Movilidad jubilatoria: qué hará Javier Milei tras la aprobación del Congreso

Semanas atrás, la Casa Rosada había enviado al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, para defender el "déficit cero" que promueven Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Los funcionarios postularon que aceptaban el 8,1% pero no harían lugar al resto de los puntos. No obstante, la propuesta del 8,1% también fue condicionada por los emisarios del Poder Ejecutivo al sostener que no sería de forma retroactiva a enero, mes en el que las jubilaciones subieron 12,5% frente al 20,6% que fue la inflación, sino al mes siguiente de la promulgación de la ley.

Horas antes de la aprobación de la ley por parte del Senado, Milei retuiteó una publicación de su subsecretario de Prensa, Javier Lanari, quien advirtió que "el equilibrio fiscal es la columna vertebral del plan económico".

"Todo lo que ataque eso se va a vetar. El "costo político" no lo va a pagar el que avisó que lo iba a vetar. Lo van a pagar los degenerados fiscales...", señaló Lanari en su mensaje, que fue republicado por Milei.

En caso de que el Presidente decida avanzar con el veto de la ley, que podrá ser parcial o total, tanto el Senado como la Cámara de Diputados tendrán la posibilidad de rechazarlo. Para eso, se necesitan dos tercios en ambas cámaras.

El Senado ya demostró que cuenta con ese número, dado que la ley se aprobó por dos tercios (61 afirmativos, 8 negativos y 0 abstenciones). En Diputados, la media sanción también salió con dos tercios (160 votos positivos, 72 rechazos y 8 abstenciones).

Los principales cambios de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria

Además del aumento de 8,1% y el cambio en la fórmula de actualización, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50% de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del IPC del año anterior.

A su vez, dispone que la ANSES "garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09".

También instruye a ese organismo a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales "no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley".

Su aplicación significará un gasto del 0,43%, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).