El Gobierno designó al exinterventor de ANDIS al frente de la Secretaría de Discapacidad

Tras meses de demora y bajo la presión de una orden judicial, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. En paralelo, designó a tres funcionarios en el área, entre ellos a Alejandro Alberto Vilches, exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), como titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

La medida se implementó a través del Decreto 83/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El texto define que, partir del 23 de enero de 2026, Vilches asumió como Secretario Nacional de Discapacidad, mientras que Gianfranco Scigliano y Esteban Rafael Giler ocupan los cargos de Subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, y Subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, respectivamente.

Vilches había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025 tras la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por las presuntas coimas. Debió realizar una auditoría profunda del área para garantizar que los beneficios se otorguen a los destinatarios correspondientes.

El actual secretario se desempeñó como titular de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud y fue responsable de la supervisión del reciente examen unificado para el ingreso a residencias médicas, célebre por las irregularidades en los puntajes, con inusual aumento de calificaciones altas.

Egresado de la Universidad del Salvador, Vilches cursó estudios de especialización tanto en gestión de sistemas de salud públicos como privados. En el ámbito estatal, fue asesor en la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, subgerente en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (I.O.S.F.A.), y ocupó jefaturas en áreas técnicas de la Armada Argentina. Sumó experiencia como director general de evaluación de calidad en la Ciudad de Buenos Aires y como asesor en comisiones de salud de la Legislatura porteña y la Cámara de Diputados de la Nación.

Discapacidad: el Gobierno reglamentó la ley de emergencia obligado por la Justicia y tras meses de retraso

Se trata de la ley 27.793 que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Sin embargo, Tras su aprobación parlamentaria, el Poder Ejecutivo paralizó mediante decreto su implementación argumentando falta de previsión presupuestaria.

En diciembre, el juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró inválido el artículo del decreto que frenaba la aplicación de la ley y ordenó su implementación inmediata. En su fallo, advirtió que el condicionamiento presupuestario chocaba con obligaciones constitucionales y tratados internacionales, y alertó sobre el riesgo concreto de interrupción de tratamientos esenciales para personas con discapacidad.

Pese a apelar la decisión ante la Cámara Federal de San Martín, el magistrado habilitó la feria judicial y exigió al Ministerio de Salud que informara qué acciones estaba tomando. La respuesta oficial llegó a medias: se habló de trámites internos y pasos administrativos, pero sin plazos ni definiciones claras. La reglamentación publicada ahora viene a cerrar ese expediente abierto por la inacción oficial.

El decreto establece, por primera vez, reglas operativas para la ley. Entre los puntos centrales, crea un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, fija criterios de acceso, permanencia e incompatibilidades, y dispone auditorías periódicas. También ordena la conversión automática de las pensiones ya otorgadas al nuevo esquema de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

La Secretaría Nacional de Discapacidad, bajo la órbita del Ministerio de Salud, deberá coordinar la implementación y convocar al Consejo Federal para definir criterios socioeconómicos. Además, se fijó un plazo de 30 días para presentar un plan de auditorías, un requisito que la ley ya preveía y que hasta ahora no se había cumplido.