El presidente del TOF 2 revocó su licencia y se mantendrá en funciones para ejecutar las condenas por el caso Vialidad. El plazo para que los condenados se presenten en Comodoro Py vence el jueves a primera hora. La detención de la expresidenta dependerá también de definiciones sobre la prisión domiciliaria.
El juez Jorge Gorini
El presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), Jorge Gorini, suspendió su licencia prevista para esta semana y postergó un viaje al exterior con el objetivo de encabezar la ejecución de las penas en el marco de la causa Vialidad, que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La decisión del magistrado implica que permanecerá en el país y asumirá personalmente las medidas finales del proceso, entre ellas, la detención de la ex mandataria, de Lázaro Báez y de los otros siete condenados: Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, Raúl Santibáñez y Raúl Daruich.
Originalmente, la licencia de Gorini comenzaba este lunes y su reemplazo iba a ser el juez Rodrigo Giménez Uriburu, otro de los integrantes del TOF 2, el tribunal que llevó adelante el juicio oral por la adjudicación irregular de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Sin embargo, el presidente del tribunal decidió permanecer al frente del proceso en una semana clave.
El plazo legal de cinco días hábiles dispuesto para que los condenados se presenten voluntariamente ante el tribunal vence durante las primeras horas del jueves 12 de junio. A partir de entonces, quedarán a disposición de la justicia federal para la ejecución de las penas, aunque aún resta resolver el lugar y las condiciones de cumplimiento.
Una de las definiciones pendientes es la prisión domiciliaria solicitada por la defensa de Cristina Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi. El pedido incluye condiciones específicas: que se mantenga el esquema de custodia a cargo del comisario Diego Carbone —quien acompaña a la ex presidenta desde hace años— y que no se utilice tobillera electrónica para su control.
El fiscal general Diego Luciani, quien encabezó la acusación durante el juicio, debe pronunciarse en los próximos días sobre el pedido de prisión domiciliaria. Su dictamen no será vinculante, pero tendrá peso en la decisión final del tribunal.
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