La Justicia federal habilitó por primera vez aplicar la Ley Antimafias en Rosario

"La medida permite aplicar herramientas extraordinarias para investigar, perseguir y desarticular a bandas narcocriminales con fuerte presencia territorial. En ese marco, se conformó un Equipo Conjunto de Investigación entre fiscales federales y provinciales para coordinar acciones y compartir información de manera directa", agregó en esta línea.

En tanto, lanzaron una advertencia sobre la ciudad santafesina: "La decisión refuerza las capacidades operativas, logísticas y procesales para actuar sobre organizaciones complejas que operan bajo lógicas mafiosas. En Rosario, contra el narco, ni un paso atrás".

Por su parte, Bullrich celebró la decisión de Rodríguez Da Cruz en X: "Una herramienta clave para ir a fondo contra los narcos. Cae uno, caen todos. Se castiga el delito y la pertenencia a la estructura mafiosa. Las mafias no son invencibles. Con decisión política y leyes firmes, se puede".

Los puntos principales de la Ley Antimafias

El Gobierno promulgó el 10 de marzo la llamada Ley Antimafias, que redefine el significado de las organizaciones criminales y aumenta las penas para sus integrantes. Los delitos que están tipificados son narcotráfico, corrupción, tráfico de personas, lavado de dinero y extorsión, entre otros.

Así, la Ley 27.786, sancionada por el Congreso durante el reciente período de sesiones extraordinarias, define a las organizaciones criminales como "grupos de tres o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves".

También permite la posibilidad de declarar ciertas áreas como "zonas sujetas a investigación especial" para facilitar la acción de la Justicia. De este modo, las investigaciones podrán ser llevadas a cabo por fiscales federales con la colaboración de fuerzas de seguridad y autoridades provinciales.

La norma endurece las penas para quienes formen parte o colaboren con organizaciones criminales, con condenas de 8 a 20 años, a la vez que habilita a que los miembros de estas organizaciones puedan recibir la pena del delito más grave cometido por el grupo, independientemente del rol de cada uno.