La UCEP macrista, el antecedente de la Patrulla Municipal en Mar del Plata

Según el decreto de su creación, el 1232/08, el objeto de la UCEP era "mejorar el orden y la organización en el espacio público, coordinando y colaborando con las diferentes áreas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en tareas que resulten a fines".

"Serán objetivos fundamentales de dicho organismo, entre otros, controlar y ejecutar el retiro de infraestructura instalada en el espacio público no ajustada a la normativa vigente, remover elementos publicitarios que no se ajusten a la normativa vigente; colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiados ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público; en general, colaborar, en todos los operativos que realice el Ministerio de Ambiente y Espacio Público en el espacio público", añadía el texto.

Desde el inicio, la UCEP acumuló denuncias de la Defensoría del Pueblo, partidos opositores, periodistas, vecinos y personas en situación de calle por ejercer violencia física y verbal contra indigentes y sustraerles sus pertenencias, causa en la que terminó investigado el propio Macri.

Además, en 2009 una mujer embarazada acusó no solo haber sido golpeada e insultada, lo que derivó en un desplazamiento de placenta constatado por personal médico del hospital Ramos Mejía, sino también haber sido abusada sexualmente por miembros de la UCEP.

En el proceso llevado a cabo en el Juzgado Nacional en lo Criminal 49 se demostró con filmaciones que los integrantes de la UCEP despejaban los espacios a las piñas y patadas, de noche y quemaban las pocas pertenencias de los pobres.

En noviembre de 2009, tras estos escándalos, Macri anunció que la UCEP sería disuelta y sus empleados redistribuidos en otras áreas. El juez de instrucción Facundo Cubas cerró la causa en plena campaña del 2015, meses antes de que el entonces jefe de Gobierno ganara las elecciones.

La Patrulla Municipal en Mar del Plata: nuevo ejemplo de violencia institucional

Años después, estas prácticas volvieron. Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredon, fue juez federal hasta 2007, cuando renunció para ser ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que desempeñó durante la totalidad del paso de Macri al frente del Ejecutivo porteño.

El jefe comunal, integrante del PRO pero cada vez más cerca de La Libertad Avanza, creó en 2020 el Cuerpo de Patrulla Municipal con el objetivo de "implementar programas de seguridad comunitarias, prevención de ilícitos e infracciones, así como también promover el desarrollo de estrategias que tiendan a optimizar la seguridad pública e interactuar con otras áreas de gobierno".

Pese a tener objetivos loables como "dar apoyo al Consejo Municipal de Seguridad en el traslado de víctimas de violencia de género entre dependencias", varias organizaciones denuncian que "mediante el uso sistemático de la fuerza, hostigan a las personas que pernoctan en la vía pública, despojándolas violentamente de sus escasos elementos de abrigo que son provistos solidariamente por vecinos y organizaciones sociales".

"Esta práctica, ejecutada de manera reiterada y pública, constituye una forma de castigo por el solo hecho de estar en situación de calle, y responde a una lógica punitivista que estigmatiza la pobreza y fomenta el odio hacia quienes la padecen, atentando lisa y llanamente con la presentación de vida de estas personas en situaciones de extrema vulnerabilidad", lo que se agrava en el contexto de ola polar.

Montenegro hace una constante promoción de ese costado de su gobierno y exhibe con orgullo en sus redes sociales cómo se golpea y maltrata a gente en situación de calle a través de varios videos que muestran su lucha no contra la pobreza, sino contra los pobres.