El Gobierno decretó el secreto militar para la compra de equipamentos para las fuerzas armadas

El Gobierno declaró secreto militar las operaciones contractuales relacionadas con una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La decisión quedó formalizada mediante el decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

La norma no especifica qué material se adquirirá, cuánto dinero se destinará a la operación, qué empresa será la proveedora ni cuál de las fuerzas recibirá los equipos. La compra está identificada en un expediente administrativo del Ministerio de Defensa y su tramitación quedará amparada por el régimen de secreto militar.

Según los fundamentos del decreto, la cartera considera que las características y la finalidad de la adquisición requieren restringir el acceso a la información. La justificación oficial sostiene que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los recursos destinados a la defensa.

Qué establece el decreto

La medida se apoya en la Ley de Defensa Nacional 23.554, la Ley 24.948 y el decreto 9390/1963. Esta última norma contempla la clasificación como secreto militar de determinadas adquisiciones, fabricaciones y construcciones que sean fundamentales para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.

En concreto, la declaración permite exceptuar a los organismos responsables de la compra de las obligaciones de publicidad y difusión de las actuaciones administrativas vinculadas con el procedimiento.

El decreto también habilita a la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa a instrumentar las medidas necesarias para concretar la operación. Sin embargo, el documento no brinda información sobre las características técnicas del equipamiento ni sobre los plazos previstos para su incorporación.

El conflicto por Malvinas y la compra de equipamiento militar

La publicación del nuevo decreto también coincide con una escalada de las tensiones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. El Gobierno argentino solicitó recientemente medidas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el desarrollo de un proyecto petrolero británico-israelí en las aguas cercanas al archipiélago.

No obstante, el decreto 1205/2026 no vincula expresamente la adquisición reservada con el conflicto por Malvinas ni identifica el destino operativo del material. Por el momento, el Gobierno no difundió detalles adicionales sobre la compra.