La Auditoría General de la Nación paralizada: ¿qué puede pasar con las designaciones?

La Auditoría General de la Nación (AGN) atraviesa una de sus crisis institucionales más agudas: de sus siete miembros, solo uno —Juan Manuel Olmos, su presidente— permanece en funciones. El resto tiene mandatos vencidos. Diputados debe designar tres auditores desde hace más de un año, y el Senado acumula vacantes desde abril.

Mientras tanto, el Congreso discute proyectos para reformar la ley que regula la AGN. Sin consenso para avanzar con las designaciones tal como están, algunas fuerzas buscan reconfigurar su integración, mientras otras defienden el equilibrio actual. La disputa política mantiene paralizado a uno de los organismos de control más relevantes del Estado.

La situación de la Auditoría también generó una señal de alarma interna. En una reciente reunión de la Bicameral Revisora, trabajadores del organismo advirtieron que la institución está “a la deriva”. Denunciaron la parálisis que atraviesan muchas áreas ante la falta de conducción y el desgaste institucional que representa operar con vacantes prolongadas.

El reclamo sindical apuntó a la responsabilidad del Congreso en normalizar la situación. También, remarcaron que, de continuar esta inacción, la AGN podría enfrentarse a una acefalía técnica con serias consecuencias para su funcionamiento y credibilidad.

Diputados sin quorum

NA

Diputados: sin consenso pleno y un acuerdo que se frustra

En la Cámara baja, la renovación de auditores de la AGN sigue sin destrabarse. Aunque en algunos temas la oposición logra articularse —como ocurrió con los proyectos sobre aumento a jubilaciones o emergencia en discapacidad, que se tratarán en la próxima sesión—, en este caso las diferencias entre bloques priman y el acuerdo se diluye.

Los nombres que circularon el año pasado —Jorge Triaca, Santiago Viola, Mario Negri y Juan Ignacio Forlón— quedaron freezados en el nuevo esquema de negociación. En las semanas previas a la fallida sesión del 21 de mayo, Unión por la Patria habría alcanzado un principio de acuerdo Encuentro Federal, para impulsar a Emilio Monzó y la renovación de Forlón, dejando el tercer lugar para el oficialismo y sus aliados. En ese esquema, quedaba abierto quién definiría ese nombre: si sería el PRO que hoy se encuentra debilitado tras el fracaso en las elecciones porteñas, o para el oficialismo envalentonado.

Ese posible entendimiento no logró conformar a todos los sectores y quedó momentáneamente frustrado. Paralelamente, volvió a aparecer el nombre de Mario Negri, promovido en su momento por un sector de la UCR. Si las nominaciones para Monzó y Forlón avanzaran, dejarían fuera de la cancha al cordobés, quien buscaba esa silla desde el primer momento en que se vencieron los mandatos.

El intento de avanzar con este acuerdo entre el peronismo y el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto motivó la inclusión del tema en la sesión del 21 de mayo. Pero no hubo quórum, y la jugada terminó en frustración. Para la sesión del 4 de junio, los impulsores del debate decidieron no insistir: entendieron que forzar la discusión sin respaldo pleno podía volver a trabar el funcionamiento parlamentario y frustrar el avance de los proyectos previsionales y del sector de discapacidad.

Además, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, presentó un proyecto para reformar la ley 24.156. Allí propone aumentar la cantidad de auditores designados por Diputados y reducir los del Senado, en una jugada que podría alterar el peso político dentro de la AGN en favor del oficialismo. La propuesta fue un movimiento táctico para reconfigurar la negociación y tentar a algunos sectores del peronismo, que podrían insistir con dos lugares -dada la cantidad de miembros de su bloque- como solicitaban en 2024. Si bien la norma comenzó a tratarse en comisión, su proyección en el Senado es muy limitada: todo indica que allí enfrentaría un rechazo seguro.

En el Senado se activó la negociación

La presentación del proyecto para modificar la AGN de Martín Menem encendió las alarmas en ambas Cámaras y reactivó el tratamiento del tema en el Senado. Según analizan algunas fuentes parlamentarias, si la iniciativa de Menem obtuviera media sanción, frenaría cualquier designación en el corto plazo. De esta manera, el oficialismo ganaría tiempo hasta el recambio de diciembre, donde La Libertad Avanza tiene chances de sumar legisladores.

Ante ese escenario, se abrió un canal de diálogo entre el formoseño José Mayans y Juan Carlos Romero para avanzar en un eventual acuerdo. Mientras tanto, el radicalismo insiste con nombrar al exsenador Luis Naidenoff.

No solo comenzaron las conversaciones para definir las vacantes, sino que también se reactivó el debate legislativo sobre la estructura misma del organismo. En comisión se trabajan dos proyectos: uno impulsado por los peronistas Mayans, Di Tullio y Fernández Sagasti, que propone una reconfiguración con ocho auditores —cuatro por cada Cámara— y mandatos reducidos a cuatro años; y otro del salteño Romero, que mantiene las seis sillas actuales pero también acorta los mandatos. Ambas iniciativas, alineadas en espíritu, podrían sintetizarse en un solo texto. Buscan llegar a los consensos necesarios para emitir dictamen la semana próxima.

Estas iniciativas reflejan un debate de fondo sobre el futuro de la AGN: mientras algunos sectores buscan adaptarla al nuevo escenario político, otros rechazan cualquier intento de romper el equilibrio actual en la composición del organismo. Las decisiones que se tomen en el Senado serán clave para destrabar —o prolongar— la parálisis institucional.

Un organismo de control al límite

La AGN es la principal herramienta del Congreso para auditar el uso de fondos públicos. En un contexto de ajuste fiscal, emergencias y ampliación de poderes discrecionales del Ejecutivo, su rol adquiere una importancia mayor. Pero con solo un miembro en funciones, el organismo está paralizado. No puede emitir nuevos informes, aprobar dictámenes o cumplir de forma plena su mandato constitucional.

Las opciones en debate son dos: avanzar con las designaciones que corresponden por ley o reformar su integración. Aunque en el Senado pareciera estar más claro el panorama que en Diputados, lo cierto es que, a la fecha, el organismo continúa vacío, con su capacidad de control reducida al mínimo.

Hugo Quintana, secretario general del gremio de APOC, de los trabajadores de la Auditoría afirmó que "la Auditoría es un barco a la deriva" ante la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.