Causa Malvinas: qué dice la Ley de Hidrocarburos que el Gobierno buscará modificar

"Hoy nuestra soberanía enfrenta un peligro concreto y urgente. El proyecto Sea Lion avanza hacia la explotación de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización de la República Argentina", remarcó el Presidente, y recordó que la ONU solicita al país y al Reino Unido "no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras se resuelve la controversia de soberanía".

"Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos. Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar", advirtió.

En ese sentido, si bien reconoció que la Ley de Hidrocarburos "tiene gran relevancia para sancionar" a quienes avancen en la explotación de esos recursos, señaló que corresponde modificarla para "endurecer sus sanciones y ampliar su alcance para extender ciertas consecuencias, tanto penales como administrativas, a las empresas que presten servicios a aquellos que realizan explotaciones hidrocarburíferas".

Qué dice la Ley 26.659 y qué sanciones establece para las empresas que operen en Malvinas

La Ley 26.659 prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina —que incluye las Islas Malvinas— sin contar con una habilitación otorgada por la autoridad nacional competente. Del mismo modo, prohíbe tener participación directa o indirecta en las empresas que desarrollen estos proyectos, prestarles servicios o realizar cualquier transacción sin la autorización correspondiente.

Para quienes incumplan la Ley, las sanciones incluyen:

• Inhabilitación por el plazo de 5 a 20 años.
• Cese de las concesiones hidrocarburíferas (en caso de poseerlas), que se revertirán al Estado nacional o a los estados provinciales, según corresponda.
• Cese inmediato de las exenciones, facilidades impositivas o previsionales que se le hubieran concedido.
• Prisión de 5 a 10 años, multa equivalente al valor de mercado de 20 mil a 100 mil barriles de petróleo crudo (WTI) e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial para el que, sin autorización de la autoridad competente, encargare o realizare cualquier actividad de búsqueda de hidrocarburos.
• Prisión de 10 a 15 años, multa equivalente al valor de mercado de 150 mil a 1.5 millones de barriles de petróleo crudo (WTI) e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial para el que, sin autorización, encargare o realizare cualquier actividad de extracción de hidrocarburos, o su transporte o almacenamiento.
• En el caso de las personas jurídicas, las sanciones también pueden incluir la suspensión total o parcial de actividades por hasta 10 años; la suspensión para participar en concursos o licitaciones de obras o servicios públicos por hasta 10 años, y la cancelación de la personería.