¿Quiénes son los violentos?

La derecha, encarnada en la Alianza Cambiemos, acusa al movimiento nacional y popular, manifestado en el kirchnerismo, de alterar la paz social. La evidencia histórica, sin embargo, muestra diáfanamente que la portadora de la violencia siempre ha sido esa derecha.

La toma de la palabra por parte de Cristina Kirchner para denunciar la burda operación judicial lanzada contra ella para proscribirla, y la enorme respuesta de apoyo popular que ha recibido, reactivó la mendaz acusación de la derecha de que es el kirchnerismo, y más ampliamente el peronismo, el responsable de la violencia. Pero la derecha argentina, y lo mismo podría decirse de cualquier versión de ella en el lugar del mundo que se nos ocurra, es la que porta en su esencia la violencia. El hecho de que el basamento de su credo sea una sociedad basada en la desigualdad y la exclusión, es uno de los gérmenes más poderosos de la violencia social generalizada.

El modelo de sociedad al que aspira la derecha fue bien caracterizado por el presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA) en tiempos del gobierno de Mauricio Macri. Javier González Fraga, militante radical, supo comentar en un reportaje durante su gestión al frente del mayor banco estatal del país que “le hicieron creer al empleado medio que podía comprar celulares e irse al exterior”. O sea, el anhelo de la derecha es un país donde quienes generan la riqueza no puedan acceder a los frutos de su trabajo para que éstos sean apropiados por una minoría parasitaria.

Pero la violencia de la derecha local tiene una larga y concreta historia nacional. Realicemos una brevísima retrospectiva.

Una larga estela de violencia

La configuración de la Argentina moderna tuvo como uno de sus hitos fundamentales la “Conquista del Desierto”, una campaña militar llevada a cabo entre 1879 y 1885 durante las presidencias de Nicolás Avellaneda (1874-1880) y Julio Argentino Roca (primera presidencia 1880-1886) cuyo propósito fue exterminar o esclavizar a los pueblos nativos como los pampa, mapuches y tehuelches, para robarles sus tierras. La excusa de la consolidación de la soberanía argentina en el sur patagónico fue un mero argumento justificativo de las atrocidades perpetradas por el Ejército Argentino cumpliendo el mandato de la oligarquía terrateniente encabezada por la Sociedad Rural Argentina (SRA). Ello quedaría claro cuando algunos años más tarde buena parte de las tierras usurpadas terminaran en manos de propietarios británicos, empezando por el Trenel, una propiedad de 136 leguas cuadradas (243.712 hectáreas) en el entonces Territorio Nacional de La Pampa, cedida en 1881 por el gobierno argentino a la británica South American Land Company para que las comercializara en Londres.

El Comisión Científica Agregada al Estado Mayor General de la Expedición al Rio Negro (Pagatonia), grupo científico que acompañaba a los militares en la Conquista del Desierto, cifró en 14.000 el número de hombres, mujeres y niños asesinados o hechos prisioneros durante el proceso.

Cuarenta años más tarde, en enero de 1919, nuevamente el Ejército Argentino, junto a la Policía Federal y a grupos paramilitares de la extrema derecha, rompieron la huelga obrera que se realizaba en los Talleres Vasena en reclamo de mejores salarios y la reducción de las extenuantes jornadas laborales. La feroz represión tuvo un saldo estimado en cerca de 1.000 trabajadores muertos y 4.000 heridos. Además, se aprovechó la ocasión para instalar en la Ciudad de Buenos Aires el único pogrom antisemita que registra la historia latinoamericana. Corría la primera presidencia del radical Hipólito Yrigoyen (1916-1922).

Antes de que Yrigoyen terminara su primer gobierno se desataría otra criminal matanza de obreros, siguiendo los pedidos de los terratenientes patagónicos, muchos de ellos, como se mencionó, británicos. Se trató de la represión de las huelgas obreras acaecidas entre 1920 y 1922 en el entonces Territorio Nacional de Santa Cruz, que dejó un saldo de entre 1.000 y 1.500 trabajadores asesinados, y fue conocida como la “Patagonia Trágica”.

Aquellos crímenes aberrantes de la derecha argentina no son cosas pretéritas de un país ya superado. Es sintomático que algunos de los representantes más conspicuos de la derecha actual, como el ex presidente Mauricio Macri, o Cristiano Rattazi, ex presidente de Fiat Auto Argentina, han manifestado reiteradamente su deseo de que Argentina retorne a aquél modelo de país que estaba cimentado en tamaña violencia.

La derecha terminó por darle un golpe de Estado a Yrigoyen en 1930 e instauró un período que recibió el sugestivo nombre de “Década Infame” por el nivel de corrupción y fraude político que se instaló. Se iniciaba así el luctuoso ciclo de golpes cívico-militares, cada uno más violento que el anterior, que jalonaría la histórica argentina de los siguientes 50 años. La última de esas dictaduras (1976-1983), ya desprovista de cualquier sentido de la legalidad o de lo moralmente aceptable, desataría un genocido de 30.000 muertos y desaparecidos, y llevaría al país a una guerra que, además de los fallecidos y heridos, contribuiría a consolidar la posición de Inglaterra en las Islas Malvinas.

En el camino ocurrió otro hito demencial de la violencia de la derecha. El 16 de junio de 1955 aviones de la Fuerza Aérea (FAA) y de la Armada Argentina (ARA), con el propósito de destruir al peronismo, bombardearon al mediodía de un jueves laboral la principal plaza del país, Plaza de Mayo. Oficialmente se determinaron 308 muertos, y cientos de mutilados y heridos, producto de los bombardeos, la amplia mayoría hombres, mujeres y niños que circulaban por la plaza en ese momento. Muchos de los aviones que atacaron llevaban en sus fuselajes la inscripción “Cristo Vence”, en clara alusión a la participación de la Iglesia Católica en tamaño crimen de lesa humanidad. A los “provida” nunca les ha temblado la mano para asesinar a los nacidos.

La proyección de los profetas del odio

En cada uno de los crímenes cometidos por la derecha sus representantes practican a pleno lo que el psicoanálisis ha denominado “proyección”. Un mecanismo por el cual un sujeto atribuye a otras personas, cualidades que en realidad son de él. Eso se traduce en acusar de violentos a quienes en realidad son las víctimas, y en autoatribuirse la legalidad, el orden y la paz a quienes sólo predican el odio y practican la destrucción.

El tuit emitido el 22 de agosto de 2022 por el diputado nacional del PRO por Neuquén, Francisco Sánchez, ha sido un vivo ejemplo de quienes son los verdaderos violentos. El diputado pidió en su mensaje la pena de muerte para Cristina Kirchner luego de la impresentable solicitud de prisión formulada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa de la obra pública en Santa Cruz. Sánchez, como no podía ser de otra manera, se identifica como “provida”.

Quien no le va en zaga al diputado neuquino es Florencia Arietto, estrecha colaboradora de Patricia Bullrich. El 19 de mayo de 2022, en la señal de noticias de televisión, LN+, Arietto manifestó que “nosotros si el año que viene ganamos las elecciones, sangre, sudor y lágrimas, la gente lo tiene que saber”, agregando luego, “a la provincia de Buenos Aires hay que entrar con metra”. En la entrevista estaba Margarita Stolbizer, diputada nacional de la Provincia de Buenos Aires por el GEN, otro de los partidos autoproclamados como adalides del republicanismo, quien nada dijo ante el anuncio del retorno del terrorismo de Estado si Cambiemos vuelve a acceder a la Presidencia de la Nación.

Vallas, cascotes e infiltrados

El sábado 27 de agosto de 2022, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, decidió vallar la calle que pasa frente al edificio donde vive la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta. Luego de la masiva movilización en favor de ella que logró superar a la policía y liberar la calle, en sus declaraciones públicas a la noche, Larreta acusó a Cristina y al presidente, Alberto Fernández, de ser los responsables de promover “divisiones que no ayudan en nada en momentos como éste”. Pero en la misma alocución el jefe de gobierno porteño reconoció que las vallas fueron una decisión política, o sea, que era él el responsable de una medida antidemocrática destinada a provocar violencia.

En otro tramo de su discurso, Larreta manifestó que su gobierno iba a impedir “un plan organizado de ocupación del espacio público”. Al dirigente de Cambiemos se le olvida la protesta contra la “Resolución 125”. En aquella ocasión, en 2008, siendo presidenta Cristina Kirchner (2007-2015), la Mesa de Enlace agropecuaria realizó un bloqueo de las principales rutas de la zona central de Argentina durante 129 días con el declarado propósito de desabastecer las ciudades y así forzar una caída del gobierno. Entonces, como en sucesos de piquetes agropecuarios contemporáneos, los ruralistas emplearon la intimidación violenta, incluida la amenaza con armas, para mantener el bloqueo de las rutas.

La vinculación los ruralistas de la Mesa de Enlace con la violencia, e incluso el delito, no pudo quedar mejor ejemplificada que con el arresto de Leonardo Airaldi, dirigente radical, ex titular de la Sociedad Rural de Diamante (Entre Ríos) y colaborador estrecho de quien fuera presidente de dicha organización y ministro de Agroindustria de Macri, Luis Miguel Etchevehere. Airaldi fue arrestado el 24 de julio de 2022 en la provincia de Santa Fe con drogas, armas de fuego y dinero que no pudo justificar.

La Mesa de Enlace ha sido uno de los principales socios políticos de Cambiemos y ello hace que no exista ningún problema con los comportamientos violentos y con la usurpación de los espacios públicos, como las rutas, que sus miembros suelen protagonizar.

La historia de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires es otro caso atravesado por el cinismo, la ilegalidad y la violencia ilegítima. Creada por Mauricio Macri el 28 de octubre de 2008, estuvo desde un comienzo concebida al modo de los grupos de tareas de las dictaduras militares que asolaron Argentina durante el siglo XX. El reclutamiento inicial de sus efectivos se basó en buena medida en la contratación de ex policías, miembros de las fuerzas de seguridad federales y hasta militares, expulsados de sus instituciones de origen por problemas disciplinarios o delitos. Su primer jefe fue Jorge Alberto “Fino” Palacios, quien al momento de asumir el cargo estaba imputado por acciones de encubrimiento en la causa AMIA y cinco años antes había sido captado en una conversación telefónica con Jorge Sagorsky, un reducidor de autos robados vinculado a la banda de secuestradores que asesinó en 2004 al joven Axel Blumberg. Palacios tuvo que renunciar a la Metropolitana en agosto de 2009. Su sucesor, el comisario mayor retirado Osvaldo Chamorro, duró apenas un par de meses. Macri debió echarlo rápido para intentar cubrir el escándalo de la utilización de la Metropolitana en la realización de tareas de espionaje ilegal sobre políticos, empresarios y víctimas del atentado a la AMIA.

Los dos volquetes con cascotes estacionados con la asistencia de la Policía Metropolitana, a una cuadra del domicilio de Cristina, tal como atestiguan varios videos, mientras se instalaban las vallas para bloquear el paso de sus manifestantes; es otra evidencia de una práctica que ya tiene su tradición en dicha institución, la infiltración en actos públicos para provocar actos de violencia que son atribuidos a los concurrentes y así justificar feroces represiones. Es lo que en la jerga militar y de los servicios de inteligencia se denomina “ataques de falsa bandera”.

El caso más revelador de esos ataques fue el protagonizado por el policía metropolitano Maximiliano Russo en diciembre de 2017, en medio de las protestas contra la reforma previsional que propiciaba Macri, entonces en la Presidencia de la Nación. Un grupo de sujetos encapuchados empezó a tirar piedras a la policía lo que dio la excusa perfecta para una represión violentísima. Ya algunas imágenes tomadas daban cuenta de que esos mismos encapuchados, de repente se quitaban la capucha y comenzaban a arrestar a la gente que participaba de la protesta. Pero la cuestión se volvió más interesante luego de que Russo fuera herido en un ojo por un proyectil de la policía. Trasladado al Hospital Churruca, fue visitado por Macri quien lo entronizó como un héroe de la lucha por la ley y el orden, lo que no impidió que el mandatario hiciera un chiste de mal gusto sobre la belleza de la mujer del uniformado. Sin embargo, lo más interesante lo relevaría Laura, la madre de Russo. Entrevistada por el periodista Antonio Laje en el canal América 24 contó, “los de arriba” lo mandaron al operativo contra la protesta sin escudo y sin casco “pero al hacer de civil él, yo supongo que deben haberse confundido”, en referencia a que sus compañeros de la Metropolitana le dispararon por error al estar Russo mimetizado entre los manifestantes.

A las técnicas de infiltración y los ataques de falsa bandera, algo propio del terrorismo de Estado y no de instituciones republicanas y democráticas, se le suman las tareas de espionaje ilegales, como las fotos que efectivos de la Policía Metropolitana tomaban de quienes se acercaron a brindarle su apoyo a la vicepresidenta el sábado 27 de agosto.

Los unos y los otros

En una de las mayores marchas contra el gobierno de Cristina Kirchner, el 8 de noviembre de 2012, el canal Todo Noticias del grupo Clarín realizó una amplia cobertura pero sin entrevistar a los manifestantes, ni conectar el sonido ambiente en los móviles de calle. La razón de lo que al principio pareció una falla técnica pero luego se reveló como una decisión editorial, eran las barbaridades que exclamaban los y las concurrentes a la marcha. Consignas violentísimas, llamados al asesinato de miembros del gobierno, insultos de todo tipo, etc. La sociedad argentina todavía no estaba anestesiada como para tolerar eso al aire.

Diez años después la situación es otra, los antikirchneristas marchan con horcas, depositan bolsas mortuorias frente a la Casa Rosada con los nombres de los principales funcionarios del oficialismo o agreden impunemente a los móviles y periodistas de los canales que no se pliegan al discurso del odio, como C5N. Todo ello con abundante cobertura de las señales de televisión de Clarín y de LN+, que jamás critican ese deleznable comportamiento. La Policía Metropolitana, por supuesto, nunca llega a tiempo para evitar esas situaciones.

Las marchas de la derecha siempre tienen la misma tónica: la agresividad, la mentira, la violencia. Durante la pandemia de la COVID-19 llegaron a protestar para que se levantaran todas las restricciones y se permitiera a la enfermedad actuar a sus anchas. "Que se mueran los que tengan que morirse” le espetó Macri a Alberto Fernández en un llamado telefónico.

Las marchas del kirchnerismo han sido muy diferentes. Los y las periodistas de los canales que más se han ensañado con ellos pueden trabajar sin ningún temor, las consignas no versan sobre la promoción de la violencia, sino sobre la defensa de los derechos y de la democracia En la tarde del sábado 27 de agosto, cuando se le preguntaba a la gente desde los móviles de los noticieros porque habían ido hasta la casa de Cristina, las respuestas aludían al agradecimiento por haber tenido con ella los mejores años de su vida, por una jubilación recibida, por el primer auto cero kilómetro que una docente pudo comprarse, por un padre anciano que murió con dignidad, con sus medicamentos y sus ingresos garantizados por el Estado. Nada de odio, nada de muerte, nada de destrucción.

La diferencia entre unos y otros no podría ser más abismal. Una verdadera grieta moral que diáfanamente marca quienes son los violentos y quienes no.

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