Un grupo de científicos del CONICET reclama desde febrero de este año que el Gobierno ejecute unos u$s54 millones que ya fueron asignados y transferidos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ser utilizados en proyectos de investigación en Argentina.
Científicos del CONICET reclamaron al Gobierno los u$s54 millones que les asignó el BID y nunca fueron ejecutados
Son fondos que ya fueron asignados y transferidos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para ser utilizados en proyectos de investigación. La medida fue judicializada. El juez Ramos Padilla falló a favor de los científicos, pero el Gobierno apeló la sentencia.
La iniciativa es promovida por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT). Los científicos del CONICET realizaron una presentación ante el Banco Interamericano y en la Justicia federal de La Plata.
"Siendo (el BID) el organismo que otorga los fondos, nos parecía procedente informar que ese dinero nunca llegó a su destino y desconocemos qué hicieron con la plata", explicó Soledad Leonardi, doctora y licenciada en Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET, a C5N.
"Son proyectos que estaban en curso, otros que fueron concursados y evaluados pero nunca otorgados y entiendo que también estaba el dinero de la siguiente convocatoria", agregó la investigadora, quien además precisó que, tras la presentación, el BID "no dio lugar al reclamo". Lo hizo el 21 de febrero, dos días después de la presentación de la RAICYT.
En aquella ocasión, la Oficina de Integridad Institucional (OII) del BID respondió que no encontraron "evidencias indicativas de prácticas prohibidas de acuerdo a las normativas establecidas" por el organismo de financiamiento.
"Ante la negativa del pedido de acceso a la información pública para conocer el destino de esos fondos y otros vinculados a proyectos de ciencia y tecnología, se decidió judicializarlo", explicó Leonardi.
Un fallo del juez Alejo Ramos Padilla emitido en junio de este año instó al Gobierno a brindar en un plazo de 15 días "toda la información pública existente sobre lo requerido". La sentencia fue apelada por el Gobierno y ahora resta saber si la Justicia dará lugar a la apelación.
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