La agenda que se viene en el Congreso tras la condena a Cristina

Tras el parate legislativo provocado por los feriados y la detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso retoma la actividad con una agenda cargada y con fuerte impronta opositora. Los bloques no alineados con el oficialismo buscarán marcarle el paso al Gobierno con proyectos que lo incomodan y que apuntan directamente a sus decisiones más recientes.

El pedido de sesión del 2 de julio tiene como eje la intención de emplazar a comisiones presididas por La Libertad Avanza para debatir proyectos como el financiamiento a las universidades y la emergencia pediátrica impulsada por los trabajadores del Hospital Garrahan y la aprobación de la modificación del régimen de decretos de necesidad y urgencia. A esto se suma la propuesta para derogar el decreto 383/25, impulsado por la ministra Patricia Bullrich.

La ofensiva contra ese decreto —que habilita el ciberpatrullaje y las detenciones policiales sin orden judicial— cuenta con el respaldo de distintos bloques: los radicales de Democracia para Siempre, los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, pasando por la izquierda y Unión por la Patria. Según explicaron los radicales, se trata de “una norma inconstitucional” que “viola derechos fundamentales y excede las facultades delegadas en la Ley Bases”.

Se sabe que Unión por la Patria acompañará estas iniciativas, aunque hasta ahora no presentó proyectos propios. La actividad reciente del bloque peronista estuvo centrada, casi exclusivamente, en el respaldo político a Cristina Kirchner tras la confirmación de su condena.

La principal dificultad de la oposición en Diputados está en sortear las maniobras dilatorias del oficialismo, que intenta frenar el avance de estos proyectos. Sin embargo, aún conserva herramientas como el emplazamiento a comisiones, aunque para ello debe reunir y sostener quórum. En la última sesión, por ejemplo, varios diputados se retiraron del recinto justo cuando se proponía emplazar los proyectos vinculados al Garrahan.

Aunque el camino es más engorroso, en Diputados al menos existe la posibilidad de forzar el tratamiento de ciertos temas si se consigue mayoría. En el Senado, en cambio, no hay margen para esos mecanismos. Por eso, el peronismo tendrá más dificultades para avanzar con la agenda “social” encomendada por CFK antes de su detención, que incluye el aumento a jubilados, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Todo dependerá de la capacidad de negociación con Victoria Villarruel para lograr la convocatoria.

Mientras tanto, ya fue confirmada la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Senado el jueves 26 de junio, donde brindará su informe de gestión y responderá preguntas, como establece la Constitución Nacional.

Se retoma el caso $LIBRA

Otro de los focos de la oposición es el caso de la criptomoneda promocionada por Javier Milei en febrero. Pese a las trabas, se lograron algunos avances: la comisión investigadora finalmente se puso en marcha tras un acuerdo para que el secretario parlamentario, Adrián Pagan, la conduzca mientras persiste el empate por la presidencia.

Se definió realizar dos reuniones: una el 10 y otra el 25 de junio. En esta última se espera citar a los involucrados, a propuesta de cada bloque. Una fuente que impulsa el trabajo de la comisión aseguró a C5N que “la reunión del próximo miércoles sigue en pie”, aunque la convocatoria aún no figura en la web de la Cámara.

Entre los citados figuran Karina y Javier Milei, Mariano Novelli, expertos como Santiago Siri y periodistas que investigaron el caso como Irina Hauser y Alejandro Bercovich, entre otros. Sin embargo, al no haberse definido un reglamento interno, no existe obligación concreta de asistir, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la comisión de Juicio Político.

En este contexto, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentó un proyecto para destrabar el empate en la comisión. Si finalmente hay sesión el 2 de julio, también se intentará emplazar a las comisiones correspondientes. Se trabaja en paralelo: por un lado, para resolver el conflicto por la presidencia; por otro, avanzando con citaciones que, más allá de su cumplimiento, buscan generar impacto público.

Sin indultos por corrupción

En línea con los debates de la semana, el PRO también dejó sentada su postura: Silvana Giudici presentó un proyecto para prohibir el indulto a funcionarios condenados por corrupción. “El objetivo es ratificar que en Argentina nunca más los funcionarios podrán cometer actos de corrupción sin ser condenados y que la pena que reciban deberá ser totalmente cumplida”, afirmó la diputada, en referencia a la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El proyecto, más político que viable en lo inmediato, apunta a despejar las interpretaciones del artículo 26 de la Constitución, que no define de manera taxativa los delitos que no pueden ser indultados. Según la doctrina jurídica que se consulte, varían las opiniones.

De todos modos, el peronismo no ha dado señales de que busque un perdón presidencial —ni del actual gobierno ni de uno futuro— para CFK. Su estrategia apunta a apelar a tribunales internacionales con la esperanza de una eventual revocación de la condena, un camino largo y con pronóstico incierto.

Oficialismo a la defensiva

Por su parte, La Libertad Avanza aún no logró activar el tratamiento del proyecto de “dólares bajo el colchón”. Con serias dificultades para impulsar una agenda propia, el oficialismo deberá buscar las firmas para avanzar con el despacho del texto y luego los votos en el recinto. Hasta ahora, pareciera no tener garantizado lo primero y espera conseguirlo para hacer la primera citación.