El documento de la V Marcha Federal Universitaria: "La universidad pública es parte de la solución"

La jornada estuvo marcada no sólo por el reclamo educativo, sino también por la brutal represión policial que intentó frenar la protesta en las inmediaciones del Congreso. Los manifestantes denunciaron golpes, gases y corridas en un operativo que buscó desalentar la movilización y que terminó reforzando el clima de tensión.

En ese marco, la comunidad universitaria advirtió que el recorte presupuestario, el congelamiento de becas y la caída de salarios ponen en riesgo la continuidad del sistema educativo y científico. “Sin universidad pública no hay democracia ni soberanía”, remarcaron, mientras exigían que el Congreso derogue el DNU 70/23 y garantice el derecho a estudiar.

El documento completo que cuestiona la “voluntad de gobernar por decreto”

Bajo el título “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro”, el texto exige cumplir la Ley de Financiamiento, pide derogar el DNU 70/23 y cuestiona la “voluntad de gobernar por decreto”. Asimismo, advierte que el incumplimiento “nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”.

Firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), las federaciones docentes Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, FAGDUT y UDA, la no docente FATUN y la CTERA el texto exige en parte el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, y también plantea un funcionamiento de las instituciones y el modelo de país que se quiere construir.

La crisis se refleja en becas congeladas y salarios deteriorados. Programas como Progresar siguen en $35.000 desde 2024, cifra insuficiente para cubrir transporte o materiales básicos. “Desmantelar el sistema de becas no constituye una mera meta de equilibrio fiscal; representa una política de deserción forzada”, advierte el texto, que también denuncia la precarización docente y la falta de respeto a las paritarias.

El reclamo se intensificó tras un fallo reciente donde el juez federal Martín Cormick impuso una multa de 100.000 pesos diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir la orden de actualizar sueldos y garantizar el fondo de becas. Según los organizadores, la Justicia ya intimó al Ejecutivo en nueve oportunidades. “Este gobierno vino a romper un consenso fundamental de la sociedad argentina que siempre creyó en la educación”, advirtieron.

Por otra parte, los firmantes advirtieron que el presupuesto educativo del Ejecutivo es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y que el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla lo que fija la ley ni la recuperación de lo perdido. El CIN reclama un aumento del 33,4% respecto del proyecto oficial: mientras el Gobierno propone $7,3 billones, las universidades necesitan cerca de $11 billones.

Según el presidente del CIN, Franco Bartolacci, desde la asunción de Milei las transferencias al sistema se redujeron a la mitad. “Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”, alerta el texto.

Finalmente, el documento subraya la importancia estratégica de cumplir la ley y sostener el presupuesto universitario. “La universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, afirma. "Sin educación pública ni ciencia soberana, remarcan, no hay democracia ni futuro posible", concluye.