Ejemplo boliviano

Los recientes sucesos de la realidad política boliviana tienden a quedar en el olvido del imaginario latinoamericano frente a lo que viene ocurriendo en Brasil, en Perú, en la oposición salvaje que padece Argentina o la prueba de fuerza entre el narcotráfico y el Estado mexicano. Sin embargo, lo que ocurra en el país central sudamericano es de enorme importancia para toda la región.

Cerca de las 14 horas del 28 de diciembre de 2022 una comisión de la Policía Nacional de Bolivia interceptó al vehículo que transportaba a Luis Fernando Camacho, en Santa Cruz de la Sierra, para ponerlo bajo arresto. En menos de 30 minutos el detenido fue llevado al aeropuerto de Viru Viru en donde abordó un helicóptero AS 332 Super Puma perteneciente a los Diablos Rojos, una unidad de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Una hora más tarde la aeronave aterrizaba en Chimoré, Cochabamba. De ahí Camacho sería trasladado a la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz.

El arresto, sigiloso, veloz y preciso, había estado a cargo de la unidad Los Lobos del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico del gobierno boliviano.

La orden de detención de Camacho provino de la Fiscalía General de Bolivia por la causa denominada “Golpe de Estado I” en la que el gobernador cruceño está acusado de terrorismo por haber sido uno de los principales actores del golpe de Estado contra Evo Morales, consumado en noviembre de 2019.

Hasta el 28 de diciembre Camacho había eludido los requerimientos de la justicia atrincherado detrás de su puesto de gobernador del departamento más rico de Bolivia y más hostil a las políticas de Luis Arce, quien encabeza el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), actualmente en la presidencia del país.

La protección institucional no era lo único de lo que se valía Camacho para eludir los requerimientos penales, él es el referente máximo de una violenta red de grupos extremistas de derecha que tienen una amplia aceptación social en Santa Cruz y que desde tiempos del gobierno de Evo Morales vienen buscando la secesión del departamento del resto del país. En esa dinámica son parte de un juego geopolítico regional mucho mayor, promovido desde los Estados Unidos de América (EE.UU) y con apoyo en las líneas bolsonaristas de la política brasilera.

Camacho & Cia

Camacho es un abogado y empresario de 43 años descendiente de una acaudalada familia de Cochabamba dedicada a los negocios inmobiliarios y avícolas. Su carrera política comenzó con su ingreso en 2002 al partido Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y su nombramiento como vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC). En 2019 fue designado presidente del Comité Cívico de Santa Cruz pero renunció en 2020 para postularse como candidato presidencial de Bolivia en los comicios que finalmente ganó Arce. Desde el 3 de mayo de 2021 es gobernador de Santa Cruz.

Durante el golpe de Estado de 2019 la imagen de Camacho dio la vuelta al mundo, cuando ingresó al Palacio Quemado, sede de la Presidencia boliviana, portando una carta de renuncia para que firmara Evo Morales, una bandera de Bolivia y una Biblia que depositó en el suelo del hall de ingreso mientras se arrodillaba. Lo acompañó en esa puesta en escena, Marco Pumari, líder sindical proveniente del departamento de Potosí, en donde llegó a ser presidente del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) en 2018. Pumari fue arrestado en diciembre de 2021 por su participación en el golpe de Estado de 2019.

Contexto cruceño

Santa Cruz viene ejerciendo una oposición férrea al intento transformador de Bolivia que ha encarado el MAS desde los primeros años del gobierno de Evo Morales (2006-2019). Como ocurre con otras zonas ricas en diversos países, en Santa Cruz se enarbola la queja de que los recursos que aporta al país se destinan a financiar otros territorios que no se esfuerzan por prosperar. Detrás de este argumento se esconde una sociedad con una composición racial significativamente diferente al resto de Bolivia, con una presencia marcada de descendientes de inmigrantes europeos.

Con aproximadamente 1,9 millones de habitantes, Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento de Santa Cruz (3,8 millones de habitantes) es la ciudad más grande de Bolivia, seguida por El Alto (cerca de 950.000 habitantes) y La Paz (aproximadamente 940.000 habitantes). Desde el punto de vista económico, Santa Cruz aporta más del 30% del PBI boliviano con 12.335 millones de dólares estadounidenses (U$D) de producto bruto geográfico, seguida por el departamento de La Paz con el 28% del PBI (U$D 11.269 millones) y Cochabamba con el 14% (U$D 5.582 millones). En las exportaciones, Santa Cruz también es líder con alrededor del 32% del total nacional que, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Bolivia, en 2021 ascendió a U$D 11.028 millones.

El Censo de 2012, él último realizado hasta la fecha, expuso que de los 11,2 millones de habitantes de Bolivia, el 41% de la población mayor de 15 años es de origen indígena. Este universo comprende 36 pueblos oficialmente reconocidos, de los cuales el 90,1% habitan en la zona andina (departamentos de Potosí, Oruro, y parte de La Paz, Chuquisaca y Cochabama) conformándose ese porcentaje por un 49,5% de indígenas de habla quechua y un 40,6% aymara.

Santa Cruz, Beni y Pando pertenecen a las zonas de los llanos o las llanuras tropicales de Bolivia. Específicamente Santa Cruz tiene otra particularidad. Aunque el promedio de población típicamente blanca en Bolivia oscila en un 10%, en Santa Cruz esa cifra es mayor y además posee un porcentaje significativo de población descendiente de guaraníes, etnia aborigen que tradicionalmente ha solido hacer alianza con los blancos en contra, sobre todo, de los aymaras.

En el centro de este escenario está metido el boom del agronegocio, con la producción sojera entre las de mayor crecimiento. La Fundación Tierra, una ONG boliviana dedicada al desarrollo rural sostenible en su informe Deforestación 2016-2021. El pragmatismo irresponsable de la “Agenda Patriótica 2025” señala que en el período 2001-2021 el promedio anual de deforestación en Bolivia fue de 209.000 hectáreas (ha). La mayor parte de esa destrucción de la naturaleza se concentra en el departamento de Santa Cruz. En el quinquenio 2016-2021 el promedio nacional de deforestación anual fue de 300.651 ha, implicando Santa Cruz el 82,8% del total, con 249.234 ha.

La principal causa de esa depredación es el desplazamiento de la frontera agropecuaria por la ganadería, el cultivo industrial y los pequeños establecimientos agrícolas. Paradójicamente, los gobiernos del MAS, con toda la retórica indigenista de la Pachamama, no han sido defensores de la biodiversidad sino que, por el contrario, han promovido la explotación intensiva de los recursos naturales con iniciativas como el Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) 2021-2025.

Cruceñismo fascista

Al particular contexto cruceño se le suma un componente muy específico, una presencia significativa de descendientes de inmigrantes centroeuropeos, con un importante porcentaje de croatas, en los que se ha arraigado y prosperado una ideología fuertemente racista de claras reminiscencias nazis.

La inmigración croata en Bolivia data de finales del siglo XIX con una primera ola que ceso alrededor de la Primer Guerra Mundial. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial vino otra oleada, esta vez compuesta en gran medida por seguidores del dictador y criminal de guerra nazi Ante Pavelic quien había huido de su tierra natal ante la victoria del mariscal Tito y la Unión Soviética. Pavelic recayó primero en Argentina pero luego partió a la España de Franco en donde vivió bajo la protección del dictador hispano hasta su fallecimiento en 1959. Para muchos de sus seguidores, que también escapaban de la justicia de la posguerra, el camino de la huida fue otro y los llevó a radicarse en Santa Cruz de la Sierra y sus alrededores.

Esta segunda camada de inmigrantes croatas pasaron a ocupar un lugar relevante en la política cruceña. Personajes como Branko Marinkovic, descendiente de aquella inmigración, detentarían la presidencia del Comité Cívico pro Santa Cruz, la más importante de estas organizaciones en la zona. Marinkovic luego fue ministro de Economía y Finanzas de la golpista Jeanine Añez, otra que ahora se encuentra en prisión por el golpe de Estado de 2019.

La llegada a Bolivia de los nazis croatas luego de la Segunda Guerra Mundial estuvo patrocinada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los EE.UU, la cual, estaba especialmente interesada en proteger a quienes habían sido miembros de la Ustacha, una organización terrorista nacionalista croata basada en el racismo religioso y el anticomunismo, célebre por su extrema crueldad, y que fue una férrea aliada de los nazis germanos en los Balcanes. Europa del este fue prolífica en el surgimiento de movimientos de cuño nazi-fascista en las décadas de 1930 y 1940 con gran arraigo en la población. Si algo libró al Viejo Continente de esos monstruos fue el enorme sacrificio de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, aunque las raíces de ese culto a la violencia permanecieron soterradas en las sociedades de la zona, como lo muestran los más recientes acontecimientos. Cuando Putin habla de desnazificar Ucrania no le falta razón, aunque sus métodos resultan bastante contraproducentes.

Pero retornemos a Bolivia, a Santa Cruz y al neonazismo a lo Latinoamérica que se ha gestado allí. Véase otro ejemplo. Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Añez, para quien no había nada de malo en el hostigamiento de las embajadas de México y España por parte de las patotas golpistas, también es descendiente de croatas, aunque en este caso de Sucre.

La aludida UJC ha sido otro de los focos de la ideología racista de cuño fascista. Creada el 7 de octubre de 1957 está conformada, principalmente, por jóvenes menores de 30 años provenientes de las clases altas de Santa Cruz. Sus miembros suelen realizar el saludo fascista del brazo derecho extendido y participar de acciones violentas que han llevado a varios de ellos a prisión. Los jóvenes de la UJC han sido una de las fuerzas de choque más relevantes de los bloqueos y paros que la derecha boliviana organiza en Santa Cruz en contra de las políticas del gobierno nacional.

Separatismo y violencia

Los comités cívicos son un actor clave en este entramado de poder. Creados a mediados del siglo XX para reclamar y promover cuestiones básicas de infraestructura y desarrollo para los departamentos, como luz, agua, pavimiento y cloacas, en una Bolivia que entonces era un Estado unitario, a partir de la nueva Constitución boliviana de 2009 que le otorgó altos niveles de autonomía a las regiones, pasaron a ocupar un rol bastante diferente, que en muchos casos ya se preanunciaba desde antes. En lo que se conoce como la Media Luna boliviana, conformada por los departamentos de Santa Cruz, Beni Pando y Tarija, los comités cívicos han sido el germen de una ideología separatista que arreció en 2008 tratando de fracturar a Bolivia en dos países, uno conformado por la zona andina al oeste y otra por la Media Luna de valles y llanos al este. El objetivo explícito era jaquear al gobierno de Evo Morales y obturar el surgimiento de una Bolivia emancipada de su dependencia histórica de los EE.UU.

En este escenario arribó a Bolivia, Eduardo Rózsa Flores, de origen boliviano pero con ascendencia húngara, quien había combatido en las llamadas Guerras Yugoslavas (1991-1995) del lado de Croacia. Rózsa Flores se instaló en Santa Cruz de la Sierra con dos objetivos, asesinar al entonces presidente Evo Morales y organizar las milicias que ejecutarían la fractura del país. Murió, junto a otros dos miembros de su banda, en un tiroteo con la policía cuanto ésta trató de detenerlo en abril de 2009. Eso desencadenó una serie de arrestos de altos funcionarios de la gobernación de Santa Cruz, varios de ellos, junto a empresarios cruceños, señalados como los contratantes de Rózsa Flores para que perpetrara los actos terroristas que preparaba. Uno de los que, ante un panorama tan adverso, desapareció de Bolivia fue Marincovic, quien retornó en 2019 para ser ministro de la dictadura de Añez.

Las protestas de los cívicos han vuelto a emerger potentes y violentas en tiempos más recientes.

En noviembre de 2021 Potosí, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz fueron los epicentros de seis días de feroces bloqueos y paros contra la Ley 1386 que promovía el gobierno de Arce. Esta norma, denominada Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, buscaba básicamente comenzar a establecer una cultura del pago de impuestos y de blanqueo de las actividades económicas. Algo imprescindible en un país en donde la economía informal (en “negro”) alcanza el 60% de la actividad. Los comités cívicos, así como las organizaciones que los nuclean, salieron a denostar la ley calificándola de “totalitarismo económico y financiero". Arce finalmente derogó la norma y eso calmó momentáneamente los ánimos. En otras palabras, los comités cívicos, y buena parte de la población boliviana, se mostraron fervorosamente partidarios de la evasión tributaria. Que difícil que es América Latina.

Un observador extranjero que presenció personalmente aquellos bloqueos cruceños de 2021, en los que había retenes por toda la ciudad, algunos vigilados por hombres armados, a la usanza de lo que se hacía en Croacia durante la guerra (1991-1995); le relató a C5N que, al verlo de tez blanca, los bloqueadores “cívicos” le pedían disculpa en las barricadas por los inconvenientes ocasionados a la circulación, pero le aclaraban que eran medidas indispensables porque ellos “no iban a permitir que unos indios les manejaran la vida desde La Paz”. Toda una declaración del componente racial de la cruzada cruceñista.

Los bloqueos y el paro volvieron a Santa Cruz durante 36 días, entre octubre y noviembre de 2022. Esta vez la excusa fue la postergación, decidida por el gobierno nacional junto a una comisión técnica de municipios, gobernaciones y jurisdicciones de todo el país, del censo nacional de población cuya fecha se fijó para el marzo y abril de 2024. Santa Cruz reclamaba que dicho censo se hiciera en 2023 esgrimiendo que el resultado indicaría un incremento de la población de la región que le daría un mayor número de diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. De hacerse el censo durante 2023 los resultados ya podrían aplicarse a la composición representativa que surgiera de las elecciones generales a llevarse a cabo en 2025. En cambio, si se realizara durante 2024 ello no sería posible.

Las protestas cruceñas por la cuestión del censo, en las que se inauguró otra forma de presión al gobierno central, la toma de edificios de entidades públicas, no tuvo el mismo acompañamiento por parte de otras regiones de Bolivia, como había ocurrido en 2021. Es que también los departamentos de la Media Luna verán disminuida su influencia legislativa si crece la de Santa Cruz. Los perjuicios económicos causados, en la misma sociedad cruceña, por medidas de fuerza tan severas, también habían comenzado a deslegitimar internamente la metodología de presión de los comités cívicos.

Por supuesto, en cuanto se supo del arresto de Camacho los comités cívicos de Santa Cruz llamaron al bloqueo, el paro y la toma de edificios públicos. Aunque recibieron enfáticas adhesiones de varios sectores de la oposición política y de otras regiones del país, lo cierto es que el epicentro de las protestas fue Santa Cruz. No obstante, el miércoles 18 de enero de 2023 anunciaron el levantamiento de los bloqueos esgrimiendo la necesidad de decidir nuevas medidas de reclamo al gobierno nacional por la detención de Camacho. Un indicio de que a la derecha cruceña no le está resultando tan sencillo como en el pasado concitar apoyos reales de otras partes de Bolivia.

Por otro lado, la cuestión del separatismo sigue presente como una amenaza latente pero real. El 12 de diciembre de 2022, en el discurso del acto de homenaje del 212° aniversario de la batalla de Aroma, hito fundacional del Ejército Boliviano, el general de brigada Juan José Zuñiga Macías, jefe de la institución, afirmó la necesidad de garantizar “nuestra unidad territorial en el convencimiento de que cualquier forma de división o separatismo solo nos traerá guerras civiles, violencia étnica y cultural, mayor pobreza y sobre todo la imposibilidad histórica para enfrentar la lucha por la emancipación de nuestra amada patria”, agregando, “no debemos quedarnos en silencio ante los aprestos desestabilizadores de pequeñas logias oligárquicas que van en contra de la unidad de la patria, que van en contra de los bolivianos y que se resisten al imperio de la Constitución Política del Estado”.

Las palabras de Zuñiga fueron acompañadas de un desfile militar inusitadamente nutrido de tanques de guerra. Un claro mensaje para el Comité Pro Santa Cruz que, bajo la conducción de Rómulo Calvo, ha iniciado un proceso para “revisar la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”, un eufemismo diáfanamente separatista.

Las Fuerzas Armadas (FF.AA) de Bolivia lentamente han empezado a dejar de ser el monolítico instrumento de dominación de la élite blanca sobre el conjunto indígena del país. Durante las presidencias de Evo Morales se promovió el ingreso a sus filas de miembros de las etnias aborígenes locales. Eso ha ido modificando la composición socio cultural de aquéllas y ello es una de las razones por las cuales, a tres años del golpe de Estado contra Evo, en el cual las FF.AA cumplieron un rol desestabilizador directo, el jefe del arma más importante del sistema de defensa boliviano, asume una posición muy diferente. También fue fundamental en este proceso, los juicios seguidos a los altos mandos militares involucrados en aquel golpe y el desplazamiento de muchos de los oficiales que tuvieron algún tipo de participación o simpatía por quienes quebraron el orden constitucional.

Contra la impunidad

A pesar de las limitaciones, y hasta las contradicciones que han exhibido los gobiernos del MAS, Arce ha mostrado una determinación sorprendente en llevar ante la justicia a los autores del golpe de Estado de 2019. Una tarea riesgosa pero fundamental, tanto para la democracia boliviana como para la estabilidad y la posibilidad de avance de las propuestas soberanistas, inclusivas, desarrollistas y democráticas en toda América Latina. Algo que no es tan fácil de observar en otros gobiernos progresistas de la región que, llegados a la presidencia luego de devastadoras gestiones de la derecha, no han sabido cumplir algunas de las promesas básicas efectuadas sobre el fin de la impunidad.

El MAS tiene sus internas, bastante preocupantes por cierto. Evo Morales, quien no oculta sus pretensiones de volver a la presidencia, sostiene una apenas disimulada disputa con Arce. Entre otras cosas, el expresidente lo acusa al actual primer mandatario de haber iniciado un acercamiento con los Estados Unidos, y especialmente con la DEA. El promotor de esta movida, que desandaría la línea soberanista sostenida durante los gobiernos de Morales, sería Eduardo del Castillo, el poderoso ministro de Gobierno de Arce. Hay indicios que llevan a pensar que no es tan descabellado, ni mero fruto de resentimientos personales, lo que Evo denuncia. Del Castillo viene haciendo un llamativo esfuerzo por intensificar la “lucha contra el narcotráfico”. Ésta tiene como uno de sus principales escenarios territoriales el Chapare, provincia del departamento de Cochabamba en donde se encuentra el hogar político de Evo. Por otro lado, la embajada de los EE.UU en Bolivia, quien no tiene embajador a cargo desde que el último fuera expulsado en 2008 por el gobierno de Evo, ha comenzado a tener sugestivos movimientos, sobre todo en su agregaduría militar.

Sin embargo, y más allá de lo que pueda estar ocurriendo tras bambalinas, lo cierto es que el arresto de Camacho era algo que los sectores evistas le venían reclamando desde hace tiempo al gobierno de Arce como un acto necesario para evitar consagrar la impunidad. Sin lugar a dudas fue una acción acertada, por muchos peligros y amenazas que entraña. Una decisión absolutamente necesaria, revalidada aún más luego de ver el ataque del bolsonarismo a la democracia en Brasil y de conocerse el intento de asesinato a la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez.

La última vez que el neofascismo copó América Latina, entonces en la versión de los golpes cívico-militares, esa violencia sólo pudo ser parada cuando se hizo caer todo el peso de la ley sobre los perpetradores de tales horrores. En eso Argentina supo ser ejemplar, aunque hoy la posta parece haberse desplazado al lado boliviano.

El combate de la impunidad sobre las acciones pasadas no sólo debe ser una obligación irrenunciable, sino que ella debe ser la base de la prevención de eventos futuros que vuelvan a amenazar la democracia, la convivencia pacífica y las posibilidades de desarrollo de las naciones latinoamericanas.