957 pasó al ámbito del Ministerio del Interior y empezó a alojar a delincuentes comunes, un cambio que, según Malaguti, aumentó su impacto negativo sobre el entorno residencial. Se llamó entonces Instituto de Detención de la Capital Federal, Unidad 2, y desde 2007 su nombre oficial fue Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con el correr del siglo, el crecimiento de la Ciudad hizo que el penal quedara en medio de la urbanización, rodeado por las calles Bermúdez, Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano. La cárcel que se había imaginado lejos de todo terminó pegada a las casas de sus vecinos.
El 25 de mayo de 1973, con Héctor Cámpora recién asumido como presidente, la cárcel de Devoto protagonizó lo que se conoció como el Devotazo. El mandatario, mano derecha (o izquierda) del entonces proscripto Juan Domingo Perón, estaba presionado por grupos de la Juventud Peronista y de movimientos de izquierda para que liberara a todos los llamados "presos políticos" alojados en el penal.
Miles de personas se movilizaron hasta la cárcel y rodearon el predio para exigir la liberación inmediata de esos detenidos. El Presidente había prometido firmar un decreto poco después de asumir, pero la presión de los militantes ese mismo día forzó la apertura de las puertas y los encarcelados recuperaron la libertad. En la salida hubo abrazos, cantos y festejos.
El 14 de marzo de 1978 ocurrió la llamada Masacre del Pabellón Séptimo, conocida en su momento como "el motín de los colchones". Se calcula que murieron entre 60 y 65 internos, algunos por el humo y el fuego y otros baleados, y que otros 85 resultaron heridos por la combustión que provocó la quema de colchones.
Entre las víctimas estaba Luis María Canosa, músico platense amigo del Indio Solari. El cantante de Los Redondos lo incluyó en dos de sus canciones: Pabellón séptimo (relato de Horacio), que refiere de manera explícita al motín, y Toxi taxi.
La tragedia ocurrió en plena dictadura. Entre 1976 y 1983, la cárcel funcionó además como centro clandestino de detención: unos 1.200 detenidos ilegales fueron destinados a Devoto para ser "blanqueados", es decir, incorporados al sistema penitenciario legal para evitar la condena de la comunidad internacional por el plan de desaparición de personas.
El 24 de abril de 2020, en pleno brote de Covid-19, cerca de 40 presos de la Unidad 1 tomaron el control del sector y subieron a los techos del penal. Eran alrededor de las 9:20 y, en lo alto, colgaron una bandera con un mensaje: "Nos negamos a morir en la cárcel". El penal alojaba entonces a unos 1.700 internos y el clima en las cárceles del país estaba muy tenso: días antes, un motín en la Unidad 23 de Florencio Varela había dejado un preso muerto.
El detonante fue la confirmación de que un agente del Servicio Penitenciario Federal, con rango de subayudante, había dado positivo de coronavirus. A raíz de eso, sacaron a cuatro presos con síntomas para hacerles test. Los internos reclamaban prisión domiciliaria para quienes integraban la población de riesgo y conmutaciones de pena, y pedían además hisopados para toda la población. La protesta se prolongó durante unas diez horas.
Para destrabarla, el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, entró personalmente al penal, a pedido de los referentes del motín. El primer acuerdo previó recorridas por los pabellones y un relevamiento de los daños, además del compromiso del Servicio Penitenciario de no trasladar a los internos que habían participado. También se creó una mesa de diálogo y, a principios de mayo, tras la cuarta reunión, se firmó un acta de siete puntos que dio por concluido el conflicto y reforzó los compromisos de prevención del Covid-19.
El episodio tuvo un saldo grave. La Procuración Penitenciaria de la Nación denunció que dos presos habían sido heridos con balas de plomo durante el motín: uno de ellos quedó hemipléjico y ambos dieron positivo de coronavirus.
Pared de por medio con la cárcel se ubica el Club Atlético General Lamadrid, fundado en 1950 sobre la calle Desaguadero. La cercanía entre ambas instituciones marcó una convivencia singular en el barrio: el estadio Enrique Sexto y las instalaciones del club "Carcelero" (mote nacido justamente por su extrema proximidad con el penal) sufrieron de cerca las consecuencias de cada conflicto interno, como los impactos de balas en sus paredes durante los motines o la suspensión de partidos e actividades comunitarias por razones de seguridad.
En 1963, el Servicio Penitenciario tomó un sector del predio del club sobre la calle Bermúdez para instalar talleres y estacionar vehículos de traslado. Con el anuncio y avance del traslado definitivo de la cárcel al Complejo Penitenciario de Marcos Paz, los socios y directivos ven cerca la oportunidad de recuperar ese espacio perdido.
El cierre de Devoto estaba en los papeles desde 2018, cuando Nación y Ciudad firmaron dos convenios, en marzo y en agosto, que vinculaban la desocupación del penal con la entrega de una nueva cárcel federal en Marcos Paz. El traslado, previsto en principio para 2020, se demoró seis años: las obras tuvieron interrupciones y nuevas contrataciones, y estuvieron largo tiempo paralizadas hasta que el Gobierno porteño las reactivó en diciembre de 2024.
Finalmente, tras la firma de un convenio entre el Gobierno porteño y la Nación, el domingo 11 de octubre comenzó el traslado gradual de los cerca de 1.500 presos. Los primeros 326 salieron ese fin de semana en un operativo coordinado por un Comando Unificado que reúne a fuerzas federales, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. El nuevo complejo, construido por la Ciudad y entregado al Ministerio de Seguridad de la Nación, se levanta sobre 80 hectáreas y tiene cuatro unidades de máxima seguridad con capacidad para 2.232 presos. Cuando termine la mudanza de Devoto, también llevarán allí a otros 350 detenidos que hoy están en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad.
Queda pendiente el destino del terreno. Según el convenio, la cárcel está emplazada sobre un inmueble cuyo dominio corresponde al Estado Nacional, que deberá cederlo a la Ciudad, y la Legislatura porteña definirá el uso del predio.
A casi cien años de su inauguración, una cárcel que se pensó para las afueras termina su historia cuando la Ciudad ya la rodeó por completo, y su último capítulo es una mudanza que los vecinos reclamaban desde hacía décadas.
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