Oro del BCRA: la fiscalía pidió medidas para investigar operaciones que habrían generado pérdidas por u$s1.023 millones

En un dictamen presentado al juez Ariel Lijo, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó requerir documentación a la Auditoría General de la Nación (AGN) y al propio Banco Central para reconstruir las operaciones, identificar a los funcionarios que intervinieron y determinar si las decisiones se ajustaron a las normas vigentes.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del directorio de la entidad, Juan Ernesto Curutchet.

Los US$ 1.023 millones bajo la lupa

El punto de partida es el informe de auditoría sobre los estados contables del BCRA correspondientes al ejercicio 2025, aprobado por la AGN mediante la Resolución 205/2026.

Según los datos citados en la denuncia, las operaciones con derivados financieros vinculados al oro registraron una pérdida de $1.469.155 millones, equivalente a US$ 1.023 millones, con egresos de divisas.

Ese resultado se compone de $1.400.793 millones —unos US$ 960,2 millones— registrados en la cuenta “Resultado negativo por opciones” y otros $68.362 millones —US$ 62,8 millones— correspondientes a primas de opciones.

El informe también consignó que, durante el mismo ejercicio, la tenencia de oro del Banco Central registró una ganancia de $8.002.500 millones por diferencias de cotización. La coexistencia de esos resultados es uno de los puntos centrales de la controversia entre la lectura del denunciante y la explicación oficial sobre las operaciones.

La denuncia sostiene que la estrategia financiera habría limitado la posibilidad de capturar la suba del metal. Según la presentación, el oro aumentó cerca de un 65% durante 2025 y las operaciones habrían reducido el resultado económico que podía obtenerse por la revalorización de las reservas.

Dalbón planteó que la estrategia podría haber consistido en un collar, una estructura financiera que combina la compra de una opción para establecer un piso de precio con la venta de otra que fija un techo. En ese esquema, si el valor del oro supera el límite acordado, pueden generarse obligaciones de pago por la diferencia.

La existencia de una pérdida contable, por sí sola, no demuestra que haya existido un delito. La investigación deberá establecer las condiciones concretas de contratación, los pagos efectuados y las razones económicas que justificaron las decisiones.

Qué le pidió Pollicita a la AGN

Una de las medidas solicitadas consiste en obtener el informe completo de auditoría aprobado por la AGN, junto con la documentación que respalda sus conclusiones.

El fiscal pidió que el organismo remita también las eventuales disidencias parciales y sus fundamentos, además de los papeles de trabajo relacionados con las operaciones y los resultados registrados en las notas contables correspondientes.

Asimismo, solicitó la respuesta que brindó el Banco Central frente a las observaciones de los auditores y que se informe si hubo actuaciones posteriores vinculadas con esos cuestionamientos.

En el dictamen, Pollicita explicó el objetivo de las medidas: “delimitar con mayor precisión la plataforma fáctica objeto de análisis, reconstruir el marco de las operaciones involucradas y determinar su alcance”.

El fiscal también busca identificar las circunstancias y las personas que participaron en las decisiones, para evaluar su eventual relevancia penal.

El foco en las facultades de Caputo y las autoridades del BCRA

La segunda medida está dirigida al Banco Central. Pollicita pidió que informe cuál era el marco normativo aplicable a las decisiones sobre la administración, disposición y contratación de operaciones relacionadas con las reservas de oro.

En particular, reclamó precisiones sobre las facultades de las distintas áreas y funcionarios, los procedimientos de instrumentación y aprobación, los controles internos y las instancias de supervisión previstas.

El requerimiento incluye otro punto: las posibles comunicaciones entre el Ministerio de Economía y el BCRA sobre el manejo de las reservas de oro y las operaciones con derivados.

En concreto, el fiscal pidió que la entidad informe “si, entre el año 2025 y la actualidad, existieron directivas o intercambios institucionales con el Ministerio de Economía de la Nación” sobre esos asuntos. En caso afirmativo, deberá aportar las constancias y actuaciones correspondientes.

La medida apunta a esclarecer cómo se adoptaron las decisiones, qué funcionarios participaron y si existieron instrucciones o intervenciones desde el área económica del Gobierno.

Los delitos denunciados

El abogado Dalbón sostuvo que los hechos podrían encuadrar en los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

También cuestionó la explicación oficial sobre la naturaleza de las operaciones. En su presentación, afirmó que calificar una transacción como cobertura no resuelve por sí mismo el interrogante sobre su legalidad.

Según el denunciante, la cuestión relevante es “su estructura, sus montos y la competencia, la finalidad y la diligencia con que se decidió”.

La denuncia también planteó interrogantes sobre la ubicación y el destino del oro involucrado, a partir de versiones públicas que mencionaron reservas depositadas en Londres, en Suiza y en las bóvedas del propio Banco Central.

Ese aspecto forma parte de los cuestionamientos presentados, aunque las medidas concretas propuestas por Pollicita en este dictamen se concentran en la auditoría, el marco normativo y las decisiones institucionales.

Por último, el fiscal pidió que, una vez cumplidas las medidas de prueba, se le otorgue una nueva vista para evaluar cómo continuar con la investigación.

De este modo, la fiscalía busca establecer si las operaciones respondieron a una estrategia financiera legítima, cuáles fueron sus costos efectivos y si las autoridades responsables actuaron dentro de sus atribuciones. La respuesta del BCRA y la documentación de la AGN serán claves para avanzar en el esclarecimiento del caso.