Universidades: pese al recorte en el Presupuesto 2026, el Gobierno insiste en "falsas denuncias"

"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, informa que frente a las denuncias sobre un supuesto desfinanciamiento de las Universidades Nacionales, resulta imperioso analizar los datos reales que sustentan la gestión de los recursos públicos. Además, lanzamos una nueva plataforma que permitirá conocer la realidad de cada una de las universidades nacionales con datos actualizados y fehacientes", publicó en X la cartera a cargo de la ministra Sandra Pettovello.

La publicación, que curiosamente no remite ni adjunta el link sobre el nuevo micrositio, detalla que en el mismo se podrá conocer la cantidad de alumnos regulares que asisten a las distintas universidades, la tasa de egreso, el presupuesto y costo por graduado.

También denuncian que la Universidad de Buenos Aires debe el 50% de las rendiciones de gastos de salud correspondiente al 2024 y 2025. En referencia a la población estudiantil extranjera, Capital Humano detalla que "cerca del 40% de los estudiantes son de medicina de la UBA", mientras que el 51% son de la misma carrera pero en la Universidad de La Plata.

La Justicia ordenó que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó a fines de marzo la apelación presentada por el Gobierno y le ordenó el cumpliento de manera inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación en agosto de 2025, y ratificada en octubre del mismo año tras el veto presidencial.

El voto de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán ratificó la cautelar que ordenaba al Ejecutivo la aplicación en la legislación de los artículos 5º y 6º referidos a la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales y del monto de becas estudiantiles.

"El señor juez titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°11 admitió la medida cautelar solicitada por la parte actora, y declaró inaplicable, respecto a la ley 27.795, lo dispuesto en el decreto 795/23", detalla la resolución, donde también ordenó a la demandada "a cumplir, de forma inmediata, con lo dispuesto en los arts. 5 y 6 de la ley 27.795".

El primero de ellos establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes considerando un porcentaje que "no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC)" informado por el INDEC para el periodo entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley. Asimismo, el artículo 6 ordena la recomposición de los programas de becas estudiantiles basándose también en la variación acumulada del IPC.