La economía se hunde y el Gobierno sobrevive a fuerza de acuerdos

Es cierto que el jueves -con el fracaso de la sesión que buscaba rechazar el decreto 70/2023 y tratar la emergencia en discapacidad y el tema morosos- también se produjo la derrota de la oposición más acérrima, que midió mal el impacto en la sociedad y calculó también que el creciente descontento de los gobernadores podría traducirse en un acompañamiento en contra del Gobierno. "Se comieron la curva y se dejaron conducir por Myriam Bregman", sentenciaba, sardónico, un dirigente libertario en alusión al planteo de la diputada de izquierda, que sostenía que quienes acompañaran al oficialismo quedarían expuestos y deberían pagar el costo político.

Pero, más allá de la evidencia de que a la oposición le quedó grande el llamado a sesión especial, a nadie se le escapa que el oficialismo, antes de lograr una victoria, evitó una derrota. El centro del ring lo perdió hace tiempo y se bate, al menos de momento, en retirada. Porque el rechazo al DNU de la discordia -que es, junto con la Ley Bases, el andamiaje jurídico del ajuste- hubiera herido de muerte la gobernabilidad de un proyecto que cada vez tiene menos fortalezas en las que apoyarse.

En una previa que incluyó el viaje a París, Diego Santilli, junto a Lule y Martín Menem, intensificaron las gestiones con los mandatarios provinciales y consiguieron apoyos esperables, como los de los opo-oficialistas Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro, Osvaldo Jaldo y Carlos Sadir. Hubo casos más llamativos, como la situación de Tierra del Fuego, cuyo gobernador habría propiciado que uno de sus diputados no se siente a cambio de fondos para pagar los sueldos. Y, también, situaciones más pintorescas.

Entre estos últimos se encuentra el sainete de Gustavo Sáenz, al que el oficialismo le ofreció, la misma mañana de la sesión, buscar inversiones para la modernización ferroviaria de la provincia, luego de que el mandatario se quejara. Dos de sus diputados produjeron el curioso espectáculo de pararse y sentarse, pegados al celular, de acuerdo al avance del número. Cuando estaba claro que la sesión se caía y no había peligros, finalmente dieron quorum. Lo de los catamarqueños fue aún más curioso. Los tres diputados peronistas se sentaron, pero luego el inefable gobernador Jalil aseguró que lo hicieron por las suyas. El mandatario es tan escurridizo como sus pares y escapa definirle a Santilli si apoyará la suspensión de las PASO, el nuevo santo grial del oficialismo.

El propio jefe de Gabinete, más allá de la euforia por el peligro conjurado, advierte la debilidad del Gobierno y golpeó en retroceso, como un moderno Cassius Clay. Santilli apeló al temor a un eventual regreso del kirchnerismo para presionar por un acuerdo con La Libertad Avanza. "Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores", afirmó. También planteó: "Imaginemos que gana Kicillof. Empiezan los cortes en la 9 de Julio, los piquetes, le saca la coparticipación a la Ciudad". Y, al referirse a las provincias productoras, preguntó: "¿Qué va a pensar Córdoba si le vuelven con la 125?".

La referencia a Córdoba no es ociosa. Su gobernador, Martín Llaryora, buscará la reelección y por estas horas se diferencia con críticas profundas a las políticas del Gobierno nacional. La posibilidad de un eventual pacto con LLA en la provincia está cerrada. En privado, Llaryora asegura que las acciones locales de Milei están en baja, sin adelantar si se sumarán a un armado nacional del peronismo, más allá de insistir con la vía autónoma de Juan Schiaretti. En el gran Córdoba, la desocupación asciende al 10,5%.

La semana que viene, el oficialismo buscará aprobar una nueva ley permanente en lugar de prorrogar la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027 y negocia el apoyo de diputados que responden a gobernadores de Salta, Formosa, Misiones y San Luis. Los bloques provinciales consiguieron modificaciones en los artículos 5 y 7 para incorporar referencias explícitas a los fondos destinados al sistema. La Casa Rosada calcula reunir más de 130 votos, pero la negociación no despeja las dudas sobre la suficiencia de los recursos para garantizar las prestaciones.

La discusión se desarrolla mientras organizaciones del sector denuncian dificultades para actualizar aranceles y sostener los servicios, y el Presupuesto 2027 mantiene abierto el conflicto por el financiamiento. El Gobierno busca reemplazar la emergencia por un nuevo esquema legal sin que hasta ahora se haya disipado la incertidumbre sobre cómo se cubrirán las necesidades del sistema. En la oposición creen que el dictamen del oficialismo es malo y que, como ni siquiera convence a los propios, terminará primando el de la oposición, que fue apoyado en minoría.

Esta semana, en la Comisión de Presupuesto, el propio secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sembró dudas acerca del apoyo que el Ejecutivo le da al proyecto que pergeñó Martín Menem. Con morosidad pasaría algo parecido, aunque la sospecha de la oposición es que, como está al final del temario, el oficialismo apuesta a que, a horas tardías, se caiga la sesión por falta de quorum y no se llegue a discutir. De todos modos, el Gobierno sigue en posición defensiva y sosteniendo posturas cada vez más impopulares.

Es inocultable el mérito de seguir manejando políticamente las cosas mientras la economía naufraga, pero la experiencia indica que, tarde o temprano, esta última se termina imponiendo. Javier Milei se presentó en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos con un discurso titulado "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". Lo llamativo es que la ponencia destaca algo que ya no existe. La Argentina está técnicamente en recesión.

En los mercados financieros, las señales tampoco acompañan el relato oficial de una recuperación consolidada. El viernes, los bonos soberanos en dólares cayeron alrededor de un 1,5% en promedio y el riesgo país llegó a la zona de los 640 puntos básicos, uno de los niveles más altos de 2026. El S&P Merval retrocedió un 0,4% y el dólar mayorista cerró a $1.518. Es cierto que el Banco Central compró u$s68 millones en el mercado cambiario y las reservas brutas aumentaron hasta los u$s50.236 millones, pero la acumulación de divisas no consiguió frenar el deterioro de los títulos públicos. Los inversores siguen exigiendo un rendimiento elevado para financiar a la Argentina, lo que dificulta cada vez más el plan Caputo de refinanciar vencimientos y emitir deuda en dólares a tasas sostenibles.

La distancia entre las expectativas oficiales y las condiciones del mercado es cada vez más visible. En su discurso, Milei sostuvo que espera que el riesgo país perfore los 100 puntos básicos durante 2027, pero el indicador se ubica por encima de los 640 puntos a mediados de octubre.

En la economía real, las cosas también empeoran. La industria manufacturera utilizó apenas el 58,5% de su capacidad instalada en agosto, según el INDEC. El indicador quedó por debajo del 59,6% registrado en el mismo mes de 2025 y volvió a exponer las dificultades para sostener la actividad productiva bajo el programa económico de Javier Milei. Más del 40% del potencial fabril permanece ocioso. En la metalmecánica, uno de los sectores más afectados, la utilización cayó al 35,9%, frente al 44,6% de un año atrás. La industria automotriz trabajó al 46,2% de su capacidad, mientras que la refinación de petróleo alcanzó el 88,8%. La brecha entre sectores muestra que el crecimiento de algunas actividades no alcanza para compensar el retroceso de buena parte del entramado manufacturero.

La capacidad ociosa tiene su correlato en el empleo. La provincia de Buenos Aires contabilizó 1.374 establecimientos industriales menos y 45.115 empleos perdidos entre junio de 2023 y junio de 2026, de acuerdo con datos de la Unión Industrial bonaerense. La Rioja perdió el 15% de sus puestos industriales, La Pampa el 12,8%, San Luis el 11,3% y Misiones el 10,1%. En algunas provincias patagónicas, en cambio, creció el empleo asociado a actividades energéticas y extractivas, aunque esa expansión no alcanza para compensar las pérdidas en otras ramas.

El desacople entre crecimiento y empleo atraviesa al conjunto de la economía. En junio de 2026, la actividad económica se encontraba un 5,3% por encima de noviembre de 2023, pero el empleo asalariado privado registrado acumulaba una caída cercana al 4%, equivalente a unos 246.000 puestos menos. La minería perdió alrededor de 5.200 empleos en un año, mientras que el agro, pese a acumular un crecimiento del 40%, sumó apenas 1.700 puestos. Los sectores que concentran buena parte de las exportaciones y del crecimiento no están generando trabajo suficiente para compensar la destrucción de empleo formal en la industria, el comercio y otras actividades. La recuperación que exhiben algunos indicadores macroeconómicos convive así con un mercado laboral que sigue expulsando trabajadores.

En medio de las dificultades económicas y de las dudas de los mercados, Milei también busca exhibir señales de respaldo de Washington. El Presidente mantuvo una conversación telefónica de aproximadamente 30 minutos con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para avanzar en una agenda de comercio bilateral, inversiones y seguridad regional. El contacto se produjo cuando las acciones argentinas caían, los bonos retrocedían y el riesgo país volvía a ubicarse en máximos del año. No hubo anuncios económicos concretos derivados de la llamada, pero la Casa Rosada apuesta a que el alineamiento con la administración de Donald Trump contribuya a sostener las expectativas de los inversores. Todo dependerá también de la suerte electoral de Trump.

El acercamiento con Washington también dejó expuesta una tensión en la política exterior. La Argentina se abstuvo en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU en una votación sobre las formas contemporáneas de colonialismo. La iniciativa obtuvo 85 votos a favor, 49 en contra y 23 abstenciones y reafirmaba principios internacionales que también sustentan el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. La posición argentina acompañó, aunque con abstención, a la oposición de los Estados Unidos y contrastó con el discurso que Milei había pronunciado ante Naciones Unidas en septiembre, cuando sostuvo que la autodeterminación "existe para liberar a los pueblos colonizados, no para consagrar situaciones derivadas de la colonización". La impostura acerca de Malvinas parece empezar a quedar atrás, luego de no haber generado ninguna ventaja política.

Las dificultades también aparecen en los instrumentos que el Gobierno presentó como vías para reactivar el crédito. Trascendió que Economía analiza postergar la licitación de noviembre del programa hipotecario financiado con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES ante la baja demanda. El esquema contemplaba movilizar $2 billones mediante diez licitaciones de $200.000 millones, pero hasta ahora se realizaron dos convocatorias por un total de $400.000 millones. La adjudicación de fondos a los bancos no garantiza que el dinero llegue a las familias ni que se concreten operaciones inmobiliarias. Las cuotas ajustadas por UVA y los ingresos deteriorados limitan la cantidad de hogares que pueden endeudarse. Las entidades financieras, por su parte, reclamaron ampliar el programa para incluir segundas viviendas, aunque el objetivo original era facilitar el acceso a la primera propiedad. El problema es que la disponibilidad de fondos no resuelve la falta de capacidad de pago de los hogares.

Otro frente de tensión es el Fondo de Asistencia Laboral, creado por la reforma laboral para financiar futuras indemnizaciones por despido. El Gobierno demoró su puesta en marcha, prevista para noviembre, en medio de la resistencia de las empresas a pagar las comisiones de los bancos y administradoras privadas que gestionarían los recursos. El mecanismo prevé aportes equivalentes al 1% de la masa salarial para las grandes empresas y al 2,5% para las pymes, compensados con reducciones equivalentes de contribuciones patronales destinadas al sistema previsional, el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares. Una estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario calculó que el esquema podría movilizar unos $263.268 millones mensuales. No se trata de recursos nuevos, sino de dinero que dejaría de ingresar al sistema de seguridad social para pasar a fondos administrados por entidades privadas. Unas neo AFJP, ligadas al desempleo.

El problema fiscal es que la ANSES seguirá afrontando jubilaciones y pensiones pese a la reducción de sus ingresos. El Tesoro tendría que compensar el faltante para evitar que el mecanismo afecte las cuentas previsionales. El diputado Guillermo Michel estimó que el costo podría alcanzar los u$s3.000 millones, mientras que otros cálculos difundidos por la prensa ubicaron en torno a los $680.000 millones el costo de implementación durante los últimos dos meses de 2026. La demora expone una contradicción de la reforma laboral: el Gobierno pretende derivar recursos previsionales hacia fondos privados para financiar indemnizaciones, pero debe resolver cómo cubrir el agujero que esa misma decisión puede abrir en el sistema de seguridad social sin comprometer su meta de superávit. La respuesta, obviamente, será más ajuste.

El repliegue del Estado nacional también traslada costos a las provincias. El Gobierno puso fin al esquema anterior del programa Remediar y redujo de 128 a 6 los principios activos incluidos en el nuevo listado de medicamentos. Quedaron afuera fármacos de uso extendido como la levotiroxina, la metformina, la amoxicilina, el salbutamol, los anticonceptivos y la loratadina. El programa, creado para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales en centros de atención primaria, sufrió además un recorte presupuestario del 72% en términos reales entre 2023 y 2026. Los tratamientos distribuidos pasaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025.

Las provincias deben ahora cubrir con recursos propios una parte de los medicamentos que Nación deja de proveer, o aceptar que se reduzca la cobertura sanitaria. Santa Fe informó que distribuyó 5,5 millones de tratamientos con una inversión superior a los $7.400 millones y que recibió un 55,25% menos de tratamientos de Remediar en 2025 que en 2024. Salta aseguró que destina más de $100 millones mensuales a comprar medicamentos que dejó de enviar la Nación. El ajuste nacional se convierte así en una presión adicional sobre presupuestos provinciales que también deben sostener hospitales, centros de salud y prestaciones sociales. Cuando las jurisdicciones no pueden compensar el faltante, el costo termina trasladándose a los pacientes, que deben pagar de su bolsillo remedios que antes recibían gratuitamente. Martín Llaryora señaló este hecho, en una entrevista realizada el viernes en la mañana de C5N, como una catástrofe para las economías provinciales y municipales.

Idéntica preocupación genera la crisis del PAMI, que sumó un nuevo frente de conflicto con el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, que denunció la "deserción" del ministro de Salud, Mario Lugones, frente al deterioro de la atención a los jubilados. La entidad acusó al funcionario de mantener el silencio ante los reclamos de los prestadores y advirtió sobre la "destrucción de la red prestacional" por el congelamiento y el retraso de los aranceles, las cápitas y los módulos quirúrgicos. Según el Colegio, los valores que paga el organismo ya no alcanzan para cubrir costos básicos como medicamentos, descartables e insumos médicos.

El conflicto excede las cuentas de las clínicas. La interrupción de convenios y las dificultades para sostener la atención derivan pacientes del PAMI hacia hospitales provinciales y municipales, que deben absorber una demanda adicional con recursos limitados. El Colegio calificó el proceso como un "colapso inducido" y alertó que la sobrecarga compromete guardias, internaciones y la continuidad de los tratamientos. En el sector, además, algunas entidades analizan recurrir a la Justicia por lo que consideran un incumplimiento de los deberes de las autoridades sanitarias. La crisis expone el efecto de los atrasos en los pagos y del recorte de recursos sobre una población que depende de la cobertura pública para acceder a la atención médica.

La crisis de la cobertura médica también golpea a las Fuerzas Armadas. El Gobierno dispuso el cierre de 31 farmacias propias del IOSFA, la obra social militar que atraviesa un proceso de disolución y reorganización, sin que esté claro cómo se garantizará la continuidad del acceso a los medicamentos para sus afiliados ni qué ocurrirá con los trabajadores de esos establecimientos. La intención oficial sería reemplazar las farmacias propias por una red de prestadores privados, pero fuentes militares advirtieron que numerosas farmacias ya no aceptan IOSFA ni la nueva OSFA por las deudas acumuladas.

En este panorama, con números económicos que parecen de pandemia, el Gobierno continúa apostando a la debilidad de la oposición, pero no está claro que esta última se mantenga. El Día de la Lealtad mostró al peronismo divido con actos de Axel Kicillof en La Matanza, de Máximo Kirchner en Chaco y manifestaciones frente a la casa de Cristina Kirchner. La exmandataria recibió en los últimos días a Sergio Massa -según confirmaron en el entorno del tigrense- y a otros mandatarios, como el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Se espera, "para esta semana o la otra", una nueva reunión del panperonismo que reúna a los principales dirigentes, los gobernadores y los jefes de bloque del Congreso con nuevos participantes, como Jorge Capitanich y Sergio Uñac.

En el acto que encabezó en La Matanza, el gobernador Kicillof que "hay muchos que depositaron su confianza en este gobierno espantoso y que hoy estan defraudados" y pidió que "por eso tenemos la obligación de recrear una alternativa con todos". Más adelante advirtió: "El adversario está allá y hay que recordar que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista". Esta última declaración es importante en un contexto en el que desde el sector de Massa acusaron al entorno del gobernador de armar una operación y lanzar el rumor infundado de una eventual fórmula entre el exministro de Economía y Máximo Kirchner. De cara a un nuevo encuentro, esas asperezas deberán ser saldadas. Más allá de polémicas, pases de factura y recelos, el armado opositor es incierto aún, pero también busca fortalecerse con la debilidad del Gobierno.