Javier Milei enfrenta las grietas de su programa económico y las tensiones de su armado político

Hace rato que nadie duda acerca de que el llamado programa de normalización libertario es un feroz ajuste clásico, que busca enfriar la economía, con anclas como el tipo de cambio y el salario, para reducir la inflación. Esto tiene su correlato en el entramado productivo y el empleo formal. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, durante la gestión de Javier Milei, la Argentina perdió 32.290 empleadores con trabajadores registrados, una caída del 6,3%, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). En el mismo período desaparecieron 437.611 puestos de trabajo registrados, un retroceso del 4,4%. La tendencia se mantuvo en julio, cuando se registraron 948 empleadores menos y una pérdida de 3.485 puestos de trabajo.

En este escenario, los rumores acerca de una posible salida de Caputo se multiplicaron. No es la primera vez que pasa, pero, en los anteriores casos, había sido el propio ministro el que los había fomentado, descontento con algunas decisiones de Milei. Esta vez, Toto es víctima de versiones que se intensificaron el lunes cuando Alberto Ades, economista radicado en Nueva York y consultor, fue convocado por Javier Milei para exponer ante el gabinete y presentó una propuesta para modificar aspectos del programa económico.

Ades respalda el ajuste fiscal y la apertura comercial, pero cuestiona los costos recesivos del plan y plantea revisar tres ejes sensibles de la gestión de Caputo: la política monetaria restrictiva y las altas tasas de interés; las dificultades para transformar el ahorro en dólares en crédito y el nivel del tipo de cambio. Propone evaluar una flexibilización monetaria que reactive los préstamos y una depreciación real que mejore la competitividad de los sectores afectados por las importaciones, el turismo y la construcción.

El debate se produce en un contexto de revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento del PBI, que el último relevamiento de expectativas del mercado (REM) ubicó en el 1,5%, frente al 4,5% que había proyectado originalmente el Gobierno. Caputo, por su parte, mantiene la defensa de su estrategia de desinflación y ajuste fiscal. La razón lo asiste en algún punto. Hasta hace muy poco, era Milei el que juraba que el rumbo no cambia, aunque eso signifique perder en las elecciones del año que viene.

Sucede que el deterioro de las condiciones económicas aparece cada vez más en las encuestas de opinión pública. La desaprobación de la gestión de Javier Milei alcanza al 58,6%, frente a un 37,1% de aprobación, según un relevamiento nacional de M&F Consultora realizado entre el 20 y el 31 de julio de 2026. La encuesta registra además una mayoría favorable a un cambio de rumbo. El 57% de los consultados afirma que votaría por una modificación total del Gobierno y de sus políticas, mientras que el 39,7% se inclina por alguna forma de continuidad. Esta última opción perdió 1,7 puntos, pero muestra un Gobierno que aún está competitivo en términos electorales. Quizás por eso la opción de aflojar el ajuste se vuelva plausible como fantasía, aunque ímproba en la realidad. Si hay una mejora en salarios y una liberación del tipo de cambio, su repercusión en la inflación sería inevitable para una gestión que se metió en su propio laberinto.

Mientras tanto, los problemas vinculados con el costo de vida ocupan el primer lugar entre las preocupaciones nacionales. Los aumentos de precios y tarifas encabezan el listado, con el 22,4%, por delante de la corrupción, con el 17,9%; la desocupación, con el 17,6%; y la pobreza, con el 12,2%. Cuando la consulta se traslada a la situación personal, las dificultades para llegar a fin de mes aparecen al frente, con el 24%, seguidas por los bajos ingresos, con el 20,4%. En conjunto, el 71,4% identifica dificultades económicas como su principal problema personal.

La presión sobre los presupuestos familiares también queda reflejada en las respuestas sobre ingresos y endeudamiento. El 53,6% sostiene que el dinero que entra en su hogar no alcanza o alcanza con dificultades para cubrir los gastos, mientras que el 71,9% declara tener deudas. El motivo más mencionado para endeudarse es la compra de alimentos y la cobertura de los gastos mensuales, con el 33,4%. Otro 25,9% señala que tomó deuda para pagar o refinanciar compromisos anteriores. El crédito aparece así asociado, para una parte importante de los consultados, a la necesidad de sostener el consumo básico y afrontar obligaciones que se acumulan sobre ingresos que no alcanzan.

Las expectativas para los próximos meses tampoco exhiben un horizonte despejado. El 43,2% cree que la situación del país empeorará durante el próximo año, frente al 34,5% que espera una mejora. La incertidumbre se extiende a las perspectivas de largo plazo. El 39,7% considera que las próximas generaciones vivirán peor que en la actualidad.

El peso del endeudamiento también se advierte en los barrios populares. Un relevamiento del Observatorio Villero de La Poderosa y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) en 12 barrios de siete provincias expuso la dimensión de las deudas que atraviesan a los sectores más vulnerables. El 70,5% de las personas encuestadas tuvo que endeudarse para comer, en un escenario en el que conseguir dinero para cubrir las necesidades más elementales se convirtió en una obligación financiera. El estudio, realizado entre agosto y septiembre de 2026 sobre 643 personas con al menos una deuda, señala que el 78,3% de los compromisos asumidos se destinó a afrontar gastos básicos como alimentos, salud, alquiler, servicios y transporte. La deuda acumulada promedio por persona equivale al 148% de sus ingresos mensuales individuales, de modo que las obligaciones contraídas superan ampliamente el dinero disponible para sostener la vida cotidiana.

El informe registra un promedio de 2,1 deudas por persona y advierte que un tercio de los encuestados arrastra tres o más compromisos pendientes. El 31,5% dejó de pagar al menos una deuda, mientras que el 62,5% tiene dificultades para cumplir con los vencimientos si se incluyen quienes acumulan atrasos. En lugar de destinarse a consumos extraordinarios o a la compra de bienes durables, el crédito aparece como un recurso cada vez más oneroso para financiar la subsistencia diaria.

Casi la mitad de las deudas relevadas corresponde a préstamos y, dentro de esa categoría, el 69,8% pertenece al circuito informal, caracterizado por costos financieros particularmente elevados. El costo financiero total efectivo mensual promedio alcanza el 59,1% en ese segmento, frente al 17,4% del formal. El deterioro de la capacidad de pago también tiene consecuencias concretas sobre la vida cotidiana. Entre quienes incumplieron vencimientos, el 83,2% recibió reclamos de cobro, mientras que el 34,9% de las personas encuestadas reportó angustia, ansiedad, llanto o estrés vinculados con su situación financiera. Otro 30,5% señaló dificultades para dormir.

El frente económico que pone en jaque a Caputo se extiende a temas macro como la escalada del riesgo país, pero también a la discusión sobre las reservas del Banco Central y las operaciones financieras realizadas con el oro. La Auditoría General de la Nación (AGN), presidida por Juan Manuel Olmos, señaló que el Banco Central perdió u$s1.023 millones durante 2025 en operaciones financieras vinculadas con el metal. El monto equivale a unos $1,5 billones e incluye u$s960 millones por el resultado negativo de los contratos derivados y 62,8 millones por primas de opciones. Según la AGN, las operaciones se realizaron con fines de cobertura, pero la entidad terminó perdiendo dinero por la evolución del precio internacional del oro. El informe destacó que nunca se había registrado una pérdida de esa magnitud en este tipo de operatoria.

El BCRA, conducido por Santiago Bausili, rechazó esa interpretación y sostuvo que las operaciones deben evaluarse junto con la valorización del oro. La suba de la cotización internacional generó una ganancia patrimonial superior a los $8 billones, y el Central afirmó que el resultado neto de su posición en oro, incluidas las coberturas, fue positivo en u$s2.505 millones durante 2025. La entidad argumentó que los derivados funcionan como un seguro frente a una eventual caída del precio y que este mecanismo se utiliza desde 2007. También cuestionó a la conducción de la AGN y la acusó de actuar con fines políticos.

La discusión derivó en una denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curuchet. Más allá de esta denuncia, las objeciones a la operatoria apuntan a la magnitud de los recursos comprometidos, el costo de las coberturas, la falta de información detallada sobre cada operación y la ausencia de explicaciones técnicas suficientes para evaluar la estrategia.

Aunque la AGN aprobó los estados contables del BCRA, dejó asentada la pérdida generada por los derivados y advirtió que se utilizó una magnitud de reservas físicas sin precedentes para operaciones de riesgo. Martín Redrado, expresidente del Banco Central, habló de un error técnico y cuestionó que se cubriera el 100% de la posición. El exvicepresidente de la entidad Jorge Carrera advirtió sobre la falta de transparencia y planteó que pudo haber una sucesión de apuestas a la baja del precio. Alejandro Vanoli, también expresidente del BCRA, cuestionó que se operara contra la tendencia de otros bancos centrales, que incrementaron sus tenencias de oro.

La controversia sigue vinculada con el traslado de lingotes al exterior durante 2024. Bausili explicó ante el Congreso que parte de las reservas fue depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Suiza, para mejorar las condiciones de custodia y operación. El oro estaba en Londres. La AGN informó que la revisión específica sobre esos movimientos todavía está en curso, debido a demoras de más de un año en el acceso a la información solicitada al Central. El organismo busca establecer el destino de los lingotes, las razones del traslado y sus eventuales beneficios financieros.

Pero estos escándalos relacionados con la opacidad de la gestión libertaria, a los que también se podría sumar la venta a precio vil de AySA a empresario amigos, se magnificaron a partir de la discusión sobre la Ley de Tierras. La oposición ratificó la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre, con el objetivo de derogar el DNU 70/2023 de Javier Milei. El fallo de la Corte Suprema que, a las apuradas, suspendió este viernes provisoriamente el artículo 154 del decreto -referido a la derogación de la Ley de Tierras Rurales- no modificó la decisión de avanzar contra el megadecreto. Desde Unión por la Patria sostienen que la resolución judicial es cautelar y que la cuestión de fondo todavía no fue resuelta.

La sesión opositora también incluiría el pedido de prórroga de la emergencia en discapacidad y una iniciativa para atender el endeudamiento de las familias. Más allá de que se sostenga el intento, el Gobierno respiró aliviado con la decisión de la Corte -aunque va en contra de su intención inicial- porque hace más difícil que se consigan los 129 diputados para voltear el DNU.

La Libertad Avanza, a su vez, prepara una sesión para el 21 de octubre, en la que buscará tratar su propio proyecto sobre tierras dentro de la reflotada iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, junto con una nueva Ley de Discapacidad, un proyecto sobre endeudamiento y mora. Perder algo para no perder todo parece ser el nuevo lema del Gobierno, si unimos este episodio con el de la visita del economista Ades a la Rosada.

Claramente, el conflicto por las tierras vino a empiojar las negociaciones políticas que el Gobierno mantiene en el Congreso para avanzar con su reforma electoral, objetivo prioritario para lograr la reelección de Milei. La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y necesita llegar a 37 votos para aprobar el proyecto, por lo que debe conseguir al menos 16 apoyos de otros bloques. El debate permanece paralizado en el Senado y la última reunión de comisión se realizó el 15 de septiembre. Patricia Bullrich, en medio de sospechas de desacuerdo, dejó las negociaciones principales en manos de la Casa Rosada, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a cargo de los acuerdos con los gobernadores.

En ese escenario, Javier Milei y Patricia Bullrich mantuvieron una reunión de más de dos horas en la Quinta de Olivos, en medio de las diferencias que la senadora había expresado sobre decisiones del Gobierno. Tras el encuentro, Bullrich publicó en X que había mantenido una "conversación profunda con el presidente Javier Milei" y que habían hablado "de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad". Cerró el mensaje con la sigla "TMAP", por "todo marcha de acuerdo al plan". Milei, por su parte, escribió en Instagram: "Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo" y agregó "MAGA".

El proyecto del Gobierno supone eliminar las PASO e incorporar el tratamiento de Ficha Limpia, que establece restricciones para las candidaturas de personas con determinadas condenas penales. Los aliados, en cambio, plantean suspender las primarias, o volverlas de participación optativa, en lugar de eliminarlas y discutir Ficha Limpia por separado. Los encuentros que Milei y sus funcionarios mantuvieron con gobernadores durante el viaje a París no produjeron avances concretos en esas diferencias.

Uno de los principales obstáculos es la desconfianza de los mandatarios provinciales ante la posibilidad de que La Libertad Avanza presente candidatos propios para competir contra sus oficialismos locales. El lanzamiento de Lisandro Catalán en Tucumán, donde el gobernador Osvaldo Jaldo acompañó al Gobierno en votaciones del Congreso, aparece como un caso que alimenta esas dudas. En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz está en conflicto judicial por su tercera candidatura, mientras Karina Milei tiene a María Emilia Orozco como su favorita para sucederlo. En Mendoza, Alfredo Cornejo no puede buscar la reelección y los libertarios impulsan a Luis Petri, dirigente radical enfrentado con el gobernador. Los mandatarios mantienen los sempiternos reclamos vinculados con obras públicas y asistencia financiera.

Mientras continúan las negociaciones, la Cámara Nacional Electoral advirtió sobre los plazos necesarios para implementar modificaciones al sistema de votación. El Gobierno tiene pendiente convertir los acuerdos políticos en votos y evalúa el Presupuesto como una herramienta de negociación con los bloques aliados. Santilli prepara reuniones individuales con los gobernadores, especialmente los radicales, cuyos acuerdos resultan relevantes para sumar votos en el Senado.

Con todo lo relevado, se puede concluir que Javier Milei y su gobierno siguen gozando de la ausencia de una oposición que logre articular un discurso que dé respuesta a los sectores medios y bajos, que hoy son golpeados por las políticas de ajuste de Milei. Pero ese crédito también tiene límites.