Aborto legal en la Argentina: el número de interrupciones se mantiene estable y desarma el relato de la derecha

Más allá de las declaraciones y las adhesiones, lo más concreto de estos ataques tiene que ver con el ajuste que están sufriendo las prácticas y políticas consagradas por la ley que regula el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada el 30 de diciembre de 2020.

Más de cinco años después, el informe anual El reto de sostener el aborto legal en Argentina, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto con Ibis Reproductive Health, a través de la iniciativa Proyecto Mirar, revela que entre 2023 y 2026 el gasto del programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación cayó un 57%.

Las provincias sostienen el aborto legal

Según el relevamiento, durante 2025 se registraron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sistema público de salud de 20 provincias. La cifra no muestra cambios significativos respecto de 2024 en las mismas jurisdicciones y contrasta con las más de 300.000 que consensuaban investigaciones oficiales y no gubernamentales como promedio para los años anteriores a la aprobación de la ley.

Según explicó Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del CEDES y CONICET: "Que se hayan realizado más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público, en 20 provincias argentinas, similar a lo observado el año anterior es un buen indicador”, y agregó: "Frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra de mifepristona y misoprostol, el acceso se mantiene con mucho esfuerzo en 13 provincias que lo sostienen con presupuesto propio”.

El documento CEDES, reúne información oficial obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública, estadísticas sanitarias y relevamientos de organizaciones de la sociedad civil. Una de las principales conclusiones es que la continuidad de los servicios depende, en buena medida, de las capacidades de los sistemas sanitarios provinciales.

La disminución presupuestaria tuvo consecuencias sobre la compra de anticonceptivos y otros insumos. Según las estimaciones presentadas, la cantidad de mujeres cubiertas por métodos anticonceptivos pasó de más de 1,2 millones en 2024 a una proyección de apenas 63.000 para 2026. Esto representa una caída del 93% en ese indicador de cobertura.

Los efectos de la retirada del Estado

El informe también calcula que la reducción de la provisión pública podría traducirse en 840.000 mujeres menos protegidas frente a embarazos no intencionales y 240.000 embarazos no intencionales adicionales. A partir de un modelo de estimación de impacto sanitario, proyecta además 112.000 abortos que podrían haberse evitado, 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales evitables.

En el caso de los insumos para la interrupción del embarazo, el Ministerio de Salud de la Nación discontinuó las compras destinadas a sostener los servicios. Frente a esa decisión, 13 provincias mantuvieron el acceso mediante presupuestos propios, aunque con capacidades y resultados diferentes. El reporte señala que esta reorganización desplaza responsabilidades hacia las administraciones provinciales y puede profundizar las desigualdades territoriales.

Las jurisdicciones con mayores recursos o con programas sanitarios consolidados tienen más posibilidades de sostener las prestaciones, mientras que otras enfrentan mayores dificultades para garantizar la disponibilidad de medicamentos y la continuidad de la atención.

En Salta, por ejemplo, uno de los monitoreos citados encontró que el 65% de los casos relevados correspondía a personas que no sabían cómo acceder a un aborto seguro y legal. El informe también señala que durante 2024 y 2025 el Estado nacional no realizó campañas de difusión sobre la interrupción del embarazo ni sobre la línea 0800 Salud Sexual.

Las experiencias provinciales con profesionales

Aun en este contexto de retrocesos y ajuste, no todo son malas noticias. Entre las experiencias provinciales analizadas, el informe destaca la ampliación de las funciones de las profesionales obstétricas en Mendoza. La medida permitió incorporar nuevos prestadores a la red de atención y extender la disponibilidad de servicios, especialmente en áreas rurales y semiurbanas.

La provincia actualizó en octubre de 2024 su normativa profesional para habilitar la prescripción de medicamentos utilizados en la interrupción del embarazo. De acuerdo con el reporte, la cantidad de obstétricas dispuestas a prescribirlos pasó de 15 antes de la modificación a 26 dos meses después y llegó a 55 durante 2025.

Ese año, las profesionales obstétricas realizaron el 47% de las interrupciones registradas en Mendoza, según los datos incluidos en el documento. La experiencia muestra cómo la reorganización de los equipos de salud puede contribuir a ampliar la oferta de atención cuando existen capacitación, medicamentos disponibles y mecanismos de seguimiento.

Además de Mendoza, Neuquén, Jujuy, San Luis y la provincia de Buenos Aires avanzaron en la ampliación de las tareas de las obstétricas vinculadas con la interrupción del embarazo.

Finalmente, otro dato alentador es que, en contexto en el que la mortalidad materna aumentó un 37% respecto de 2023 (pasó de 3,2 a 4,4 muertes por cada 10.000), la evolución de las muertes maternas por aborto, sin embargo, presenta características diferentes: el número de defunciones se mantuvo estable durante los últimos años.