El Ministerio de Capital Humano calificó a la medida de "avance ilegítimo sobre la democracia que viola la división de poderes" y aseguró que hubo una "compra irregular" que "se encuentra bajo una auditoría".
Aseguran que hay tres toneladas de yerba compradas de manera irregular.
Luego de que la Justicia intimara al Gobierno a redistribuir las 5 mil toneladas de comida hallada en galpones en Villa Martelli y Tafí del Valle, desde el Ministerio de Capital Humano anunciaron que apelarán la medida "porque no es una cuestión judicial sino que es una cuestión de política pública" y aseguraron que hubo una "compra irregular" que "se encuentra bajo una auditoría".
Según expresaron en un comunicado, la cartera que dirige Sandra Pettovello "apelará el pedido del juez federal Sebastián Casanello, quien solicitó que en 72 horas se elabore un plan para distribuir los alimentos alojados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí del Valle que las organizaciones utilizaban para los comedores fantasma".
El texto remarca que "de las 5 mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3 mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría". "Esta yerba no solo se adquirió a través de procesos poco transparentes, sino que se trata de un producto de mala calidad", afirmaron.
Desde el ministerio manifestaron que "el pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes; no se van a entregar alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas".
El texto finaliza explicando que la cartera apelará la resolución "porque no es una cuestión judicial sino que es una cuestión de política pública".
Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que "estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes, pasa en el resto de los países del mundo. No hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura". "Esto corre por dos caminos distintos: por uno van los alimentos que terminan en los comedores y sirven para asistir a los más vulnerables y por otro los alimentos con destino para otro fin", detalló.
La Justicia le ordenó al gobierno de Javier Milei que entregue los alimentos retenidos por el ministerio de Capital Humano que debían ser entregados a comedores y que presente un plan de distribución inmediata para los sectores que sufren inseguridad alimentaria.
El juez federal Sebastián Casanello libró una "orden de presentación" para que se informe la cantidad, especie, fecha de vencimiento y otros detalles de los alimentos hallados en los depósitos. Según se denunció, serían más de 5 millones de kilos de comida que fueron comprados por el gobierno anterior.
La medida se enmarca en la investigación iniciada por una denuncia penal contra el Gobierno por la supuesta interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios . Ahora el juez intimó a la ministra Sandra Pettovello a informar en un plazo de tres días sobre las toneladas de alimentos que están en depósitos.
En febrero pasado, el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, presentó junto a otras organizaciones sociales una denuncia contra Pettovello en la que se la acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público "por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina".
Grabois amplió la denuncia días atrás cuando, tras un pedido de acceso a la información pública, el medio El Destape reveló el detalle de los alimentos que estarían próximos a vencerse y acumulados en depósitos.
Según la denuncia original de Grabois, impulsada por la fiscal Paloma Ochoa, Pettovello estaría "violando normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema".
En su presentación, Grabois reclamó que las unidades ejecutoras de seguridad alimentaria "informen si han recibido subsidios alimentarios por parte del Ministerio de Capital Humano durante 2024″ y que la oficina local de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aclare si se mantiene vigente el Programa de Abordaje Comunitario en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre.
En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo tramitan otros planteos para que el Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Capital Humano, "no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y/o merenderos hasta que culmine la transición a la nueva modalidad de asistencia alimentaria".
Los planteos tienen como fin que no se altere la situación respecto a la entrega de dichos alimentos, prevista por Ley 25.724, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación "en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”.
También la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a varias organizaciones, Grabois y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron una medida cautelar para que Capital Humano garantice el derecho a la alimentación.
Según la información oficial, el stock de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán sin entregar incluyen:
Además hay cantidades menores de arvejas, guiso de lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo.
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