El Gobierno acelera para completar las vacantes en los juzgados federales

Por un relevamiento interno realizado por el máximo tribunal, si el gobierno no avanza con estas designaciones, se advirtió que para mitad de este año la cantidad de vacantes dentro de la justicia aumentará a 42%, un número inédito desde el retorno de la democracia. En total, 313 sillas están sin ocupar, de las cuales 200 pertenecen a jueces nacionales y federales, y las 113 restantes a fiscales y defensores. Si bien estas faltas son complementadas mediante la subrogación de otros juzgados, lo cierto es que la falta de nombres compromete el buen funcionamiento de la justicia en general, una instancia que la Corte ve con malos ojos.

A sabiendas de estas quejas, esta mañana Manuel Adorni hizo referencia a la situación y admitió que “hoy 364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes, haciendo funcionar a la justicia casi al 60% de capacidades y responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social”.

En los pasillos de Balcarce 50, en tanto, no faltaron las lecturas suspicaces. “Habló de las vacantes en la justicia, uno de los puntos que Sebastián (Amerio) no pudo cumplir”, se escuchó analizar a un deambulante. La salida del ex viceministro de Justicia estuvo inmersa en la interna a cielo abierto que Santiago Caputo mantiene con la hermana presidencial, Karina Milei, quien le arrebató el control político de la cartera al asesor con la excusa interna de “no avanzar lo suficientemente rápido” como se esperaba.

Con la presión de la Corte sobre sus espaldas, el gobierno puso primera y, según dijo una fuente inobjetable a C5N.Com, los pliegos se enviarán “a más tardar entre hoy y mañana”, una vez que lleguen a manos de la secretaría legal y técnica para que puedan ser publicados en el Boletín Oficial. Luego, los nombres de los aspirantes deberán ser aprobados por el Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado, a través de una mayoría simple.

En este sentido, y para intentar calmar las exigencias del máximo tribunal, desde la Casa Rosada dejaron trascender que la intención es completar “lo antes posible” todas las vacantes. Para ello, los estrategas legislativos del gobierno confeccionaron un plan de acción con el que prevén enviar entre 50 y 60 pliegos por semana, a fin de llegar a mitad de año con las vacantes cubiertas. Este plan, sin embargo, no incluirá la discusión por las sillas en la Corte Suprema, donde el gobierno intentó nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla meses atrás. “Esa discusión va a quedar para la segunda mitad del año”, afirmaron desde la mesa chica del presidente.

Para la aprobación de todos los pliegos, el gobierno precisa juntar el apoyo de la mitad del Senado. Con intención de llevarle un nuevo triunfo al presidente en medio de su carrera personal para ser bendecido para competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, el ministro del Interior, Diego Santilli, abrirá una nueva ronda de negociaciones con la oposición dialoguista y los gobernadores, particulares interesados en completar los juzgados de sus provincias.

En este sentido, desde varias provincias hicieron llegar su preocupación a los distintos interlocutores del gobierno por la posibilidad de que los acuerdos previamente cerrados con el tándem Caputo-Amerio no sean respetados. “¿Por qué les daría los votos si no me respetan lo que cerré?”, se preguntó, retórico, un mandatario provincial ante la consulta de este medio sobre el acompañamiento de su bancada en el tratamiento de las vacantes. Desde el oficialismo, por su parte, advirtieron que no está entre las intenciones del oficialismo “cagar (SIC) a nadie”, pero que “van a presentar los nombres que el presidente considere adecuados”.

Pese a los posibles encontronazos con ciertos sectores de la oposición dialoguista, en el gobierno tienen planeado avanzar a paso firme con su agenda judicial. Además de completar las vacantes, Mahiques anunció el envío del nuevo texto del Código Penal, con el que pretenden aumentar todas las penas vigentes y garantizar la proporcionalidad entre los delitos bajos, medios y altos. Además, el nuevo código buscará aumentar las penas para los delitos de corrupción, que pasarán a ser graves y gravísimas de acuerdo al delito cometido. En este punto, en tanto, el gobierno apunta a eliminar la prescriptibilidad de este tipo de crímenes, que hoy es hasta diez años después del hecho.

En tanto, y pese a los rumores que dejaron correr el año pasado, el Gobierno no quitará la figura legal del femicidio ni tampoco despenalizará la Interrupción Voluntaria del Embarazo.