El diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman presentó un proyecto para aumentar las penas ante cualquier atentando o intimidación pública hacia las más altas investiduras del Ejecutivo nacional.
El diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman presentó un proyecto para aumentar las penas ante cualquier atentando o intimidación pública hacia las más altas investiduras del Ejecutivo nacional.
La iniciativa, que surgió tras el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, propone penas de 2 a 6 años de prisión a quienes "para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos". En el caso de que dichos ataques incluyan explosivos, agresivos químicos o materias afines, la pena será de prisión de 3 a 10 años.
En el caso de que dicha intimidación pública afectara a la seguridad física de las altas autoridades del poder ejecutivo las penas serán de 7 a 15 años. En caso de incluir armas de fuegos, explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de diez años a reclusión perpetua.
El diputado justificó esta modificación debido al "clima de peligrosa inestabilidad institucional y que afecta a la tranquilidad pública y en su conjunto, al Orden Público imperante".